Jaime López-Aranda es mi amigo. Con él, escribí un libro. Con él, reboto muchas ideas que a menudo aparecen en esta columna. Y es una de las mentes más lúcidas en la discusión nacional sobre seguridad y justicia.

Jaime acaba de publicar un gran artículo (). Decidió bajar de la nube a todos los que participan (participamos) en las campañas electorales y andan (andamos) prometiendo el oro y el moro.

En México, en materia de seguridad, nos recuerda Jaime, hay cuatro hechos simples e ineludibles que los candidatos y la candidata presidenciales harían bien en recordar. Los reproduzco como él los describe:

1. “Los delitos federales son un porcentaje ínfimo de los delitos que se denuncian y resultan en una investigación —que, a su vez, son un porcentaje ínfimo de los delitos que de hecho ocurren.”

2. “Una vez que lleguen a la Presidencia no tendrán suficientes policías federales, soldados y marinos para hacerse cargo de la seguridad de calle más que en un puñado de municipios a la vez.”

3. “Nunca habrá suficientes ministerios públicos y peritos para investigar más allá de una mínima fracción de los delitos que se cometen y, una vez que la Procuraduría General de la República dé paso a la fiscalía autónoma, ni siquiera podrán controlar lo que pasa con la investigación de delitos federales. Ya no se diga los del fuero común.”

4. “Quien decida tomar las cosas en sus manos estará absolviendo a gobernadores y presidentes municipales —que probablemente serán de oposición— de toda responsabilidad y culpa.”

Esos hechos no dependen del resultado electoral. No cambiarán si gana uno u otro u otra de los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República. No son negociables, no son eludibles. Son.

Y tienen una implicación obvia: el gobierno federal no va a resolver el problema de la seguridad pública. No va a pacificar nada o casi nada. No va a acabar con la delincuencia. No va a terminar con la violencia.

No por sí mismo, al menos. La solución está en el espacio estatal y local. El gobierno federal no puede sustituir a las autoridades de los estados y municipios. No puede microadministrar desde el centro la ubicación de cada policía o el destino de cada carpeta de investigación. Como mucho, puede tratar de forzar a los otros actores políticos a hacer la parte que les corresponde. Y, a lo mejor, quedarse con algunos tramos de responsabilidad que hoy le tocan a otras órdenes de gobierno. Pero no va a ser, a final de cuentas, el actor principal.

¿Qué significa eso en el contexto de un proceso electoral? Que hay que ser realista. Que no hay que prometer lo que ya se sabe que es imposible. Es cierto que las campañas no son seminarios académicos o concursos de cálculo burocrático. Se vale la hipérbole, se vale una dosis de crema en los tacos. Pero, como dice Jaime, “ganar la elección y perder la Presidencia” no parece buen negocio.

Cierro con el cierre de Jaime, porque es, creo, uno de los mejores consejos que se le han hecho a los candidatos y candidata en esta temporada electoral: “En fin, les propongo que al menos en lo que respecta a la seguridad pública, sean sensatos sin parecerlo. Ya habrá tiempo de sobra para afinar los detalles, se los aseguro”.

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