Detrás de los 82 días que dura ya la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, la más larga en la historia de esa universidad pública, hay varias circunstancias y actores. Junto a las demandas salariales de 20% de aumento del SITUAM y otros reclamos laborales del pliego petitorio, hay también intereses políticos y grupos vinculados a Morena y a personajes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador que aparecen lo mismo en la génesis del conflicto, en el estallamiento y en la radicalización de posiciones del sindicato.

El primer personaje de la 4T involucrado en el conflicto es el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, quien además de ser amigo personal del presidente, es profesor de la UAM Xochimilco. Quiso ser rector de la unidad y fue considerado en una quinteta que el Consejo de Xochimilco envió al rector Eduardo Peñalosa, pero este lo eliminó de la lista y solo consideró a tres, de los cuales el de menores méritos, Fernando de León, se convirtió en rector el pasado 8 de diciembre. Aunque Concheiro tenía mejores credenciales para ocupar el cargo, De León fue apoyado por la actual alcaldesa de Morena en Tlalpan, Patricia Aceves, quien según académicos de Xochimilco, consiguió 50 millones de pesos a cambio de apoyar al candidato del rector Peñalosa. Luciano se fue molesto por la maniobra y después fue nombrado subsecretario. Y desde ahí no ha movido un dedo para destrabar el conflicto en la UAM. ¿Por qué? Peñalosa y Luciano no se pueden ver.

Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es otro de los personajes. Desde la fundación del SITUAM ha sido su asesor jurídico y fue miembro activo del FAT (Frente Auténtico del Trabajo), al cual pertenecen también Bertha Luján, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena y madre de la secretaria, y Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario en la STPS; este es hijo del fundador de esta organización y fue abogado de la UACM. A ese grupo se le atribuye impulsar la demanda de 20%, similar a la promovida en la huelga de maquiladoras en Matamoros.

El FAT fue fundado en 1960 y tiene 8 mil afiliados en todo el país, que se mueven en una red nacional similar a los Servidores de la Nación, de Morena. Hoy su objetivo es refundar el sindicalismo, para lo cual han establecido alianzas con el senador Napoleón Gómez Urrutia, cuyos nexos en los sindicatos de Estados Unidos y Canadá explican la presión del Partido Demócrata para aprobar la reforma laboral, además del apoyo que sindicatos canadienses están otorgando al SITUAM y a sus demandas de huelga.

Pero el enredado conflicto de la UAM también tiene que ver con los dineros y el presupuesto de esa universidad. Un informe con datos recopilados por académicos y publicado en internet, indica que el rector general cuenta con un salario de 27 mil 676 pesos mensuales, pero debido a una serie de estímulos y compensaciones que entrega la Secretaría de Hacienda y la propia UAM, alcanza un sueldo neto de 122 mil 243 pesos. Para el primero de febrero de 2019, día en que estalló la huelga, el rector ya contaba con un salario de 145 mil pesos netos, pues recibió un aumento de 18.80% mucho más que el 3.45% de tope salarial que él ha establecido a los trabajadores. Junto con el rector, 29 funcionarios con cargos directivos en la UAM cobran en conjunto 26 millones 697 mil 383 pesos, del presupuesto de 8 mil millones que tiene la casa de estudios para 2019. En esa lista están el secretario general, abogado general, tesorero, 5 rectores de unidad, 5 secretarios de unidad y 15 directores de unidad, cuyos sueldos individuales rebasan en varios casos los 108 mil pesos mensuales, y representan una erogación mensual de 2 millones 224 mil pesos para el presupuesto universitario.
 
En este río revuelto, la UAM está atrapada en las pugnas del grupo cercano al poder, fomentado por los radicales del SITUAM, que aunque son minoría están dispuestos a todo. Los alumnos, que ya perdieron el trimestre, ayer presentaron una demanda de amparo para exigir el fin de la huelga, mientras los maestros y académicos preparan una marcha y una consulta a la comunidad universitaria sobre el fin del paro este jueves 25, mientras los sindicalistas que asaltan casetas de peaje, con la complacencia de autoridades federales, se llevan en promedio 30 mil pesos por incursión. Y en medio de todo aparece el desprecio absoluto por la educación, está en juego la autonomía universitaria y los jaloneos por encabezar el nuevo sindicalismo en los tiempos de la 4T.

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