Pasada la elección, llega el momento de los dilemas de gobierno. Y en el tema de seguridad, Andrés Manuel López Obrador, casi presidente electo, enfrenta al menos tres:
1. Andrés Manuel López Obrador ha prometido reconstituir una Secretaría de Seguridad Pública, separada de la Secretaría de Gobernación y que sirva de cabeza de sector. Pero, al mismo tiempo, le ha encomendado a la probable titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tareas que claramente recaen en el ámbito de la seguridad: el diseño de una política de pacificación, la redacción, consulta y aprobación de una ley de amnistía, y la reorganización de los servicios de inteligencia. Además, salvo que haya una modificación legal, la secretaria de Gobernación va a presidir el gabinete en la materia. En resumen, el diseño inicial está apuntando a una conducción bicéfala de la política de seguridad. En terrenos burocráticos, eso es siempre receta para el conflicto ¿Cómo lo va a administrar López Obrador? ¿En qué dirección se va a inclinar? ¿Va a darle peso político a su secretario de Seguridad Pública a costa de su secretaria de Gobernación? ¿O viceversa?
2. AMLO se ha planteado como objetivo la reducción de la violencia (la pacificación, en el lenguaje de sus partidarios) en un plazo relativamente corto. Sin embargo, la mayoría de los instrumentos que ha propuesto surtirían efectos en el largo plazo. Crear una Guardia Nacional es una tarea que tomaría un sexenio entero. Diseñar, discutir y aprobar una ley de amnistía podría tardar no menos de un año. Instrumentarla puede comerse medio mandato. Y lo mismo sucede con los programas sociales que ha anunciado: desplegarlos toma tiempo y ver resultados aún más. López Obrador no se puede dar el lujo de esperar a que maduren esos proyectos: a partir de la toma de posesión, va a tener algo más de 24 meses para dar resultados. Si para inicios de 2021 no hay una mejoría palpable en las condiciones de seguridad, la probabilidad de un descalabro electoral será significativa. Entonces, AMLO va a tener que operar con lo que hay, al tiempo en que intenta cambiarlo. Tarea nada fácil ¿Cómo se ajustarán las fuerzas armadas a la idea de un cuerpo paralelo? ¿Cómo responderá la Policía Federal?
3. López Obrador tiene que obligar a los gobernadores a asumir su responsabilidad, sin generar un polo de oposición en los estados. Los gobiernos estatales saben que, si las cosas se complican en materia de seguridad, el gobierno federal vendrá al rescate. Y si las autoridades estatales no le entran al problema, los recursos federales no alcanzan. Esos hechos básicos no se modifican sólo porque cambie la filiación partidista del Presidente de la República. Para modificar esa lógica, López Obrador tendría que poner límites a las intervenciones federales y redistribuir los costos de los operativos. Sin embargo, eso implicaría antagonizar a un grupo no trivial de gobernadores del PRI, PAN y MC, que podrían convertirse en un frente de resistencia a su gobierno. En consecuencia, la administración López Obrador va a tener que caminar por una delgada línea en la relación con los gobiernos estatales, presionando para obligarlos a asumir sus responsabilidades, pero sin romper la cuerda. No luce fácil ese acto de equilibrismo.
No hay soluciones mágicas a estos dilemas. AMLO va a tener costos, haga lo que haga. Pero una manera de mitigarlos es la transparencia: ser franco en el diagnóstico, exponer claramente las restricciones que se enfrentan y detallar lo que piensa hacer. De otro modo, el peso de las expectativas incumplidas podría caerle encima más rápido de lo que imagina.
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