La jornada electoral que está a la vista no sólo incluirá el mayor volumen de puestos en disputa en la historia, sino también el uso de cantidades descomunales de dinero por la vía de los partidos, de autoridades y otros actores, las mafias del crimen entre ellos.
El Instituto Nacional Electoral (INE), que conduce Lorenzo Córdova, montará 155 mil casillas electorales en todo el país, que serán atendidas por 700 mil ciudadanos, con diversas funciones, cifra que se duplica si se considera a sus suplentes, para llegar a un total de 1.4 millones de personas.
Datos aportados a este espacio estiman que el INE otorgará a cada funcionario titular 350 pesos para permanecer en su puesto durante una larga jornada, alimentarse y por la noche, trasladar los paquetes electorales a las sedes para ello designadas. Eso representará una erogación de más de 160 millones de pesos.
Son innumerables las denuncias documentadas que a lo largo de los años recientes describen maniobras de partidos políticos en conjunción con autoridades gubernamentales de diversos niveles, para controlar a esos funcionarios de casilla mediante un pago en efectivo estimado en 1,300 pesos, por cada uno. Si esto se extendiera a todo el país arrojaría una cifra superior a los 600 millones de pesos, que crecerá según el número de personas cooptadas.
Los propios partidos políticos, que en esta pesadilla de “billetazos” juegan ora el papel de víctimas, ora el de victimarios, están convocados a designar a un representante y un suplente por cada casilla, más un supervisor por cada 10 casillas, lo que supone un ejército de más de 320 mil personas, a las que hay que pagar cifras que oscilan según el grado de compromiso o la ambición económica de los participantes.
La profusión en el número de puestos a elegir, más la proyección en el número de electores, calculada ya en 70% del padrón, hará que esa la del primero de julio vaya a ser una larga noche, lo que someterá a todas las estructuras a una desgaste adicional y atraerá mayores apetitos por pagos debajo de la mesa.
De acuerdo con operadores experimentados consultados, tras el cierre de casillas se abre un mercado singular: la compra de las copias de actas de escrutinio. Hay que explicar que existe una acta original que da cuenta del recuento de votos, la cual se coloca dentro del paquete que reúne a todos los sufragios emitidos y que sólo puede ser abierto por una autoridad electoral.
Lo que ingresa a la ley de la oferta y la demanda son las copias que se generan de esas actas mediante papel calca. El escrutador debe empeñar su fuerza al escribir para asegurarse que las copias realmente se generen. La primera será más clara; la última, casi ilegible. Esas copias se entregan a los partidos según la antigüedad en su registro, el primero es el Partido de Acción Nacional; el último, Morena. El mercado paga más por las primeras copias (cuando el representante de partido no acude, o la vende), y menos por las últimas. En casillas clave una de esas copias puede cotizarse hasta en 10,000 pesos.
Históricamente, solamente el PRI ha sido capaz de registrar ante el INE a representantes en todas las casillas, pues echaba mano de los equipos de una muy extensa red de candidatos, lo mismo que de empleados gubernamentales y en especial, de jubilados y de profesores.
La nueva realidad política del país exhibe no únicamente a un PRI muy disminuido en su margen de maniobra para obligar a estos grupos a desempeñarse en las casillas, sino también la existencia de operadores muy desgastados, cada vez menos creíbles y con incentivos deteriorados ante la escasa posibilidad de una victoria generalizada en las urnas.
En contraste, los próximos comicios presenciarán una importante movilización de representantes de Morena, insólita para un partido virtualmente recién creado. Ello se apuntalará en grupos entusiasmados por la expectativa de triunfos electorales y el incentivo de ser enrolado en gobiernos surgidos de esos resultados.
Pero también, esto será posible gracias a que el partido que postula a Andrés Manuel López Obrador contará para su operación electoral con el apoyo de segmentos importantes de maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se mantienen leales a la ex dirigente Elba Esther Gordillo, actualmente bajo prisión domiciliaria.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que esos grupos magisteriales, sobre los que no tiene ya ningún control el dirigente formal del gremio, Juan Díaz, se hallan integrados en una entidad denominada “Redes Sociales Progresistas”, que han operado para el SNTE muchas elecciones, lo mismo de alcaldes que de presidentes de la República. Ese grupo es conducido actualmente por Rafael Ochoa Guzmán, ex líder nacional del sindicato y leal a la maestra Gordillo.
