Cuando llegue la hora de los balances tras la batalla por la Presidencia de la República, es muy probable que la derrota sufrida la semana pasada por Ricardo Anaya ante el tribunal federal electoral sea registrada como una señal ominosa de que algo podrido amenazaba ya desde adentro con descarrilar la carrera del candidato de la coalición PAN-PRD-MC.

Malas cuentas deben estar rindiendo ahora los asesores de Anaya en el campo jurídico, notablemente su más importante operador, Santiago Creel, quien como secretario de Gobernación de Vicente Fox (2000-2005) tejió una red de intereses para usufructo personal, con especial énfasis en dos frentes: jueces y magistrados a los que ayudó a conquistar sus puestos, y múltiples negocios construidos a la par de sus tareas políticas, legislativas y gubernamentales.

Creel perfeccionó esa plataforma como representante de Acción Nacional en el “Pacto por México” que impulsó en sus inicios la administración Peña Nieto. El avance de cada de una de las reformas que de ahí surgieron estuvo aceitado con prebendas y privilegios para los protagonistas del proceso. Todo ese activo lo ha puesto al servicio de sus jefes sucesivos, primero Gustavo Madero, al que luego traicionó, luego Anaya.

Cada día crecen los reportes sobre negocios del señor Creel al amparo de la política, muchos de ellos manejados por su hijo, Santiago Creel Garza Ríos, los que van desde empresas de empeño, de préstamos sobre nóminas (con contratos gubernamentales), hasta extraños y muy cercanos nexos con el sector de los casinos, ámbito al que el dirigente panista autorizó numerosos permisos durante su gestión en Gobernación.

Pero todo el poder de Creel y toda la arrogancia de Anaya no pudieron impedir que el pasado miércoles los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtieran una resolución surgida en el Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, que respaldó a Anaya en su decisión de utilizar los tiempos del Estado en medios electrónicos para desatar una campaña en contra del diario EL UNIVERSAL, el cual había dado cabida a múltiples señalamientos cada vez más extendidos, sobre el patrimonio personal del abanderado del Frente.

El TEPJF tomó distancia de la actitud pusilánime de los consejeros del INE y sentenció, por unanimidad (), que los spots de Anaya vulneran convenios internacionales suscritos por México en materia de libertad de expresión.

El precedente es relevante, pues la apuesta de Anaya y Creel, dentro y fuera de Acción Nacional, ha sido correr sobre el resbaladizo filo de una navaja. Han sabido siempre que cualquier error o caída pueden tener efectos desastrosos: primero, perder la contienda por Los Pinos; después, ser aplastados por sus adversarios internos, en la persona de Felipe Calderón o de Rafael Moreno Valle, en espera de un revés para retomar el control de la franquicia panista, una de las más sólidas del país.

Atrás del arrojo de Anaya, que se apoderó de la candidatura presidencial en el PAN y acorraló a Margarita Zavala hasta hacerla renunciar, puede identificarse la mano de Santiago Creel, lo mismo que en la cercanía de un menguante grupo de gobernadores panistas, en particular Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California.

Hay indicios adicionales de que la mancuerna Anaya-Creel se está agotando. El más relevante es la llegada a la coordinación de la campaña del político queretano de Jorge Castañeda, activista político, ligado durante años a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, y rival declarado de Creel desde que ambos fueron los dos personajes más fuertes en el gabinete de Fox, el primero como canciller.

Hombre de poder, el ascenso de Castañeda deberá construirse sobre el debilitamiento de Creel, con efectos impredecibles sobre el resultado de tan singular cóctel. Ya se verá.

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