Aquella noche, el subdirector de la policía municipal de Cocula, César Nava, se hallaba inexplicablemente en Iguala. Más tarde alteró los registros oficiales para que su presencia en un municipio en el que no tenía mando alguno pareciera inocua.
Pero Nava llegó a Iguala vestido de uniforme, y a bordo de una patrulla de Cocula. Giró órdenes para que sus agentes apoyaran las acciones que los municipales de Iguala habían emprendido contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Incluso prestó auxilio a un alumno que tenía una crisis asmática, y lo trasladó a una ambulancia.
Poco después, cuando alumnos que viajaban en los autobuses 1531 y 1568 habían sido detenidos y subidos a diversas unidades policiacas, los agentes de Cocula recibieron la orden de volver a su municipio. En el camino, César Nava recibió una llamada que le obligó a cambiar de ruta, hacia la comandancia de Iguala, a la que habían sido llevados entre 15 y 20 alumnos que viajaban en el camión 1531.
Nava ingresó en las instalaciones y le dijo al oficial de barandilla: “Por orden de arriba me voy a llevar a los chavos”. Varios agentes vieron que los alumnos eran sacados en patrullas de Cocula e Iguala.
Según pruebas georreferenciales, el subdirector estuvo en Loma de Coyotes —el sitio en que los estudiantes fueron entregados a los miembros de Guerreros Unidos— a las 23:25, durante “las horas críticas”.
En su última recomendación sobre el caso Iguala, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye que Nava respondía al crimen organizado y recibía dinero de un líder criminal al que él mismo llamaba El Patrón. “Se comunica sospechosamente con una persona a quien le llama El Patrón para reportarle”, declaró un servidor público no involucrado en el caso.
De acuerdo con las pesquisas de la CNDH, la noche en que los alumnos desaparecieron, elementos de la Policía Federal, la ministerial del estado y varios municipios guerrerenses —Huitzuco y Tepecoacuilco, entre ellos— hicieron presencia en Iguala. Según lo vertido en el expediente del caso, todos supieron lo que estaba ocurriendo y todos acataron las instrucciones que alguien de arriba impartía: “Todos saben y entienden quién ha tomado las decisiones, todos subordinan así su voluntad a la de quien los determina”.
Tanto en Juan N. Álvarez y Periférico como en el Puente del Chipote, los dos sitios en los que los alumnos de Ayotzinapa fueron interceptados el 26 de septiembre de 2014, los agentes de municipios diversos obedecieron las instrucciones dictadas por El Patrón. “Nada más esperamos luz verde para matarlos, si no, ya los hubiéramos matado”, se le oyó decir a uno de los agresores.
La orden llegó finalmente: que los alumnos interceptados en el Puente del Chipote fueran llevados a Huitzuco, para que El Patrón decidiera su destino.
La CNDH plantea de ese modo que en la noche de Iguala existió una Segunda Ruta de Desaparición. Esa ruta no pasó por Loma de Coyotes, donde centró sus investigaciones la Procuraduría General de la República.
La revisión exhaustiva del expediente, que de acuerdo con la Comisión le permitió realizar “la mayor aproximación a la verdad que hasta hoy se tenga en el presente asunto”, indica que aquella noche las decisiones cruciales no fueron tomadas por el alcalde de Iguala José Luis Abarca, ni por ninguno de los sicarios de rango medio que condujeron la desaparición de los alumnos.
Tanto en el Puente del Chipote como en Juan N. Álvarez, se lee en la recomendación, las decisiones de traslado y entrega de los estudiantes al crimen organizado provinieron de una persona que se hallaba en Huitzuco, y a la que agentes de Huitzuco, en patrullas de Huitzuco, le llevaron a los estudiantes: “la persona a quien se nombra El Patrón”.
El registro de los sucesos “visibiliza el poder y el control que ejercía El Patrón sobre la organización, y las corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y federal”. Todo gira alrededor de la figura de El Patrón y del municipio de Huitzuco, informa la CNDH.
La recomendación sostiene que este misterioso personaje, al que rendían por igual criminales y autoridades, no es ninguno de los jefes de sicarios ni de los líderes señalados por la PGR. Era alguien capaz de movilizar sicarios y autoridades de varios municipios, de lograr la no intervención de policías federales, de contar con el consentimiento de un grupo de agentes estatales.
El presidente López Obrador firmó ayer el decreto que crea la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Desde el primer día hay pistas que llevan fuera de Iguala: datos que apuntan hacia un instigador primario, y hacia una Segunda Ruta de Desaparición.
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