Carlos Urzúa y el gremio de los banqueros están que derraman miel. El secretario se deshizo en elogios en su breve participación, cuando inauguró la 82 Convención Bancaria. Se dio tiempo para asegurar que no llegó a una reunión al mediodía porque no estaba convocado, pero comió con los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación de Bancos de México y “la pasaron muy bien”. “Aprendí mucho”, se sinceró el secretario. “Jamás los ofendería”, remató.

Y a juzgar por su intervención y la de su subsecretario Arturo Herrera, se pensaría que al sector bancario, ni con el pétalo de un rosa en la Cuarta Transformación… pero el hecho de que se haya decidido posponer la presentación de un nuevo acuerdo en materia de comisiones no significa que no las van a regular. Al revés: Hacienda ya envió al Senado una iniciativa de decreto para reformar y adicionar nuevas disposiciones a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

En resumen, lo que la iniciativa promueve son medidas para incrementar la transparencia de las operaciones y servicios de crédito, depósitos y pago; así como facilitar la movilidad de los clientes entre instituciones financieras e incrementar la competencia. “Con estas medidas se pretende que los usuarios obtengan servicios de acuerdo a sus necesidades y precios competitivos”, expone el documento privado que entregó al Senado Juan Pablo Graf, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de Hacienda.

Quien fue más puntual en cuanto a cómo el nuevo gobierno pretende acotar a los bancos en su intención voraz de maximizar sus márgenes a costa de los usuarios fue el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma, quien pese a notarse desencanchado de los eventos públicos —lucía visiblemente nervioso e incómodo—, lanzó varios dardos envenenados que no pasaron desapercibidos para los banqueros.

Uno de ellos, quizá el más relevante, fue que habló de una regulación diferenciada para el sector, es decir, que no se mida con el mismo rasero a los bancos grandes que a los medianos y pequeños. “Así podríamos ampliar de modo más efectivo la inclusión financiera y apoyar la actividad productiva de medianos, pequeños y microempresarios, donde existe un claro potencial de crecimiento”, dijo.

Y luego asestó: “Observamos índices de concentración que requieren atención. En otros casos, falta una mayor expansión, como ocurre con el segmento de la banca popular y la banca social que atienden sectores de la población sensibles y necesitados de servicios”.

Palma propuso una arquitectura sentada sobre las bases del crecimiento y la inclusión, la estabilidad e integridad del sistema, el desarrollo, la competencia, la diversificación y la innovación.

El nuevo titular de la CNBV tiene claro que la supervisión y regulación al sector financiero se debe aplicar de manera escrupulosa, porque es mucho lo que está en juego. En su discurso, Palma aparenta querer ser la antítesis de sus predecesores, quienes dejaban pasar todas las bolas, sin conectar ninguna, lo que en el lenguaje del deporte favorito del Presidente habría ameritado que corrieran al bateador del equipo.

Si bien Herrera, como Urzúa, elogió el rol de la banca en la estabilidad y crecimiento del país —y aseguró que el sistema financiero será uno de los motores económicos del nuevo gobierno—, también deslizó algunas frases que muy probablemente le escuchemos decir hoy a Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de clausura: “El desarrollo del sector bancario es un tema de justicia social”. Y para el Presidente la justicia social es todo. El tono de su mensaje de hoy marcará la pauta en la nueva relación entre los bancos y el gobierno. ¿Prolongará la luna de miel de Hacienda o favorecerá el discurso del regulador del sector?

El tren de la 4T. En el cuarto mes del gobierno de López Obrador, cada vez más gobernadores buscan, literalmente, subirse al tren de la Cuarta Transformación para asegurar la consecución de sus proyectos de inversión estratégicos. Y si tomamos en cuenta que la actual administración basa gran parte de su modelo de desarrollo económico en la construcción del Tren Maya, entonces la estrategia de conciliación deberá ser apostar por la industria ferroviaria.

Ejemplo de esto es el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, quien con la promesa de inaugurar este mismo año la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara, logró finalmente el respaldo del Presidente para asegurar los 4 mil 500 millones de pesos que requiere la obra.

En otro caso similar, la semana pasada el gobierno de Quintana Roo puso sobre la mesa de la SCT un plan para crear una red de trenes ligeros que comuniquen los puntos de mayor afluencia en aquel estado, iniciando en el centro turístico de Cancún.

Específicamente, en el documento presentado a la dependencia de Javier Jiménez Espriú, la Agencia de Proyectos Estratégicos quintanarroense propone sumar al Plan Nacional de Desarrollo el “Sistema de Tren Ligero Corredores Alimentadores”, que prevé una inversión superior a los 9 mil millones de pesos.

La primera vía, denominada 20 de Noviembre-Chac Mool-Huayacám-Aeropuerto, comprende 19 kilómetros de longitud y será el principal alimentador de pasajeros para la estación del Tren Maya que se ubicará en esa zona, misma que tendrá un costo aproximado de 2 mil 520 millones de pesos.

La segunda ruta, que con una inversión de 6 mil 630 millones conectará a la zona hotelera también con el aeropuerto, será de 50 kilómetros de distancia y tendrá capacidad para transportar a alrededor de 160 mil empleados del sector turístico y a 80 mil visitantes que llegan diariamente a la región.

La administración de Carlos Joaquín González contempla que el avance de las obras se haga de manera paralela al avance del Tren Maya, pues se pretende que sea un sistema integral que permita transportar carga y pasajeros de manera eficiente y moderna.

Finalmente, y aunque aún no se define el modelo de financiamiento, se analiza la posibilidad de que éste sea a través de una inversión mixta, donde 90% de los recursos los aporten los capitales privados y 10% de la obra provenga de recursos federales.