Hace poco, el proyecto de Guardia Nacional parecía muerto. A mediados de agosto, Alfonso Durazo afirmó lo siguiente: “el objetivo de la Guardia Nacional era optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de todas las instancias vinculadas a la seguridad, pero estimamos una serie de modificaciones legales que en este momento no tiene sentido para nosotros impulsar, porque hay otras prioridades”.

Tres meses después, los cambios que no tenía sentido impulsar ya se están procesando en el Congreso. Lo que no era prioridad se puso en el centro de la agenda.

¿Qué generó el cambio? No ha habido una explicación muy detallada sobre el proceso y no se puede más que especular. Pero el discurso pronunciado el fin de semana pasado por Andrés Manuel López Obrador ante las Fuerzas Armadas ofrece algunas claves para entender la decisión.

Al referirse a los instrumentos con los que contaría para hacer frente a la crisis de seguridad, afirmó lo siguiente: “tiene más policías el gobierno de la Ciudad de México; en sus 3 o 4 corporaciones tiene 80 mil policías, mucho más que los 20 mil de los que dispone el presidente de la República”. En esa lógica, la creación de la Guardia Nacional, le permitiría contar con un estado de fuerza tres o cuatro veces mayor.

Dicho de otro modo, quiere reproducir su experiencia al frente del gobierno de la Ciudad de México, donde tenía una herramienta de intervención que podía hacerse sentir en el terreno rápidamente.

Esa voluntad de control se refleja en otros tramos del discurso. Por ejemplo, señaló como uno de los ejes de su política que “el presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, como comandante supremo, no delegue este asunto al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina”.

Mi lectura es que el presidente electo quiere tener el control directo sobre la política de seguridad. De allí su insistencia en las reuniones diarias y su decisión de contar con un instrumento con amplias capacidades de despliegue. La Policía Federal no le basta para ese propósito. Necesita a las Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública. Para ello, se volvió necesario resolver el problema de constitucionalidad que representa tener a militares haciendo labores de policía. El resultado: la Guardia Nacional

El impulso de López Obrador es comprensible, pero parte de un mal diagnóstico. Aún con la Guardia Nacional, no va a poder reproducir a escala nacional su experiencia en la Ciudad de México. Aún si se alcanzan las improbables metas de reclutamiento (50 mil elementos adicionales en tres años), la nueva corporación no va a tener más de un elemento por mil habitantes. En la capital, hay 9 policías por cada mil habitantes.

Además, las dimensiones del problema que va a enfrentar son mucho mayores que las que afrontó como jefe de Gobierno. En promedio, se cometen 90 homicidios diarios en el país. En la Ciudad de México, entre 2000 y 2005, se cometían menos de tres al día. La incidencia delictiva en la capital no pasa del 10 por ciento del total nacional.

A todo lo anterior hay que añadirle un problema adicional: 95 por ciento de los delitos son del fuero común. Con o sin Guardia Nacional, hay que depender de lo que hagan o no hagan las fiscalías estatales.

Suponer que esa realidad compleja puede ser atendida personalmente por el Presidente de la República, haciendo acopio de fuerzas federales, desde un cuarto de guerra en la Ciudad de México es receta perfecta para la frustración. López Obrador puede acabar persiguiendo la pelota, atendiendo la atrocidad del día, perdiendo la perspectiva estratégica del problema.

Es decir, no va a tener control. Sólo la ilusión de control.

 

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@ahope71

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