Andrés Manuel López Obrador está acabándose más rápido de lo previsto el bono democrático que le dieron los mercados tras su triunfo electoral del 1 de julio. Aún le faltan 37 días para asumir la Presidencia de México y los bancos de inversión, las calificadoras y los empresarios ya ven con temor algunas decisiones de gobierno que podrían generar un espiral negativo para las finanzas públicas y la economía del país.
Tres temas dominan la preocupación de los inversionistas: la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco; la amenaza de dejar de exportar e importar crudo, construir una refinería de petróleo y enterrar la reforma energética; y el paquete económico en el cual trabaja el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
Los tres temores están interconectados y su mayor riesgo –que por ahora no se ve en el corto plazo– es que México pierda el grado de inversión, con lo cual habría, en automático, una fuga masiva de capitales del país.
La decisión que podría comenzar a darle forma a ese escenario negativo se tomará este fin de semana con la consulta pública que mandó a hacer el presidente electo para definir si se mantiene la construcción del aeropuerto en Texcoco o se opta por ampliar la base militar de Santa Lucía.
Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cancelar la construcción de la obra en Texcoco costará 100 mil millones de pesos a su gobierno, lo mismo que, dice, se ahorraría si el “pueblo sabio” vota por la opción de Santa Lucía.
No obstante, ni el presidente electo ni su equipo económico-financiero han dicho cómo calcularon esa cifra. En cambio, el grupo financiero BBVA Bancomer –el más grande del país– puso a seis de sus principales analistas a estimarlo objetivamente. La suma de lo que realmente tendría que pagar duplica el costo que calculó el equipo de AMLO: serán 200 mil millones de pesos, casi 1% del Producto Interno Bruto de México.
De acuerdo con un estudio privado que envió el grupo financiero que preside Jaime Serra Puche a sus principales inversionistas, el gobierno de López Obrador deberá pagar 5.5 mil millones de dólares a los tenedores de bonos, 930 millones de dólares de un crédito bancario y 4 mil millones de dólares como cuota de cancelación. En total, suman 10 mil 480 millones de dólares, es decir, unos 200 mil millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que es falso que cancelar el aeropuerto de Texcoco generará una crisis financiera o desequilibrios económicos. Por un lado, dijo que los bonos están respaldados por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que pagan los usuarios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que así seguirá. Sin embargo, lo que no dijo es que también están respaldados por el futuro aeropuerto de Texcoco y, más importante, que si el gobierno mexicano deja de tener el control del mismo –como lo ha propuesto al plantear la opción de la concesión– automáticamente tendrá que acelerar el pago de la deuda, es decir los 200 mil millones de pesos.
Si dicho escenario sucede, hay dos formas en las que el futuro gobierno podría hacer frente a sus obligaciones financieras. Por un lado, reduciendo el gasto de inversión en otros programas, de manera que no se aumente el déficit fiscal ni la deuda pública, como lo ha prometido.
Por otro lado, está la opción de aumentar el déficit fiscal en 0.88% del PIB –lo que representan los 200 mil millones de dólares– llevándolo a un 2.9%; esto aumentaría la deuda soberana de México en cerca de 0.4%.
El daño reputacional de cancelar el proyecto presionaría las calificaciones crediticias del país y, consecuentemente, aumentaría la prima de riesgo que paga el gobierno.
Todo esto podría ponerse peor si, una vez que asuma el gobierno, Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo sus planes de frenar la exportación e importación de crudo, así como invertir en una nueva refinería y echar a andar otros proyectos que requerirán grandes recursos del presupuesto federal, como el Tren Maya, pero que serán poco rentables.
Podría ser el principio del final de un gobierno que apenas comienza. Ojalá que no sea así.
Respuesta de Ebrard. En la columna pasada dimos a conocer un pleito legal por la concesión de un negocio de mil 800 millones de pesos para la operación de los espacios de estacionamiento de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda), lo cual, expusimos, tiene enfrentadas a empresas afines a los ex jefes de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard.
Al respecto, el próximo canciller mexicano nos hizo llegar una carta en la cual refiere que “durante su gestión como jefe de Gobierno, Ceda se llevó a cabo con apego a la ley”. Dijo no tener relación con la administración de la misma tras haber dejar su cargo y negó que alguna empresa haya sido beneficiada a través de él o su familia durante su gestión en la CDMX o que tenga injerencia en los órganos de justicia de la capital mexicana.
AMLO ha dicho que cancelar la construcción
del NAIM en Texcoco costará 100 mil mdp.
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