12/04/2018
03:25
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La opinión es casi unánime: Jaime Rodríguez, El Bronco, regresó a la boleta electoral por razones políticas y no jurídicas. Cuatro magistrados le dieron el espaldarazo con argumentos cuestionables. 

Coincide que tres de ellos hayan sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a la sala superior del Tribunal Federal Electoral: José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso

El cuarto, Indalfer Infante, fue promovido a ese cargo por el entonces legislador Ricardo Monreal Ávila. 

Que hayan apoyado el reclamo del Bronco, que a su vez hayan sido apoyados por el PRI, y que sus razonamientos jurídicos sean tan endebles, son las tres variables que, juntas, producen desconfianza; sumado a que sólo José Antonio Meade, el candidato presidencial priísta, haya celebrado el regreso de este señor (ex priísta) a la cancha electoral. 

Tiene casco de bombero, manguera de bombero, botas de bombero, ¿será que en realidad es jardinero?

La sombra de sospecha que flota alrededor de este extraño proceder obliga a colocar una lupa potente y acuciosa sobre el comportamiento de tales magistrados, porque en sus manos está el poder para descarrilar, con decisiones tan desaseadas como la de esta semana, un proceso electoral que es crucial para el devenir mexicano. 

¿Quiénes son estas personas?

José Luis Vargas Valdez es un abogado del ITAM, que hizo estudios de posgrado en España y escribió una tesis cuyo paradójico título fue: El perfil del juez constitucional, análisis de las garantías de independencia e imparcialidad. 

Obligado está a preguntarse en estos días si su voto a favor del Bronco fue independiente e imparcial, porque una opinión pública extendida cree que podría no haber honrado esos principios. 
Vargas trabajó como asesor de Luis Carlos Ugalde en el IFE, cuando la polémica elección de 2006. Por recomendación de Alejandra Sota, (hoy asesora estrella del candidato priísta), laboró para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales (FEPADE).

Calderón lo echaría más tarde porque José Luis Vargas no dio entrada a las acusaciones que el PAN hizo sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. (La candidata panista a la gubernatura, Luisa María Calderón, era la hermana del mandatario).
Esa decisión terminó favoreciendo al priista Fausto Vallejo y, desde entonces, el tricolor le debió un favor grande que terminó pagándole cuando lo propuso, con elogios, para que fuera nombrado magistrado electoral. 

Otro perfil que merece atención es el de Felipe Fuentes Barrera, quien fue responsable de redactar el proyecto de resolución que premió al Bronco, a pesar del desastre y trapacería con que obtuvo las firmas ciudadanas. Antes de llegar al tribunal, Fuentes Barrera trabajó bajo las órdenes de Humberto Castillejos, ex consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y uno de los personajes más oscuros que haya tenido esta administración. 

El actual mandatario propuso primero a Fuentes, dentro de una terna de aspirantes, para ingresar a la Suprema Corte y, al no llegar a ese puesto, lo recompensó con un asiento en el Tribunal Electoral. Él es el autor material de la bronca que hoy padece ese órgano clave para la democracia. La tinta turbia escurre de la mano de Fuentes. 

Habría de preguntársele a este sujeto si todo o solo parte de su proyecto de resolución fue redactado en las oficinas del nefasto Castillejos. 

Por último, queda mencionar a Mónica Soto Fregoso, juez de carrera impulsada para el cargo en el Tribunal por Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priísta en el Senado. Su vínculo con el

PRI le viene de familia. El padre es funcionario de la actual administración y se trata de un hombre bien conectado con jerarcas de esa fuerza política. 

ZOOM: Que Vargas, Fuentes y Soto tengan vínculos tan evidentes con el único partido beneficiado por el regreso del Bronco a la boleta podría ser solo una mala coincidencia. Para despejar la duda, estos jueces habrían de respetar en sus próximas decisiones el mandato que la República les confirió, o de lo contrario seremos muchos quienes demandaremos su infausto comportamiento, por muchos años. 

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