Pactados contratos de modernización con diversas empresas, los trabajos se han retrasado considerablemente. Así, las de Minatitlán y Ciudad Madero llevan 3.8 meses de desfase en la ruta crítica de entrega.

La primera está produciendo 120 millones de barriles diarios y la segunda 60 mil.

En el caso de la de Tula, pese a los contratos por vía directa entregados a la brasileña Odebrecht, su producción se encuentra a la mitad de la de hace dos años.

El gasto de modernización y reconfiguración ascendió a 150 mil millones de pesos, tres tantos más de lo que plantea invertir el nuevo gobierno para renovar las seis refinerías.

De hecho, la pretensión de Pemex, en el caso de la refinería de Tula, es tratar de amarrar un contrato de sociedad con algún particular al cinco para las 12 de la terminación del sexenio. La flecha apunta a la alemana Siemens.

En promedio, las seis refinerías existentes están operando a 40% de su capacidad instalada.

Al arribo del plan de choque en la empresa productiva del Estado, vía la llegada de José Antonio González Anaya a la dirección general, se determinó que las refinerías no eran negocio, lo que provocó su falta de mantenimiento y, desde luego, la compra compulsiva de gasolinas del exterior.

El cálculo hablaba de pérdidas por 100 mil millones de pesos anuales.

El escenario se arrastraba desde la presidencia de Felipe Calderón, cuando se canceló abruptamente el proyecto para abrir una nueva refinería en Tula, dejando colgado de la brocha al gobierno de Hidalgo que había invertido 5 mil 500 millones de pesos en acondicionar la cancha. Y como el petróleo es cada vez más escaso, de 3.4 millones de barriles diarios que producía Pemex en el primer lustro del nuevo milenio, hoy se llega a sólo 1.8, con la mira de llegar a 1.9 al final del sexenio.

Las reservas del país apenas darían para nueve años, frente a las 57, a que se había llegado al ocaso del Siglo XX.

El problema es que una buena parte del combustible es del tipo pesado, lo que dificulta su refinación y aun su venta en los mercados internacionales. De hecho, un segmento se remata a precios de ganga.

Justamente, la reconfiguración de las plantas apunta a dar pábulo a la posibilidad del crudo pesado, por ejemplo convirtiendo el combustible en coque de petróleo utilizado como alimento de los hornos por las empresas cementeras.

La posibilidad, pues, de equilibrar la importación de gasolinas, cuyo nivel llega a 70% del consumo, depende primero de incrementar la producción de crudo ligero.

Por lo pronto, la polémica se centra en si serían suficientes los 60 mil millones de pesos que plantea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para construir una nueva refinería.

Y por lo pronto, también, la calificadora de deuda Moody’s ha señalado que si los recursos para ésta y para la modernización de las seis refinerías existentes salieran de la empresa productiva del Estado se degradaría su calidad crediticia. El rompecabezas, pues, parece imposible.

Se comió la corrupción a Pemex.

Balance general. En la última y nos vamos de la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente del Congreso, se está exhortando a Petróleos Mexicanos a transparentar las deudas que mantiene con contratistas y proveedores, y de pasadita señalar el motivo de una multa que le impuso la Comisión Reguladora de Energía y explicar cómo está garantizando la calidad de las gasolinas.

Como recordará usted, hace dos años la empresa entró en crisis de pagos con un monto de facturas pendientes de 75 mil millones de pesos, en cuyo marco se pactó con Nacional Financiera un procedimiento de factoraje, es decir que el banco de desarrollo pagara las cuentas pendientes a cambio de una comisión.

El problema para los pequeños proveedores es que ésta merma aún más sus exiguas ganancias, por lo que la mayoría no se acogió al esquema.

En abuso de su condición de contratista única, lo tomas o lo dejas, como usted sabe, Pemex les bajó unilateralmente la renta pactada a las contratistas de plataformas marinas.

Flores otra vez. En la sospecha de que bajo el nuevo gobierno se endurecerán las reglas en materia de toma de nota a los líderes sindicales con procesos de elección oscuros, el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores está apresurando su reelección.

La idea es extender su mandato hasta 2024, lo que le daría una ruta de 29 años en la línea de mando.

El caso es que aunque el sindicato les cobra ilegalmente cuotas a los trabajadores jubilados con descuento directo vía nómina, hete aquí que éstos no tendrán derecho a voto en la asamblea que se prepara.

No es la tecnología. Aunque algunos señalan a los esquemas tecnológicos de Pemex para controlar el tráfico de sus ductos como el talón de Aquiles de cara a la actividad de los huachicoleros, en realidad el escenario es falaz. Estos han probado su eficacia.

El problema, como lo comentábamos ayer, es que la legislación actual es muy laxa. Pemex no tiene jurisdicción para intervenir directamente cuando detecta los robos.

Nada para nadie. Señalábamos el martes pasado en este espacio el extraño de que la Delegación Estatal del IMSS en Quintana Roo haya señalado en una junta de aclaraciones de los interesados en participar en una licitación para abasto de tóner que no sería motivo de exclusión el no exhibir previamente la mercancía.

El caso es que finalmente la licitación se declaró desierta, argumentándose que ninguno de los participantes cumplió cabalmente con los requisitos enlistados en la convocatoria.

El delegado es Flavio Carlos Rosado.

Cobran, sin culpa. La empresa de reaseguros THB México ya les pagó la póliza de riesgos cibernéticos a los bancos afectados por el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos del Banco de México conocido como SPEI, cuyo botín fue de 300 millones de pesos.

Sin embargo, aún no hay claridad sobre la investigación, en la sospecha de que el dinero se volcó en cuentas reales y que había complicidad en el interior de los bancos.

Los afectados, como recordará usted, fueron BanBajío, Banorte y CitiBanamex, aunque también se habla de Banjercito.

Ya cumplí. De acuerdo con el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, con una aportación de 2 mil millones de pesos cumplió ya las metas de remediación que le había exigido la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente tras el derrame tóxico de una de sus plantas que envenenó el río Bacanuchi, afluente del Sonora.

Sin embargo, las 14 comunidades aledañas se quejan aún de falta de atención médica frente a brotes en la piel, sarpullido o enfermedades gástricas.

Sin embargo, en abundancia, tampoco han sido indemnizadas satisfactoriamente por la muerte de animales y erosión de la tierra.