Fue impertinente que AMLO reiterara con tanta frecuencia que no va a reelegirse. Lo dijo en incontables ocasiones como presidente electo. Y lo ha dicho una y otra vez como presidente constitucional. El tema ni venía ni viene al caso, pues está claramente proscrito de la Constitución. Era innecesario.

Puede entenderse que el presidente responda así a la interminable cantaleta entonada por sus adversarios políticos de que hará lo necesario para perpetuarse en el poder y convertirse en dictador. Pero también, de tanto decirlo, él mismo levantó sospechas de aviesas intenciones, por aquello de que explicación no pedida es culpabilidad manifiesta.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado con 329 votos (mayoría calificada) una reforma constitucional que flexibiliza los requisitos de la consulta popular y añade la posibilidad, por medio de ella, de revocar el mandato al presidente, los gobernadores y el jefe de Gobierno de la CDMX.

Desde las curules de los 153 diputados de oposición que votaron en contra salió la advertencia de que estábamos en la antesala de la reelección. Cuesta entender que consultar a la gente si un mandatario debe continuar o no en el gobierno es el camino hacia su reelección porque es en sí mismo contradictorio. Pero el PAN y el PRI, así como algunos grupos de la representación empresarial ondean esa bandera, acaso como legítima preocupación, pero también como estrategia para socavar al nuevo gobierno.

En cuanto a la consulta popular, la minuta aprobada por la Cámara de Diputados establece que: 1. No serán motivo de ella las restricciones a derechos humanos, los impuestos, el financiamiento público y el Presupuesto; 2. Pueden ser convocadas por el presidente, por 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras (165 diputados o 42 senadores); y ya no por el dos sino por el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (873 mil 961); y 3. El resultado será obligatorio con la mitad más uno de los votos, siempre y cuando participe ya no el equivalente a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal sino 25 por ciento (21 millones 849 mil 38).

En cuanto a la revocación de mandato establece que: 1. Podrá ser convocada por el propio mandatario, 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras y por al menos 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, unos dos millones 621 mil 884; 2. El proceso se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura y la votación se realizará (organizada por el INE) el mismo día de la jornada electoral federal de mitad de término; y 4. Para que el resultado sea obligatorio, deberá obtenerse la mayoría de votos, siempre y cuando participen 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal, unos 37 millones 580 mil ciudadanos.

Con algo de razón, pero con mucha paranoia, la oposición argumenta que, en esos términos, la figura de AMLO, sometida a la revocación, estaría presente en las elecciones federales intermedias y, con su popularidad inclinará la balanza a favor de los diputados de Morena, lo que podría darles una mayoría calificada que les permita, sin más, modificar la Constitución y eliminar la prohibición de que se reelija el presidente.

Ese temor opositor quedó conjurado con el compromiso público de no reelegirse firmado ayer por AMLO, de manera que solo quedaría pendiente corregir la inequidad de que la figura presidencial esté presente en las elecciones federales de medio término.
Esto bien podría hacerlo el Senado, donde el líder de la mayaría morenista, Ricardo Monreal, ya dijo estar abierto a someter la minuta a modificaciones. Y acaso, para despejar cualquier duda, no hacer concurrente la consulta revocatoria con la elección federal intermedia y, como ya se propone, explicitar la no modificabilidad del artículo 83 constitucional que prohíbe la reelección. No le vaya a ganar la tentación.

Instantáneas:

 

1. EMBAJADOR. El gobierno de Trump finalmente nombró embajador en México. Se trata de Christopher Landau, litigante estrella ante la Corte estadounidense del despacho Kirkland & Ellis, firma muy cercana a la Casa Blanca. Pero Landau, más que eso, es aliado del asesor presidencial Jared Kushner. ¿Qué quiere decir? Que el yerno de Trump seguirá en control de los hilos de la relación con nuestro país.

2. REGRESO A LAS AULAS. La alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz, participará hoy en el Congreso Nacional Universitario “Motor de México 2019” organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Marcará esto el regreso de los políticos a las aulas? Era práctica común y recíprocamente beneficiosa. La exdirigente nacional del PRI hablará de “movilidad”, ese dolor de cabeza de gobernantes y habitantes de las megalópolis.


raulrodriguezcortes.com.mx
@RaulRodriguezC

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