Después del anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la cancelación definitiva de Texcoco, los mercados reaccionaron: UBS, la Banca Suiza, considera que se pone en riesgo el Estado de Derecho del país y alerta de una posible reelección de AMLO vía consulta popular, Moody’s bajó la calificación de los bonos de la obra al grado basura, considerando con ello casi imposible su realización, las acciones de las aerolíneas y grupos aeroportuarios mexicanos se desplomaron, la Bolsa misma cayó en un día 4.2 por ciento, una de sus peores caídas en dos años, el dólar se cotiza ya en algunas casas en más de $20.50 y la confianza económica en general del país se ha puesto en entredicho. Fue un desastre de la mafia del poder, de los camajanes del dinero, de los corruptos o... de la realidad, da igual ya.

Viene algo peor, tiene mucha razón el gobierno electo cuando dice que no habrá pérdidas económicas por multas o indemnizaciones por la cancelación de la obra, la razón es simple: no van a pagarlas.

Un grupo internacional de abogados especializados en el tema han encendido los focos rojos ante una cláusula del contrato celebrado por los grupos empresariales y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

De acuerdo a los contratos de construcción, el GACM puede cancelar de manera anticipada cuando “existan razones de interés general”, la interpretación de esas “razones” es tan ambigua que les permitiría, sin muchos problemas, argumentar a la misma consulta popular como un motivo de peso.

Los contratos LPI-OP-DGCAGI-SC-071-16, LPI-OP-DGCAGI-SC-002-17, ITP-SRO-DCAGI-SC-015/2015, relativos a la construcción de pistas y terminales con las principales empresas constructoras contienen esta cláusula que, se especula, pudo haber sido un método de presión del gobierno de Peña Nieto para mantener en cintura a los empresarios ante posibles eventualidades o quejas durante el desarrollo del proyecto.

Haber accedido a firmar un contrato de este tamaño con dicha cláusula revela, señalan las fuentes, tanto una complicidad manifiesta con el gobierno de Peña Nieto como un elemento de soberbia ante la continuidad de la obra, descontando las consideraciones sobre el tema que gobiernos futuros podrían tener sobre la mesa al grado de, como vivimos hoy, terminar con el proyecto en su conjunto y de un plumazo.

Si bien el asunto podría llegar a ganarse en tribunales nacionales por el gobierno electo, la posibilidad latente de largos arbitrajes internacionales terminarán, independientemente del resultado, generando un clima de desconfianza ante la caída de la percepción de cumplimiento del país para sus compromisos contractuales.

¿Será esa la razón del silencio del presidente Peña Nieto ante el desmoronamiento de su proyecto insignia del sexenio?

Qué cosa tan más interesante, el contrato que firmaron los interesados en mantener Texcoco fue, justamente, la clave para cancelarlo.

DE COLOFÓN.— Francia no avala el proyecto aeroportuario del gobierno electo, su alta diplomacia ha evitado un conflicto de mayor escala. Lo único que hicieron, como lo hubieran hecho con cualquier país amigo, fue pasar un contacto para el estudio de Navblue, basado en el proyecto de Riobóo, para Santa Lucía.

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es…

 

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