¡Aguas con las letras chiquitas del nuevo acuerdo comercial!

05/10/2018
12:05
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Conforme los especialistas revisan los 34 capítulos que conforman el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (EUMCA o USMCA en sus casi impronunciables siglas tanto en español como en inglés), saltan a la vista temas que nos ponen en desventaja o que de plano nos laceran.

Empecemos con uno que pega directamente en la salud. El artículo 20-F-14, relativo a la propiedad intelectual, amplía de cinco a diez años la vigencia de los llamados biomedicamentos, que son ahora los más indicados para tratar enfermedades como el cáncer. Su precio es muy elevado, por la investigación que hay detrás de ellos, protegida precisamente por las patentes. Extender su vigencia limita la posibilidad de que en ese lapso puedan ser producidos, por farmacéuticas mexicanas para ofrecerlas a precios más accesibles.

Los grandes laboratorios transnacionales han encontrado aquí los mecanismos de alargar esas patentes por todos los medios aun cumplida su vigencia. El EUMCA, entonces, protege monopolios, extiende el plazo de resguardo de patentes, aumenta precios de los medicamentos biológicos y bioquímicos, afecta a la industria farmacéutica nacional y lacera la salud de los mexicanos.

Otro asunto que nos es desfavorable parece estar en el artículo 32.10, numerales del 1 al 15. Advierte que si una de las tres partes negocia un acuerdo comercial con una economía que no es de mercado, debe informar a las otras dos que está en tales tratos con tres meses de antelación para que den su visto bueno. Si no conviene a los intereses de esas otras dos partes, la que incurra en tal negociación quedará dada de baja. En el mundo solo hay tres economías que no son de mercado: Cuba, Corea del Norte y China. No hace falta ser muy perspicaz para caer en la cuenta de que la restricción está directamente enfocada a posibles acuerdos comerciales con China. ¿Querrá esto decir que por obligación contractual tendremos que seguir poniendo todos los huevos en la misma canasta?

Uno más está en el artículo 23-A: El acuerdo no entrará en vigor si México no modifica su ley laboral en relación con el trabajo infantil. Es más, exige la abolición del trabajo infantil. Nuestras leyes consideran que después de los 15 años ya no es trabajo. El EUMCA no especifica ese límite. ¿Se dejó asentado que así es?

El acuerdo también compromete a los tres países a la libertad de asociación y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Y explicita el llamado dumping laboral: si una empresa de México, por ejemplo, vende a EU o a Canadá una mercancía que es resultado de trabajo infantil o que no cumple con las condiciones laborales pactadas, será demandada.

Las anteriores precisiones, además de la relativa a la protección de trabajadores migrantes (ya con personalidad jurídica al ser reconocidos por las leyes laborales de los tres países), sin duda son favorables para los trabajadores mexicanos. La pregunta es: ¿nuestro Congreso ya está preparado para reformar la ley laboral en un tiempo tan breve como el último día de noviembre, cuando se estima que el EUMCA sería firmado?

Y un punto más de los muchos que deberá estudiar el Senado antes de la aprobación está en el artículo 31, relativo a la solución de controversias. Ese fue el punto que marcó las mayores diferencias entre EU y Canadá, y sus términos se refieren exclusivamente a esos dos países. ¿Por qué no está México en este capítulo?

La revisión de estos puntos la hizo quien esto escribe orientado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM que coordina el maestro José Ignacio Martínez Cortés. Se consultó directamente en la página de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos que presenta el acuerdo en un formato jurídico, pues el documento que el domingo pasado entregó al Senado mexicano el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, es solo un resumen ejecutivo que trae más interpretaciones que el articulado exacto.

El acuerdo es de tal complejidad que el Senado debería estar ya dedicado a su análisis en tiempo completo. Pero no con foros de consulta que no obligan a la presencia de los senadores, ni solo en trabajo de las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores encabezadas por el panista Gustavo Madero y el morenista Héctor Vasconcelos. Deberían estar ya en audiencias públicas como ocurre desde el lunes pasado en el vecino del norte.

Si una eventual firma del acuerdo está prevista para el 28 o 29 de noviembre, el Senado tendría que convocar hoy mismo a esas audiencias públicas, pues solo le quedan 17 días hábiles para llegar a esa fecha.

El acuerdo Transpacífico (TTP) fue avalado por el Senado en cuatro días. ¿Irán a cometer la misma barbaridad con el EUMCA?

Instantánea

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malasis podría estar metida en un tema de nepotismo e influyentismo. Su hermano Rafael trabajaba en el Tribunal desde antes que ella llegara a presidirlo en 2016. Tenía una plaza de profesional operativo con sueldo mensual de 25 mil pesos y se le favoreció para duplicar su ingreso como secretario particular del magistrado regional Carlos Silva Adaya. Aún más: María Cecilia Sánchez Barreiro, secretaria de acuerdo de la magistrada Otálora, ha promovido a su padre en el Tribunal Electoral. Él, Francisco Javier Barreiro Perera, ya trabajaba en el TEPJF pero durante 2016 y 2017 no desempeñó ningún cargo en 2016 y 2017, y reingresó hasta 2018 como asesor de Janine Otálora. Todo esto se corrobora en los directorios que aparecen en la página de transparencia del Tribunal Electoral.

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Toda su vida profesional la ha dedicado al periodismo. Hace poco más de 40 años empezó como "hueso" (mensajero) en El Sol de México. Se enamoró desde entonces de las redacciones.

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