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Mediante un comunicado, vecinas y vecinos del barrio de San Miguelito han condenado las últimas declaraciones de autoridades estatales, en las cuales aseguran que no se pelearán con nadie y que si la gente del barrio insiste con los amparos, se llevarán la inversión a otra parte.
Señalaron que el presupuesto que se utilizaría para la remodelación del barrio proviene de recursos públicos, por lo que se debe quedar en San Miguelito.
Indignados, las y los vecinos comunicaron que las autoridades estatales se han dedicado a amenazar y a advertir a vecinos para que quiten los amparos, en lugar de presentar avances y subsanar irregularidades en los proyectos.
“Cuando SEDUVOP y autoridades estatales nos han convocado a habitantes del barrio a reuniones de trabajo, se dedican a hacernos advertencias y amenazas en lugar de trabajar en los avances del proyecto para que se levante el amparo el día 21 de septiembre”, indicaron.
Por otro lado, desmintieron que el primer amparo haya sido subsanado, puesto que no han presentado los avances a las instituciones competentes y a la ciudadanía.
La última reunión entre vecinos con el gobierno del estado fue el pasado 15 de septiembre donde; sin embargo, acusan que, de nueva cuenta, no se presentó el proyecto de remodelación con base en la solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino que simplemente presentaron planos “genéricos”
“Señalamos la poca disposición que tienen las instituciones gubernamentales y el poco respeto hacia los habitantes del barrio para continuar con las obras y subsanar los desperfectos que dejaron, perjudicando a más de 300 familias que dejaron sin banquetas, dañaron con la máquina los drenajes y las tuberías de agua, de por sí ya inservibles”, acusan.
En cuanto al segundo amparo, informaron que este exige lo que debió haber hecho desde un inicio: “comprobar que los vecinos y vecinas cuentan con vías de comunicación accesibles y seguras para personas con discapacidad durante el transcurso de las obras y comprobar que durante los proyectos de rehabilitación se tomaron en cuenta a las personas con discapacidad”.
Por último, aseguraron que no aceptarán chantajes, pues el agua, la movilidad y el patrimonio son derechos, no monedas de cambio. Asimismo, señalaron que las y los vecinos piden una autentica modernización que permita transitar de forma segura las calles, incluyendo a las personas don discapacidad o que necesiten usar un bastón o andadera para movilizarse.
