La Corte Suprema de Brasil inició este miércoles las deliberaciones para decidir si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser llevado a la cárcel por corrupción, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.

La sesión fue abierta por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cármen Lúcia, quien llamó a respetar la decisión de la corte, una de las más trascendentes de su historia, que se desarrolla bajo fuertes presiones de partidarios y rivales del líder de la izquierda.

"Por las consecuencias que acarrea en la vida de todos y de las instituciones, algunas causas despiertan mayor y más directo interés, pero todos los juicios se hacen en los términos de la ley", dijo antes de pasar la palabra al ministro relator del caso, Edson Fachin, quien será el primero de los 11 magistrados en pronunciarse.

UNA CORTE AISLADA

La corte en Brasilia fue aislada del público y la policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).

El debate es transmitido en directo por televisión y debe extenderse durante varias horas.

Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el STF para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.

Si su recurso (un habeas corpus) es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.

El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia desató los profundos antagonismos políticos en la mayor economía latinoamericana y enrareció el clima de precampaña de las elecciones generales de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985.

La última discusión del STF sobre la llamada ejecución provisoria de la pena terminó con un ajustado 6 a 5 a favor de la interpretación vigente.

LULA, EN SAO PAULO

En Sao Paulo, en la sede del Sindicato de Metalúrgicos, cuna del ascenso que lo llevó desde el gremialismo hasta la jefatura de Estado, Lula seguía el juicio en privado junto con Dilma Rousseff, su ahijada política y sucesora, destituida en 2016 por el Congreso por manipular las cuentas públicas.

En una sala del mismo edificio, cerca de 250 personas se habían congregado en una sala, ataviados con las clásicas camisetas rojas que identifican al Partido de los Trabajadores(PT), cofundado por el exmandatario.

"Esta noche no dormí. Es uno de los peores días de mi vida. Creo que va a ser condenado (...) Están rompiendo la Constitución y nadie hace nada", dijo Leonor Mata, una profesora de 60 años, afiliada al PT desde hace más de tres décadas.

En la víspera, miles de personas desfilaron en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades al grito de "Lula nunca más" y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la investigación Lava Jato sobre el escándalo de Petrobras.

El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.

"Es un juicio muy politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un expresidente, que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de intención de voto", dijo a la AFP el experto en derecho penal y criminología Jovacy Peter Filho.

"Es, probablemente, un caso único en el mundo", añadió.

Más allá de si Lula consigue evitar la prisión, su candidatura tambalea porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia. Pero ese capítulo recién se resolverá entre julio y agosto, durante la ventana oficial para registrar los candidatos.

TENSIÓN GENERAL

La polarización que vive Brasil dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país.

Y alimentó las presiones sobre el STF.

En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes "compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia".

El mensaje recibió un entusiasta apoyo del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un ex militar, segundo en las encuestas electorales (aunque con la mitad de intenciones de voto de Lula).

Y también el repudio de políticos, formadores de opinión y de Amnistía Internacional.

vkc

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