Durante la campaña y en el periodo de transición, Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de “leerle la cartilla” a la élite empresarial del país. Trae la espina clavada por todo lo que fue su relación con ellos en el pasado, pese a que asegura no ser rencoroso. El miércoles, tras los sobresaltos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, mandó un mensaje tajante a quienes lo quieran escuchar: “Ya se hizo un cambio en el país, hay que notificarles a algunos que ya es otro México. Yo traigo un mandato de los mexicanos: quieren que se destierre la corrupción y la impunidad".
Bajo esta lógica, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una oportunidad imperdible para enviar tres señales: que la corrupción, en su versión “capitalismo de cuates”, se acabó (aunque eso está por verse); que la relación entre el gobierno y la iniciativa privada será diferente (de ese nuevo mecanismo van a darles cuenta Alfonso Romo y Carlos Urzúa en las próximas reuniones); y que los mercados financieros no dictarán sus políticas ni acciones de gobierno (con todos los riesgos que implica plantarle cara a los inversionistas globales).
La nueva relación del poder político con el económico tendrá su primera prueba de fuego en las próximas semanas, cuando se entregue al Congreso el paquete económico 2019, elaborado por el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y los subsecretarios Arturo Herrera y Gerardo Esquivel.
Por lo pronto, en un video publicado ayer, el presidente electo dio detalles de cómo vendrá el paquete económico, con lo cual busca distensar la relación con los mercados tras el octubre negro. López Obrador aseguró que se mantendrá el superávit fiscal primario, se destinarán 725 mil millones de pesos para cubrir el costo del servicio de la deuda, se entregarán 703 mil millones a estados y municipios, se etiquetarán 36 mil millones para el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, se canalizará 1 billón 252 mil millones al gasto corriente y otros 928 mil millones al pago de pensiones. Estos rubros, dijo AMLO, son los gastos fijos del presupuesto y no se van a tocar.
Donde sí habrá una reasignación de recursos es en el gasto social. Para la pensión mensual de adultos mayores se destinarán 120 mil millones de pesos; a los discapacitados de bajos recursos se les entregarán 12 mil millones; el programa de becas para los estudiantes de nivel básico contará con 35 mil millones de presupuesto y los 4 millones de estudiantes de preparatoria y 300 mil universitarios recibirán 2 mil 400 pesos mensuales.
El rubro del presupuesto 2019 que volverá a generar una lucha de fuerzas entre el gobierno y la iniciativa privada es el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, mediante el cual Andrés Manuel López Obrador planea capacitar a 2 millones de jóvenes, quienes recibirán 3 mil 600 pesos mensuales.
Se ha dicho que las empresas ocuparán a 70 por ciento de los jóvenes, mientras que el sector público y el social atraerán a 30 por ciento restante. El problema es que no hay claridad sobre varios aspectos con los que tendrán que lidiar las compañías, como si las prestaciones de ley van a correr por su cuenta, si después del año tendrán que contratarlos o pagarles un finiquito, cuáles van a ser los parámetros para evaluar su desempeño y si habrá presión por parte del gobierno para adherirse al programa.
La nueva relación gobierno-iniciativa privada también generará una lucha de poder entre los actuales líderes empresariales y los que surjan de la mano del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los grandes empresarios involucrados en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, como Carlos Slim, Carlos Hank, Hipólito Gerard, Bernardo Quintana, David Martínez y Olegario Vázquez, serán los primeros en saber si el cambio de señales les favorecerá, o si su suerte será parecida a la de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, a quien López Obrador ya le pidió personalmente que no se meta al Tren Maya.
A Eduardo Tricio, principal accionista de Aeroméxico y Grupo Lala, ya le metió una zancadilla con la cancelación de Texcoco. ¿Cuál va a ser la suerte del resto de los multimillonarios mexicanos?
Alberto Baillères, el rey de la plata y uno de sus críticos; José Antonio Fernández, el presidente del poderoso grupo FEMSA, también un ferviente crítico; Ricardo Salinas, quien será muy vigilado por su relación con Esteban Moctezuma; María Asunción Aramburuzabala, una empresaria afín a AMLO, pero en desacuerdo con muchas de sus políticas; ¿cómo va a ser la relación con la familia Alemán, los Beckmann, los Servitje, los Del Valle, los Bours?; y con sus villanos favoritos: Roberto Hernández, Claudio X. González y el Grupo de los 10 de Monterrey.
¿Al final, los empresarios se alinearán con el nuevo presidente de México o buscarán ser un contrapeso crítico de sus propuestas, como los son en Estados Unidos? La nula reacción de los principales hombres y mujeres de negocios del país (no me refiero a los representantes del CCE, la Coparmex o el CMN…) ante la cancelación del aeropuerto en Texcoco hace pensar que será la primera.
Posdata. El gran riesgo para AMLO y base de electores es que todo termine como aquella frase que se le atribuye al escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su novela El Gatopardo: “Que todo cambie para que todo siga igual”.
***Ilustración: Andrés Manuel López Obrador.
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