El Congreso de la Unión y el equipo del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador acordaron un sensato lapso de espera para la entrada en funcionamiento de la nueva Fiscalía General, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

Sería saludable anunciar que ello no obedece a tiempos legislativos, sino a la convicción de que la iniciativa de ley reglamentaria que discuten ya ambas cámaras estuvo sujeta a un manoseo que dio lugar a un mazacote jurídico inaplicable, salvo que se desee incurrir en el viejo principio de que el remedio resultó peor que la enfermedad.

De acuerdo con legisladores y juristas consultados por este espacio, no estamos ante un problema menor ni será resuelto en unas cuantas semanas. Se prevé que el próximo sábado el nuevo gobierno designe a un encargado de despacho de la todavía PGR. El bloque cercano a Morena espera que el nuevo funcionario deba operar apenas lo que reste del actual periodo del Congreso; esto es, 15 días hábiles, pues antes de ello la nueva legislación quedará totalmente avalada.

Otra voces están llamando a no precipitar el proceso y emprender un ajuste a la iniciativa presentada, lo que por otro lado genera temores explicables de que con ello crezca el reclamo de enmendar nuevamente la Constitución para modificar de fondo un modelo de Fiscalía a la que todavía no se le da oportunidad de funcionar.

Una revisión seria de la iniciativa de ley reglamentaria, que ha sido esperada por años y que aparece como requisito constitucional para el arranque de la Fiscalía, ha llevado a concluir que las omisiones y ambigüedades que exhibe la propuesta actual harán que el nuevo fiscal navegue sin atribuciones debidamente normadas y una confusa estructura. Se teme que ello atraiga una nube de amparos contra el futuro organismo.

El antecedente inmediato en esta discusión lo representó la iniciativa de reformas a la ley de la administración pública federal. Sólo requirió un par de semanas de debate franco para darse cuenta de que se habían cometido errores crasos, al grado de que debió aplicarse un centenar de ajustes a lo recién enmendado.

La Comisión de Justicia de San Lázaro fue asignada a la diputada panista por Guanajuato, Pilar Ortega, quien ha propuesto llevar a cabo foros de consulta sobre esta iniciativa, planteamiento que parece tener poco futuro, pues está siendo interpretado por Morena como una maniobra dilatoria. Un debate podría descubrir en la iniciativa diversas huellas digitales de grupos de trabajo del nuevo gobierno, organismos de la sociedad civil y asesores del propio Congreso.

“Acabaron haciendo un rompecabezas, un juego de lego donde cada quien aportó una parte sin atender a los demás. El resultado es lamentable y peligroso”, confió un académico que ha dedicado décadas al estudio de la teoría jurídica.

Uno de los aspectos que más despierta inquietud en este debate es la baja calidad de las aportaciones realizadas por las agrupaciones de la sociedad civil, que están en permanente disputa por aportaciones internacionales, sin que ello esté acompañado de mayor especialización en el campo jurídico, ya no digamos de un ejercicio de transparencia sobre el monto de los ayudas financieras o en especie obtenidas. Ha llamado la atención a quienes siguen el rastro de estos apoyos el incremento registrado este año en los programas para México de la USAID, agencia del Departamento de Estado norteamericano. ¿Será que USAID está formada por ángeles desinteresados y ajenos a la agenda política binacional?

A juicio de los expertos consultados, una de las “novatadas” de la iniciativa de la ley reglamentaria de la futura Fiscalía, por intervención de alguna agrupación cívica, es la que en el capítulo III anuncia que será función del nuevo organismo “procurar la reparación del daño a las víctimas”, lo que dejaría de lado a todas las instancias con personalidad moral u organismos públicos, que en derecho no tienen rango de víctimas (personas físicas), sino de ofendidos.

Existe un consenso en el sentido de que es el momento de que la próxima secretaria de Gobernación, la ministra retirada Olga Sánchez Cordero, mande una señal que garantice que en este tema se está respetando el rigor jurídico y que la negociación política velará por el mejor modelo de Fiscalía para procurar justicia y abatir la impunidad.

APUNTES: El anuncio difundido ayer de que Gerardo Esquivel será propuesto como subgobernador del Banco de México abrió una interrogante que expresó con un tuit Jonathan Heat, quien se halla en la misma circunstancia: “Y ahora ¿quién será el subsecretario de Egresos en Hacienda?”. La versiones recogidas obligaban a mirar hacia Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, con indudable experiencia financiera pero a quien no le han pintado bien las cosas en el manejo de su agreste bancada.