La presentación de dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del bloque opositor en el Senado de la República, alcanzó a salvar, literalmente al cuarto para las 12, la revisión constitucional de esa legislación. Porque el fondo de este asunto, que podría declarar inconstitucional la reducción de salarios y la obligatoriedad del tope de 108 mil pesos que gana el Presidente, estuvo a punto de irse al limbo y de no ser analizado al romperse la mayoría de ministros de la Suprema Corte, con 4 votos que rechazaron discutir las impugnaciones contra la primera versión de la Ley de Remuneraciones, aprobada en diciembre de 2018 por la mayoría de Morena, y modificada después por el Congreso en casi 90 por ciento de su contenido en abril de 2019.

A pesar de los 7 votos de ministros que se pronunciaron a favor de discutir las primeras acciones de constitucionalidad y de no desecharlas por tratarse de recursos que cuestionaban una ley ya modificada, los 4 votos del ministro presidente Arturo Zaldívar, de Yasmín Esquivel Mossa, Norma Piña y Juan Luis González Alcántara, prácticamente anularon cualquier posibilidad de la que la Corte declara inconstitucional la mencinada ley con base en las anteriores impugnaciones; sin embargo, gracias a que el ministro Zaldívar alertó que no tenía caso discutir una acción de revisión que impugnaba una ley ya modificada casi en su totalidad, la oposición en el Senado y la CNDH se avisparon y el lunes, a las 11:47 de la noche, 13 minutos antes de que venciera el plazo, según los acuses de recibo, presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad que impugnan, ahora sí el contenido de la reforma del 12 de abril de 2019 que modificó casi completa la Ley de Remuneraciones.

Esos recursos de última hora permitirán que la verdadera discusión para saber si es o no constitucional que se imponga a otros poderes, como el Judicial y a los organismos autónomos como el INE o la propia CNDH, un tope salarial de 108 mil pesos, que es el sueldo del titular del Poder Ejecutivo, que además es fijado con criterios poco claros y sin parámetros específicos ni regulados, se traslade a dentro de 3 o 4 meses, cuando la ministra Yasmín Esquivel Mossa, designada recientemente a propuesta del presidente López Obrador, presente el proyecto sobre la constitucionalidad o no de la citada ley, a partir de la revisión de las nuevas controversias de la CNDH y del bloque de 66 senadores de las bancadas de oposición.

Así que por ahora seguirán discutiendo, ya sin posibilidades de declarar inconstitucionalidad, sólo una parte de las primeras controversias, en un ejercicio que, ya de antemano está destinado a no resolverse por la composición de 7 votos posibles a favor de la violación constitucional, contra 4 en contra, lo que significa que aún cuando el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que proponía desechar la primera versión de la Ley de Remuneraciones tuviera el mayor numero de votos, en ningún caso logrará la mayoría por los cuatro votos del que ya parece un bloque: Zaldívar-Esquivel-Piña y González Alcántara.

Tendrá que ser pues hasta la próxima discusión, la del proyecto que Yasmín Esquivel presente en unos meses, cuando se defina finalmente, y con base en las dos nuevas acciones presentadas la noche de este lunes, si la medida de haber disminuido los sueldos a todos los servidores públicos de los tres poderes y de los órganos autónomos, para colocarlos por debajo del sueldo del presidente López Obrador, tuvo o no sustento constitucional. Nos vamos, pues, a tiempos extra en este importante y trascendental debate para la política de austeridad obligada de la 4T.
 
NOTAS INDISCRETAS…Contaminada e insegura, así se percibe por estos días la Ciudad de México. Con balaceras a plena luz del día, lo mismo en pleno Periférico que en Polanco o en Tepito, y con una contingencia ambiental por la mala calidad del aire acumulada en los últimos cinco días y que enferma y amenaza a la salud de la población, la capital del país empieza a parecer un caos en el que la autoridad se ve rebasada, ya no sólo por una crisis de seguridad que, con todo y que fue heredada, no logra ser controlada o frenada por el actual gobierno, sino incluso ahora en temas en los que, se supone está la especialidad y experiencia de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que las cosas se le empiezan a complicar demasiado hasta en las áreas que para ella se pensaban fáciles. Tal vez la percepción de crisis de inseguridad y ambiental que enfrenta en estos momentos, con cuestionamientos cada vez más subidos de tono de los capitalinos, se deban a que, en vez de haberse concentrado desde el arranque de su gobierno o incluso antes, en los cuatro meses de transición a ver cómo enfrentaría frontalmente y con cambios de fondo esos dos problemas neurálgicos de la CDMX, que heredó en situación de desastre la administración de Miguel Angel Mancera, la doctora Sheinbaum prefirió dedicar estos casi 9 meses —entre el gobierno y la transición— a modificar logotipos, cromática y papelería oficiales, a cambiar la ruta del maratón y a diseñar sus fotomultas cívicas, por no hablar de sus sábados limpiando banquetas o pintando bardas. Ni hablar, las prioridades y la realidad la alcanzaron y hoy toca hacerles frente; antes de que ésta se convierta en una ciudad sin ley y sin oxígeno que respirar…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.