Los proyectos insignia de Andrés Manuel López Obrador se están complicando. Como si se tratara de un mal augurio para la Cuarta Transformación, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y más recientemente la termoeléctrica de Morelos enfrentan serias dificultades para su desarrollo. Ya sea por la falta de estudios de impacto ambiental, derechos de paso o resistencias sociales, las obras que prometió en campaña podrían terminar haciendo agua si el Presidente no se empeña en realizarlas a cualquier costo.
 
El Tren Maya, un proyecto turístico que conectará cinco estados del sureste del país a través de mil 525 kilómetros de vías férreas, tiene más que un problema de impacto ambiental: la resistencia de los ejidatarios. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al menos 253 kilómetros están en riesgo de realizarse por un adeudo de hace 50 años que tiene el gobierno con los propietarios de esas tierras.
 
“O nos pagan lo justo y lo que nos corresponde por ley, o no hay tren”, es la consigna de al menos once ejidos de Quintana Roo, uno de los estados más importantes del proyecto del Tren Maya, pues es donde se estima que sí será rentable, no así en otras entidades como Chiapas, Campeche y Tabasco.
 
Luego de que organizaciones ambientalistas criticaran el proyecto y analistas financieros cuestionaran su viabilidad económica, el Fonatur, que está a cargo de la obra, dio a conocer esta semana que será el Instituto Politécnico Nacional el encargado de realizar los estudios de factibilidad e impacto ambiental, lo cual le pone un gran peso encima a los ingenieros de esta institución que se mantiene con recursos públicos.
 
Una suerte similar va a enfrentar el megaproyecto de la termoeléctrica en la Huexca, al cual se oponen pobladores de Morelos, Puebla y Tlaxcala integrados en el Frente en Defensa de la Tierra, el Aire y Agua, quienes aseguran que su puesta en marcha ocasionará desabasto de agua y afectará la calidad del líquido.
 

El Presidente decidió reactivar este proyecto que data de hace más de diez años porque se requiere para la generación energía eléctrica para el Valle de México. Incluso, la semana pasada criticó a los opositores y los llamó de "extrema izquierda". "Son conservadores", dijo en un evento en Cuautla.
 
Ahí aseguró que aunque haya gritos y sombrerazos, se hará una consulta pública el 23 y 24 de febrero para decidir si se instala la termoeléctrica. Los dichos del presidente y la consulta están en duda luego de que el miércoles en la madrugada fue asesinado Samir Flores, uno de los principales activistas en contra de la termoeléctrica.
Y por si fuera poco, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, también enfrenta su propia crisis. Desde finales del año pasado comenzó un lío legal porque Pemex, a cargo de Octavio Romero, contrató a un grupo de empresas para preparar el terreno para la construcción.
 
Una de las empresas (presumiblemente Sistemas Empresariales del Golfo) procedió a desmontar el terreno y taló más de 300 hectáreas de árboles sin la Manifestación de Impacto Ambiental. La Semarnat, de Josefa González Blanco, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, realizó una investigación para deslindar responsabilidades. Se esperaba que la dependencia dejara pasar el asunto, por ser uno de los proyectos prioritarios del Presidente, pero finalmente multó a la compañía con 14 millones de pesos.
 
Además de la multa, la empresa fue obligada a aplicar diversas medidas de mitigación. No obstante, un tercero interesado, Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) –quien presentó la denuncia contra las empresas– podría echarle a perder todo a la dependencia que encabeza González Blanco, pues tras haber sido incorporado al proceso legal –con acceso a la carpeta de investigación–, habría revelado información.
 
Ante esto, los abogados de la empresa multada presentarán hoy una denuncia por violación al debido proceso, con lo que la única multa que el nuevo gobierno ha impuesto se podría invalidar y, adicionalmente, Tabasco se quedaría sin su programa de mitigación por la tala de 300 hectáreas de árboles.
 
La trayectoria del ambientalista Gustavo Alanís tiene otras irregularidades. Como director de Cemda fue uno de los principales opositores al aeropuerto de Texcoco en el sexenio de Vicente Fox, pero luego, a título personal, se convirtió en promotor del nuevo aeropuerto del gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias a que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le asignó un contrato correspondiente a una asesoría ambiental por alrededor de un millón de pesos.
 
El Presidente está a prueba con tres de sus proyectos insignia que podrían no ser.
 
¿CORRUPCIÓN EN IMSS TAMAULIPAS?
 
En donde se le podría venir un problema al IMSS, de Germán Martínez, es en la delegación de Tamaulipas, cortesía de Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez, jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales, pues pretende otorgar la licitación “Grupo 372 para la adquisición de tóner incluido en el grupo de material de uso en equipo de cómputo, para el ejercicio 2019” de manera exprés, argumentando su actuar en el Artículo 41 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 
Fue el 20 de febrero cuando lanzó la petición para realizar la investigación de mercado número PC-050GYR018-E76-2019 y los interesados tienen hasta hoy, 22 de febrero, para presentar la cotización, además de que se sabe que está dirigida a un proveedor ya conocido por este funcionario. La pregunta es si el delegado en Tamaulipas, Fernando López Gómez, estará enterado del tema. En el sector aseguran que no.

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