El jueves pasado, en sesión pública del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se aprobaron los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses que deberán llenar todos los servidores públicos de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno de México. La cronología es, a grandes rasgos, la siguiente:

-27 de mayo 2015, se publica la reforma constitucional en materia de anticorrupción.

-18 de julio 2016, se publican las leyes secundarias de la reforma constitucional, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas que ordena al Comité de Participación Ciudadana del SNA (CPC) proponer al Comité Coordinador (CC) los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses.

-8 de febrero 2017, se integra el CPC con 5 ciudadanos, una de ellas Jacqueline Peschard, quien los preside. A partir de entonces, se creó un grupo de trabajo interdisciplinario en el que participaron el Banco Mundial, funcionarios de miembros del CC (ASF, Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, INAI y CPC), sociedad civil y academia, con el fin de elaborar un proyecto de formatos.

-7 de febrero 2018, el CPC envió la propuesta de formatos al CC, este fue el último día de la presidencia de Peschard relevada por Mariclaire Acosta al día siguiente, quien seguirá a la cabeza del CPC hasta el 8 de febrero de 2019.

-22 de marzo 2018, el INAI remitió al CPC la opinión de sus áreas técnicas sobre los rubros que deberían ser considerados confidenciales dentro de la propuesta de los formatos.

- 29 de mayo de 2018, el CPC envió un oficio al alcance con la propuesta de normas para el llenado del formato, así como este último con algunas modificaciones.

-13 de septiembre de 2018, el CC aprobó los formatos como tal y votó algunas cuestiones específicas respecto a ellos, dentro de las cuales destaca la fecha de entrada en vigor. El INAI y el CPC votaron para que los formatos entren en vigor el 1 de diciembre de 2018, el resto de sus integrantes, el 30 de abril de 2019.

Lamentable votación, significa que los servidores públicos salientes y entrantes no utlizarán estos formatos para sus declaraciones de conclusión e inicio, respectivamente; sí, la libraron. Es cierto, los plazos para que los formatos se encuentren operables electrónicamente a fin de que todos los funcionarios los presenten ya estaban muy apretados, pero se dejó pasar el tiempo, vaya, se chicaneo el asunto y el CPC no supo presionar lo suficiente, se diluyó en el sinfín de eventos y temas de la agenda anticorrupción sin priorizar correctamente. Frente a esta situación caben dos posibles lecturas:

1. ¡Aplausos para el SNA! Qué bien que ya tenemos los formatos.

2. ¿Cómo es posible que se aprobaran los formatos un año 7 meses después de integrado el CPC, cuyo único mandato en ley en cuanto a productos entregables era este?

Obviamente me quedo con la segunda. Aplaudir la aprobación de los formatos resulta conformista, llegan tarde y en un momento de incertidumbre. Así no puede funcionar el SNA, incluido el CPC. Sí, es también una autocrítica. Era claro el conflicto de intereses que en este tema tienen algunos de sus miembros del CC, y en el CPC no supimos manejar los tiempos para que el resultado sea el que en realidad se esperaba en México: formatos nuevos para los servidores salientes y para los entrantes; y aunque, como bien lo expresóEduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en su cuenta de twitter: “Contar con estas declaraciones no resolverá los problemas de corrupción, son materia prima y no una política pública”, lo cierto es que el resultado de este hito nos debe hacer reflexionar sobre la funcionalidad del Sistema como está diseñado y como ha trabajado hasta ahora.

Por lo pronto ahí los formatos, ahí el costo político de sus actores, ahí un Sistema que ni siquiera es mencionado por la nueva administración en sus discursos anticorrupción, un Sistema que no ha terminado de integrarse y que su esperado primer producto fue muy a destiempo. Ahí la historia.

Presidenta de Observatel, profesora de
la Universidad Iberoamericana, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Este artículo refleja su
posición personal @soyirenelevy

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