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Luego de que este viernes el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reafirmó la intención de consolidar el endurecimiento de penas para quienes cometan el delito de violación con sanciones de castración química, mujeres empresarias potosinas se pronunciaron al respecto.
La líder estatal de los Gestores del Capital Humano (ADERIAC), Anely Anguiano, consideró que antes de tomar este tipo de medidas, la administración estatal "debería reforzar los trabajos en materia de prevención, educación y reconstrucción del tejido social".
La líder de Recursos Humanos refirió que el estado incluso podría tomar como referencia estudios que se han hecho a nivel internacional, en dónde se define que se debe apostar por la prevención y estrategias de seguridad que garanticen que la población pueda vivir sin miedo de ser presa de un delito.
"Es un tema bastante polémico, ya mucho se han pronunciado en relación a ello, pero más allá de lo legal me gustaría que se estuvieran enfocando en acciones preventivas, se requiere fortalecer el respeto y seguridad que las familias se merecen, que se impulsen temas de educación, de prevención para evitar que cualquier individuo se sienta con la libertad de vulnerar de abusar de cualquier persona, hombre o mujer", señaló.
En contraste, la empresaria potosina Alejandrina Cedillo mencionó que es una propuesta que obedece a las propias exigencias de la población potosina, pues aseguró que la misma ciudadanía reclama sanciones ejemplares para quiénes cometen este tipo de crímenes.
Asimismo, coincidió en lo que ha compartido el titular del Ejecutivo estatal, respecto a que se busca lanzar un mensaje contundente para que los abusadores estén advertidos de que habrá cero tolerancia y estos delitos no quedarán impunes.
"La iniciativa que está planteando el gobernador es un fuerte mensaje que manda el estado en cero tolerancia, como ciudadanos pedimos castigos más severos... será un mensaje de no tolerar estas acciones", puntualizó.
Ambas coincidieron en qué él tema deberá ser analizado de forma puntual no sólo por el ejecutivo, sino que se espera un análisis a fondo también por parte de los legisladores locales y federales.
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