El Partido Encuentro Social (PES) se alista a conocer su destino en el contexto de un convulso escenario para las autoridades electorales, tanto en el tribunal federal, que encabeza Felipe Fuentes, como en el instituto que conduce Lorenzo Córdova.
Se trata de un partido cuya presencia política se catapultó tras aliarse con Morena en las elecciones federales de 2018, lo que le conquistó en su cuarto año de vida una presencia insólita. Sin embargo, perdió su registro al no alcanzar formalmente el 3 por ciento de la votación total, de acuerdo con determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre pasado.
El tema cobró relevancia esta semana al filtrarse un anteproyecto de sentencia del magistrado del tribunal Felipe de la Mata, en respuesta a la demanda del PES bajo el argumento de que el recuento de votos para la alianza que encabezó Andrés Manuel López Obrador exhibió errores humanos que actuaron en contra de esa agrupación. Parte de los recursos fueron presentados en forma extemporánea, lo que debilitó aún su causa.
La filtración periodística es atribuida al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendría el cálculo de minar el apoyo a la propuesta de De la Mata, que deberá ser votada por el conjunto de los siete integrantes del pleno en una fecha no determinada aún.
La versión periodística de las razones esgrimidas por De la Mata obliga a un debate serio sobre el PES, que cuenta con un gobernador, 56 diputados federales, 8 senadores y fracciones parlamentarias en 19 congresos estatales. Se trata de una fuerza más amplia que, al menos en el campo legislativo, la del PRD, el PT, el Verde o Movimiento Ciudadano. Estos últimos, desde luego, gozan de un robusto registro electoral avalado por el INE y ratificado por el Tribunal.
La reflexión puede incluir que el texto constitucional establece el mínimo de 3 por ciento de la votación para garantizar presencia nacional, y si ese criterio no está ya saciado con las cifras arriba descritas.
No sobra aquí llamar la atención sobre la crítica que ha empezado a despertar la posibilidad de que una resolución del Tribunal “resucite” al PES para beneficiar a Morena y a López Obrador. La pregunta lógica es bajo qué modalidad Encuentro Social será un mayor partido satélite de Morena: sin registro ni recursos provenientes de las prerrogativas de ley, o con ambos. O en sentido contrario: bajo cuál estatus puede tener mayor autonomía relativa y ser un contrapeso cuando no coincida con López Obrador y sus políticas.
No debe dejarse fuera tampoco que el citado magistrado Rodríguez Mondragón ha formado mancuerna con su colega Janine Otálora, quien el 23 de enero renunció a la presidencia del organismo tras difundir entre sus homólogos, en los medios (como lo hizo su vocero, Julián Andrade, según múltiples testimonios) y ante casi cuanto aquel que la quiso escuchar, que fue sujeta de presiones por parte del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. De ser cierto, ello debió haberla llevado a conservarse en su puesto, por dignidad elemental.
La falta de firmeza de la señora Otálora se ha empezado a confirmar en la nueva gestión de Felipe Fuentes, que se encontró con desorden administrativo, una rebatinga de posiciones entre los magistrados del pleno y un lamentable caos en las tareas de las salas regionales del propio tribunal.
Todo ello nos debe llevar a la convicción de que quizá los temas electorales son demasiado importantes para abandonarlos a los apetitos de los santones del sector.
