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La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado detectó la ausencia de al menos cuatro actas de sesiones de la comisión realizadas en 2017, en ellas habrían datos respecto de la presunta “Fiesta fantasma” de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por la cual hay procesos judiciales abiertos, por los presuntos delitos de peculado, fraude, falsificación de documentos, entre otros, estas actas son requeridas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La FGE requirió las actas 10 y 14 generadas por las sesiones de la comisión desarrolladas el 03 de marzo y el 02 de mayo del 2017, respectivamente, en el edificio que alberga la Auditoría Superior del Estado (ASE).
De acuerdo a la diputada Marite Hernández Correa, presidenta de la citada comisión, se realizó la búsqueda de las actas y solo se encontró la número 10, misma que fue remitida a la Fiscalía antes del plazo de 24 horas, fijando para su entrega a partir de las 13:41 horas del 20 de mayo pasado.
En el caso del acta número 14, la Fiscalía reconoce que cuenta con parte del documento; así incompleta se encuentra el acta 14 en el portal de transparencia del Poder Legislativo. El archivo solo cuenta con las páginas nones, las pares no fueron escaneadas ni publicadas en línea, como lo exige la ley.
Pero no sólo eso, la ausencia de documentación se extiende desde el acta número 11 y hasta la 13 correspondientes a sesiones realizadas en marzo del 2017 por la comisión y cuyas copias digitales no se encuentran en la página de transparencia. Adicional a esto, destaca que en la agenda parlamentaria, pública de oficio, no hay registro de las sesiones a las que hacen referencia las actas solicitadas por la FGE.
Por esta ausencia, Hernández Correa anunció que se dio vista a la Contraloría Interna del Poder Legislativo y que se ha iniciado una búsqueda exhaustiva del documento que debe permanecer, al menos en copia en la Coordinación de Asesorías y Secretariado Técnico de Comisiones o directamente en el Archivo Administrativo del Poder Legislativo.
Señaló que estas ausencias podrían derivar en sanciones en contra de los funcionarios responsables de resguardar la información o los propios exintegrantes de la Comisión de Vigilancia durante el 2017, es decir: J. Guadalupe Torres Sánchez, del PRD; Jorge Luis Díaz Salinas, del PAN; Martha Orta Rodríguez, del PRI; Óscar Bautista Villegas, del PRI; María Rebeca Terán, del PRI; Josefina Salazar Báez, del PAN y Lucila Nava Piña, del PAN, todos con acusaciones por presunto uso de empresas fantasma para justificar gastos legislativos.
apl
