El último clavo en el ataúd del proyecto Texcoco para el nuevo aeropuerto internacional de México lo colocaron, paradójicamente, los inversionistas extranjeros que habían apostado a su financiamiento, al aceptar las condiciones de recompra o amortización de los papeles emitidos, aunque falta aún el sí de los adquiridos por nacionales vía Fibra E.

En los últimos días la presión llegó a plantear que ante la amenaza de una demanda internacional colectiva, el nuevo gobierno metería la reversa.

Hoy mismo se realizará la amortización de los bonos por un monto de mil 800 millones de dólares, de los seis mil millones emitidos.

Los recursos se extraen de la misma fuente, es decir parte de lo recaudado por las emisiones, depositado en un fideicomiso de Nacional Financiera.

Los papeles adquiridos por inversionistas nacionales, entre ellos los fondos de inversión de las administradoras, para el retiro Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI Banorte serán negociadas en las mismas condiciones.

Se mantiene la garantía del Derecho de Uso que pagan los usuarios de la terminal actual, y se agregan los relativos, la de Santa Lucía, que será construida por el Ejército, frente a quienes hablan de despojo a éste.

Al margen de la pérdida de confianza en el gobierno incipiente, el peligro era que, adquiridos los bonos por los llamados fondos buitre a precio castigado en los mercados secundarios, colocaran al país en un conflicto como el que en su momento desestabilizó al gobierno de Argentina.

La cotización de éstos se elevó al impacto de las dos ofertas colocadas en la mesa por la Secretaría de Hacienda. La primera hablaba de cubrir un costo nominal de 90 centavos por dólar, más un estímulo por cada papel de 5.25 billetes verdes.

Por lo pronto, las obras se mantendrán hasta que se llegue a un arreglo con el resto de los inversionistas y se formalice lo pactado con las firmas contratistas.

La bala pasó rozando.
 
Balance general
Aunque en el jaloneo final se plantea que se considera servidor público a todo aquél que reciba salarios pagados por el erario, se ve difícil incluir en la tabla rasa a los organismos autónomos y empresas productivas de Estado.

Así, en el papel, dado que queda la posibilidad de reducciones voluntarias, los funcionarios y empleados de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, los órganos reguladores en materia energética, las comisiones de telecomunicaciones y competencia, y el instituto de transparencia de la información pública podrían ganar más que el presidente.
 
Sigue la danza
En la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública de cara a presuntas irregularidades en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que encabeza Ovidio Noval, están apareciendo nuevos casos.

Así, el organismo le entregó un contrato a la firma Constructora Manzanillo por 154.3 millones de pesos para el reforzamiento de escolleras en el puerto, detectándose pagos por exceso de fabricación y colocación de estructuras por 1.7 millones, además de otros improcedentes en materia de suministro de piedra por 18.6 millones, omitir penalidades por 10.8 millones más.
Y aún hay más.
 
¡Fuera piratas!
Bajo su nueva administración, encabezada por Juan Lozano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acaba de ratificar su decisión de proteger a la empresa mexicana CROC, que produce, distribuye y comercializa productos de belleza.
Bajo la marca, sin contar con los derechos de uso, la firma estadounidense Turbo Ion vendía los productos, lo que le provocó hace dos años una multa de 2 millones 200 mil pesos.
Sin embargo, ésta insiste en piratear el sello.
La decisión del IMPI es aplicar la ley al extremo, en cuyo marco se impondría penas de dos a seis años de prisión a los infractores.
 
Cultura de competencia
Creado para resaltar la importancia de la libre competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica convocó a un concurso de trabajos periodísticos sobre el tema.

El primer lugar lo obtuvo una investigación avalada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, bajo el título de “El rey de los medidores”, con la firma de Thelma Gómez Durán.

El trabajo denuncia una supuesta simulación de la empresa IUSA, de Carlos Peralta, para hacerse de prácticamente todos los contratos de la Comisión Federal de Electricidad, vía la creación de una firma paralela manejada por un cuñado, que competía como si fuera ajena.

Ganando uno u otro, ganaba el mismo.

El segundo lugar lo obtuvo la misma instancia con un trabajo firmado por Raúl Olmos: “Capufe Leaks, contratos a la carta”, en cuya investigación se destapa una mafia en Caminos y Puentes Federales de Ingresos para favorecer a empresas “amigas”.

El problema es que la indagación para deslindar responsabilidades en uno y otro caso no ha concluido, sino que en el segundo está congelada.