El gobierno de México ha asumido su triunfo en las urnas como un cheque en blanco para erosionar o desmantelar buena parte de lo construido por sus predecesores, sin importar el valor objetivo de los proyectos en cuestión. El presidente López Obrador parece mirar con la misma sospecha reformas estructurales, obras de infraestructura, dependencias gubernamentales, órganos autónomos y sistemas de apoyo a comunidades en riesgo. Da igual: si la idea viene de antes, hay que borrarla o reducirla.
Esa desconfianza se ha extendido al andamiaje de la difusión turística del país en el extranjero y, mucho más importante todavía, a programas para protección de los mexicanos en el exterior. La víctima más reciente de la reestructura (un eufemismo, porque para reestructurar primero hay que tener una idea clara de con qué se sustituye a lo que se elimina) es el “Programa Paisano”, el sistema de asistencia y orientación a migrantes mexicanos que viajan a México o regresan al país desde Estados Unidos.
Desde hace treinta años, el programa ayuda año con año con información indispensable a cientos de miles de personas. Desde Los Ángeles, Chicago y Houston, las tres representaciones del programa cubren casi cuarenta entidades de Estados Unidos. Las oficinas ayudan en una larga lista de trámites y atienden decenas de miles de dudas y preocupaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que generalmente desconoce sus derechos y prerrogativas en ambos países. El programa también edita una guía, valiosa herramienta de difusión de casi un centenar de páginas (hasta el año pasado: la guía ahora se ha visto reducida a la mitad) que se distribuye en Estados Unidos a través de la red consular y, hasta hace poco, en las oficinas del INM. Además de contar con información de interés general, la guía sirve como directorio de recursos y manual para evitarse problemas en México durante su ingreso, estancia y salida de territorio nacional. Explica cómo transitar por el país, importar mercancías y vehículos, además de dar a conocer apoyos para menores que viajan sin sus padres y un largo etcétera. El programa también ayuda a la comunidad mexicana a aprender a navegar la compleja vida del migrante en Estados Unidos en asuntos diversos, desde la posibilidad de encontrarse en problemas migratorios (incluida la amenaza creciente de la deportación), la realización de transferencias monetarias o la repatriación de restos para quienes han perdido a un ser querido.
Hace un par de semanas, el Instituto Nacional de Migración (INM) removió de sus cargos a los representantes en Estados Unidos y congeló el programa de asistencia, al que piensa reestructurar próximamente. Así, sin mayores detalles. Nadie les explicó a los encargados las razones de su salida, más allá del trámite estrictamente necesario para retirarlos. Como se está volviendo costumbre en estas destituciones, el nuevo gobierno de México no ha ofrecido asistencia alguna a las personas despedidas para su repatriación adecuada.
“La falta de agradecimiento o reconocimiento son valores que están ajenos en esta administración que habla de un cambio”, me dijo una de las funcionarias cesadas.
Ese maltrato es, por supuesto, inadmisible. Pero las consecuencias inmediatas de la cancelación del programa lo son todavía más.
En el tiempo que dure la supuesta reestructura, la comunidad mexicana perderá certeza en el proceso de visita o retorno a México. Sin la información necesaria que proveían las representaciones mediante personal especializado, es previsible el incremento de la zozobra del que es, de por sí, un proceso complicado, y en el caso del retorno, doloroso. La gente que viaja a México sin conocer sus derechos y obligaciones será extorsionada mas fácilmente. El cierre temporal y, peor todavía, la curva de aprendizaje respecto al desarrollo e implementación de nuevas normas traerá como daño colateral una mayor percepción de orfandad, ya de por sí presente en muchos de los mexicanos en Estados Unidos.
¿Cómo explicar lo que ha ocurrido con el “Programa Paisano”? Es posible que se trate de una medida de austeridad. Después de todo, el Instituto Nacional de Migración y otras entidades encargadas de la dinámica migratoria como la Comar, que atiende a los refugiados, sufrieron reducciones radicales de presupuesto. Una de las consecuencias ha sido que el personal consular ha tenido que asumir aún más funciones. De acuerdo con Roberto Valdovinos, flamante director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así ocurrirá ahora con el programa paisano: será el “personal consular” quien ahora se encargue de esas labores, al menos mientras se anuncian detalles de la reestructuración. De ser así, la decisión es un error. La comunidad mexicana que vive fuera del páis, a la que el presidente López Obrador prometió proteger cuando visitó varias ciudades estadounidenses en campaña, no merece tacañerías. La red de empleados consulares necesita reforzarse y, contra lo que opina Valdovinos, su personal necesita especializarse, no asumir labores que desconoce y que implican una carga de trabajo inusitada y de enorme relevancia específica. Pretender lo contrario es no conocer los retos y limitaciones de las representaciones de México en el extranjero.
La otra posibilidad es que el gobierno tenga, en efecto, un proyecto alternativo para sustituir el exitoso “Programa Paisano”. “Tenemos una necesidad de hacer una nueva red y estrategia en todos nuestros vínculos en el exterior y dentro de México”, me dijo el viernes pasado Tonatiuh Guillén, Comisionado del INM. Guillén, un hombre serio, tiene todo el derecho de reformar todos los “vínculos” que decida, pero no a costa de la tranquilidad de millones de mexicanos en el extranjero, ni siquiera a corto plazo. Se ha dicho hasta el cansancio: la comunidad mexicana en Estados Unidos no admite improvisaciones ni politiquerías.
El “Programa Paisano”, con el aprendizaje acumulado desde hace tres décadas, cumplía una función indispensable. Como ha hecho con otros programas igualmente exitosos y dignos de preservación, el nuevo gobierno ha decidido darle un golpe en plena línea de flotación sin revelar por qué exactamente le parece necesario el desmantelamiento o qué planea hacer en el futuro con lo que queda. Demoler con buenas razones para construir algo mejor es una cosa. Hacerlo solo para detonar la dinamita sin tener claros los planes de lo que sigue es otra muy distinta. En esto, como en otras cosas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le queda a deber a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. De nuevo: eso no es lo que prometió a sus paisanos.
