La detención y liberación de Elba Esther Gordillo Morales envía un mensaje claro al próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador:

No habrá Cuarta Transformación sin Estado de Derecho.

No habrá procuración de justicia sin fiscalías capaces, honestas y autónomas.

No habrá impartición de justicia sin jueces, magistrados y ministros preparados, probos e independientes.

No habrá un buen gobierno sin un Presidente apto, honorable y respetuoso de la división de poderes.

A Elba Esther, Enrique Peña le aplicó el famoso quinazo. Llamarada de petate para legitimarse al inicio del sexenio. No para cortar de raíz el clientelismo, el abuso, el oprobioso enriquecimiento al amparo de la opacidad.

La Maestra es parte de los liderazgos sindicales cancerígenos del país. Que dañan procesos democráticos. Que han mostrado a través del tiempo imágenes tragicómicas con los excesos de Fidel Velázquez, Joaquín Gamboa Pascoe y tantos otros. Que permiten la obscena acumulación de bienes de quienes, portando las banderas de los trabajadores, se coluden con los poderosos en turno, gobernadores y empresarios.

Pero que ella sea una persona repudiada por la opinión pública y cuestionada, no borra la vileza con la que actuó la administración peñista.

La mantuvo encarcelada por razones políticas, no por cumplir con la ley.

Años en donde, sin acusación sólida por parte de la procuraduría de Murillo Karam (de acuerdo con la sentencia que hoy la absuelve) se enfermó, sufrió la pérdida de una hija y buscó espacios “de privilegio” durante su cautiverio: Primero en una celda, después en un hospital y por último bajo arraigo domiciliario en Polanco.

Carlos Romero Deschamps le sirvió a EPN en su reforma energética. Gordillo le estorbó en la educativa.

A Romero Deschamps la presente gestión no solo no lo tocó, sino que lo protegió con el fuero del Senado, como legislador priista. Y lo siguió premiando, poniéndole en bandeja de plata la caja de oro (y de pandora por abrir) que representa Pemex.

Los regímenes autoritarios que apresan (a inocentes o culpables) por razones políticas hacen prisionera a la justicia, ocultan la verdad.

Y a su paso dejan a procuradores, fiscales, jueces, magistrados y ministros enterrados en las profundidades de los intereses del todopoderoso Ejecutivo y del sistema de corrupción e impunidad en el que se desenvuelven.

Mal, por donde uno lo vea.

¿Será por ello que el miércoles, cuando recibió la Constancia de Mayoría, Andrés Manuel se comprometió a respetar a los otros poderes, a no someterlos?

“Actuaré con rectitud y con respeto… No habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas…”, les dijo.

A ver si es cierto. Habrá que recordárselo.

Y exigir lo mismo para el fiscal general.

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