El caso es que en el marco de la iniciativa “Ojos a la obra”, el organismo México Evalúa está ubicando graves deficiencias en materia de subcontrataciones y pagos.
Se da el caso, por ejemplo, que en una muestra de contratos que comprometen recursos por un total de 124 mil 582 millones de pesos, 84 por ciento del monto hasta agosto pasado, sólo en 27 por ciento de los concursos o licitaciones se adjudicaron los contratos con suficiente rivalidad, es decir, en un escenario en que se hubiese evaluado al menos cinco propuestas solventes.
En algunos casos sólo hubo evaluación integral a una sola oferta, lo que coloca el marco en el campo de las contrataciones directas.
Colocadas en la lupa tres obras emblemáticas: el aeropuerto de México, el Tren México–Toluca y el tristemente célebre Paso Express o libramiento de Cuernavaca, el común denominador es la falta de planeación.
En algunos casos ni siquiera se cuenta con un diseño previo suficientemente desarrollado, lo que provoca gastos innecesarios.
Así, sobre la marcha debieron realizarse trabajos adicionales en la barda perimetral de la terminal aérea o cambiar el trazo del ferrocarril de alta velocidad.
En el primer caso, el error de cálculo provocó que el costo de la obra, determinado en mil 547 millones de pesos, se elevara a 2 mil 900 millones.
El desfase en el tiempo de entrega además, fue de 300 días.
Desde otro ángulo, las licitaciones para el Nuevo Aeropuerto de México se prolongaron 75 por ciento más del tiempo programado. Una de ellas se desfasó 276 por ciento.
Al igual que en éste, los niveles de competencia para el tren México-Toluca fueron mínimos, incluso menores. El promedio fue de seis participantes por licitación, colocándose en el caso extremo siete procesos con sólo cuatro o menos ofertantes.
Ahora que en el caso del Paso-Express el escenario fue peor. La descalificación de licitantes llegó a 91 por ciento, lo que implicó elegir al principal contratista entre sólo dos de las empresas inscritas.
En todos los casos el organismo ubicó abuso de requisitos de participación, lo que le abrió, justo, el paso a la descalificación masiva en detrimento de obtener las mejores condiciones de contratación.
En alguna forma, pues, se diseñan trajes a la medida de uno o dos participantes.
Se critica además el que en la forma en que se evalúan las licitaciones predomine el precio más bajo, lo que no promueve las mejores condiciones de contratación en un marco en que el diseño incompleto de la obra obliga necesariamente a reprogramar los costos.
Naturalmente, en ese escenario el contratista cubre el déficit con materiales de mala calidad.
Y si le seguimos, en ninguno de los tres proyectos se hizo pública la información de estudios de mercado, de las subcontrataciones, de informes de supervisión y auditoría interna, lo que constituye información clave para la rendición de cuentas.
Aunque en el caso del NAIM sí hubo mayor flujo de este tipo de información, ésta no necesariamente llegó a la opinión pública.
La exigencia, en tal caso, en que lo que pareciera un caso atípico, sea integrado al marco como obligación de ley.
La burra no era arisca.
Balance general. Por aquellas cosas raras de la vida, tras que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señalara que se analizará la posibilidad de legalizar la siembra de amapola para fines científicos, la fracción priísta en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para el efecto.
A su vez, tras de que el político hablara de prohibir el esquema de fractura hidráulica, conocido como fracking para efecto de extracción de petróleo y gas asociado en yacimientos en proceso de extinción, la fracción panista en la propia Cámara Baja planteó una iniciativa para saltar del dicho al hecho.
La propuesta, bajo la firma del legislador Lenin Pérez Rivera, habla de que en Francia y Alemania está prohibida la práctica por la cantidad descomunal de agua que reclama.
Concretamente, se calcula que cada yacimiento requiere de entre nueve y 29 millones de litros del líquido.
Como usted sabe, los organismos empresariales, sector hacía el cual se inclina tradicionalmente el Partido Acción Nacional, se han opuesto a la veda, aduciendo la necesidad de gas del país.
El problema es que la acción, al mezclar químicos y arena en el proceso, atenta contra el equilibrio ambiental; además, naturalmente, está la posibilidad de despojar de agua a comunidades que reclaman insuficiencia.
La práctica, pues, se inscribe en el marco del capitalismo salvaje.
Transparencia. Calificado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como inútil y costoso, con salarios de 250 mil pesos para el pleno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales despertó de súbito de su letargo, reclamando transparencia en casos emblemáticos de corrupción.
Así, tras exigir a la Procuraduría General de la República transparentar los avances de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, ahora va sobre los contratos otorgados a una filial de la constructora brasileña, Braskem, para crear el complejo Etileno XXI.
Concretamente se apunta a las actas del Consejo de Administración de Pemex, en las cuales se da cuenta de la autorización de una serie de ventajas en materia de abasto de materia prima.
De entrada, el etileno requerido tendría un costo fijo y el suministro no podría disminuir de un monto determinado, bajo penalizaciones al calce.
El pacto se firmó por 20 años.
Al primer requerimiento realizado, Pemex negó los documentos alegando que se trataba de información confidencial que, según ello, forma parte de la “estrategia comercial” de la empresa productiva del Estado.
Nepotismo. Curioso que el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, haya ordenado una investigación sobre posibles prácticas de nepotismo en el Poder Judicial, cuando el año pasado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad había divulgado un estudio profuso al respecto.
Este fue realizado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, señalando, por ejemplo, que 51 por ciento de los jueces y magistrados tienen al menos un familiar en la estructura.
En el caso de Jalisco, el escenario alcanza a 72 por ciento de ellos, en tanto que en Nuevo León llega a 73 por ciento.
Colocación exitosa. Quien acaba de colocar en el mercado una emisión de Certificados Bursátiles Inmobiliarios por 2 mil millones de pesos es la empresa Alignmex Real Estate Capital, dirigida por Roberto Ordorica.
Estamos hablando de una administradora de fondos para ubicar soluciones habitacionales accesibles y de calidad.
Los recursos apuntan al desarrollo de vivienda en renta en la Ciudad de México.
Uno de los proyectos en que ha participado la emisora es Bosque Real.
