La investigación emprendida por la nueva administración sobre los presuntos responsables de diseñar y ejecutar una campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones del año pasado tiene aún muchas sorpresas que dar.

En esta columna dimos a conocer que además del Consejo Mexicano de Negocios, la agencia de relaciones públicas Zimat y los productores e ideólogos de la serie Populismo en América Latina, Alejandro Quintero y Javier García Mata, están en la mira personajes como Alejandra Lagunes, hoy senadora del PRI, y Alejandra Sota, consultora en la campaña de José Antonio Meade.

Otro dato importante es que el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), insertada en la Secretaría de Hacienda a cargo de Carlos Urzúa, firmaron un convenio marco de colaboración para este tema, el primero en su tipo.

A los sabuesos del INE les interesa el mecanismo utilizado para comprar, ilegalmente, la publicidad en radio y televisión, así como el financiamiento paralelo de campañas políticas, mientras que a los pupilos de Santiago Nieto, de la UIF, les interesa el lavado de dinero, el uso de recursos públicos y la defraudación fiscal de varias personas y en cantidades exorbitantes.

Fue un golpe de suerte –dicen en Hacienda, aunque se presume que más bien se trata de un testigo colaborador– lo que permitió a las autoridades federales encontrar una computadora en las oficinas de Grupo TV Promo, la firma de Alejandro Quintero, con información sobre pagos facturados y no facturados de varios proyectos, en particular de uno llamado “Proyecto Lechuga”.

En estos archivos, de los cuales nada se ha dado a conocer públicamente, hay registros de pagos en efectivo que se habrían hecho a diferentes personas, desde políticos, empresarios y publirrelacionistas. Así, aunque el jueves y viernes se notificó la incautación de documentos en cajas de las oficinas de Grupo TV Promo, para cuando se realizó la rueda de prensa en Palacio Nacional, las autoridades federales llevaban semanas obteniendo información comprometedora.

Otro tema que tiene perplejos a los investigadores federales es que habrían encontrado indicios de que Grupo TV Promo ha sido asesorado en este tema por un ministro en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posdata. El denominado “Proyecto Lechuga” es más que relevante para poder obtener las pruebas que permitan llevar a juicio a los probables responsables. Pero así como este hay varios proyectos con sobrenombre que incluyen nombres, fechas y números de cuenta con los pagos que se hicieron para posicionar la campaña negra contra AMLO. También hay registro de todos los que lo financiaron. ¿Cómo dieron con esto los sabuesos de Santiago Nieto? Todo apunta a un testigo colaborador, un insider.
AMLO y Ricardo Salinas. La única seguridad que los empresarios tienen de su relación con el gobierno de la Cuarta Transformación es que “nada es seguro”; las decisiones, acuerdos o alianzas con Andrés Manuel López Obrador pueden cambiar en un instante y, sobre todo, al calor de un discurso político y de una estrategia enfocada a proteger la imagen del líder ante el “pueblo bueno”.

Así lo constató Ricardo Salinas Pliego el pasado 3 de marzo, cuando en visita oficial a Baja California Sur, el Presidente anunció en evento público que el proyecto de mina a cielo abierto denominado Los Cardones quedaría cancelado; éste por decisión unilateral y sin la consulta pública que el propio AMLO había ofrecido en septiembre del año pasado.

El sacrificio al proyecto de Grupo Salinas fue resultado de una serie de recomendaciones del equipo cercano a Presidencia, el cual, por primera vez, vio vulnerable ante la opinión pública al titular del Ejecutivo luego de lo ocurrido hace unas semanas en Huexca, Morelos, con una consulta que, según los propios colaboradores, no debió haberse corrido porque “no existían las condiciones para validarla”.

La aprobación de la termoeléctrica en la zona centro del país habría marcado finalmente el destino de la mina operada por Desarrollos Zapal SA de CV; pues, aún sin definición del gobierno de una ruta legal para la cancelación de los permisos de uso de suelo, Andrés Manuel ha empeñado su palabra y credibilidad para poner fin a ese negocio.

El anuncio deja en vilo una inversión en el proyecto que ronda los 3 mil millones de pesos, ejercidos por la canadiense Invecture Group y por su socia en este caso Frontera Mining Company, empresas que, desde finales del sexenio de Felipe Calderón, adoptaron un proyecto que la también canadiense Gold Corp había abortado por las dificultades para operar en las cercanías de una zona considerada como reserva ecológica por la UNESCO.

La relación de la familia Salinas con Invecture Group fue documentada por los mismos activistas opositores a Los Cardones, pues si bien el propietario de TV Azteca no mostraba en aquel momento participación directa en las operaciones de la canadiense, los vínculos se hicieron más que evidentes con los contratos de energía que la minera otorgó a Grupo Dragón, el brazo energético de Salinas Pliego.

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