Terminaron las campañas. Continúa la compra de votos.

Llegó la veda electoral.

Estaremos medianamente protegidos del bombardeo fútil e insano de propaganda.

Los millones de spots de los que fuimos víctimas, por fin, cesaron.

Estos anuncios poco informaron y mucho hastiaron.

También descansaremos de las difamaciones, calumnias, noticias engañosas, mentiras y manejo de las instituciones que formaron parte de la diatriba entre candidatos, candidatas, representantes y gente contratada por los políticos.

Por lo menos no los veremos ni escucharemos en los espacios regulados por ley.

Sin embargo, inicia uno de los momentos más delicados del proceso.

Son días donde recursos ilegales pudieran llegar a la contienda.

Las transferencias bancarias se intensifican.

El cash (como diría Zedillo) fluye silencioso entre el barullo cotidiano de las urbes.

Como en la mayoría de los casos, la impunidad es regla.

Mucho se intuye, casi nada se conoce y comprueba.

Las denuncias en redes se acumulan. Mientras las instituciones de procuración de justicia hacen honor a la ineficacia, voluntaria e involuntaria, que las caracteriza.

Hay realidades aferradas a la parálisis, pero otras luchan por quebrar el mutismo.

El excelente reportaje sobre las 400 Empresas Fantasma de Veracruz, que abrió la cloaca duartista, exhibió la magnitud del iceberg ante el cual estamos parados.

Una pequeña parte de la punta es ASISMEX. A través de la cual se tejió una trama de financiamiento paralelo. Se usaron 18.4 millones para el pago de representantes de casilla de todos los partidos en 2012. Resulta que esa compañía está ligada a la red fantasmal del gobierno de Javidú.

Razones para pensar que en estos momentos nuestros impuestos están siendo desviados, mal empleados y despilfarrados, sobran.

Faltan fiscalías autónomas que lleven a cabo las pesquisas.

Esta semana, la policía de la Ciudad de México decomisó 20 millones de pesos en efectivo. Los conductores de la camioneta que los trasportaba señalaron que no conocían el contenido, que a ellos nada más les ordenaron llevarlo al CEN del PRI.

El documento de entrega de Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores SA de CV, de donde salieron los fajos, indica como destino final Avenida Insurgentes Norte, número 59, Buenavista. Es decir, la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

¿Se trató de un “pitazo? ¿Un “cuatro”? ¿Una práctica común, previa a la jornada del 1 de julio? ¿Cuánto más circula en estos momentos en el territorio nacional? ¿De dónde provienen esos billetes? ¿Quién los recibiría? ¿Quiénes eran los destinatarios finales?

Difícilmente lo sabremos.

El Revolucionario Institucional no tardó en sacar un comunicado donde se deslindó.

Como tampoco tardó en aparecer la Procuraduría General de la República.

Los choferes fueron interceptados a unas cuadras del CEN del PRI. Y acabaron en la PGR, es decir, en el Ejecutivo Federal… del PRI. Ya salieron libres.

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