Un hondureño que ingresó a Estados Unidos de forma ilegal se suicidó en una prisión de Texas, pese a que los guardias lo vigilaban cada media hora y había una cámara en su celda, de acuerdo con un reporte de las autoridades obtenido ayer por The Associated Press.

Marco Antonio Muñoz, de 39 años, fue encontrado inconsciente en su celda el 13 de mayo por la mañana, un día después de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo llevaron a la cárcel y dos días después de que fue detenido por entrar al país de forma ilegal. Lo anterior fue informado por el Departamento de Policía del condado Starr en un reporte de incidentes presentado el 5 de junio en la fiscalía estatal de Texas.

Los guardias de la prisión dijeron que Muñoz se tornó agresivo durante el proceso de reserva, quien fue retenido y colocado en una celda acolchonada durante la noche, de acuerdo con el informe. Agregaron que lo vigilaron cada 30 minutos y al menos una vez más durante el turno de la mañana, antes de que lo encontraran inconsciente en el suelo.

Muñoz fue declarado muerto alrededor de las 10 de la mañana, se lee en el reporte. El departamento de policía indicó que no mostró ningún problema mental ni dijo algo que diera indicios de que pensaba suicidarse.

La grabación de su celda mostró cuando Muñoz ató su suéter a una reja de alcantarilla en el suelo, lo enlazó en su cuello y giró varias veces su cuerpo, cortando su circulación y su respiración. El informe no indica la hora en la que ello ocurrió y el departamento de policía no respondió a peticiones en busca de comentarios.

Citando a agentes fronterizos con conocimiento de lo ocurrido, pero bajo condición de anonimato, el periódico The Washington Post reportó que Muñoz entró al país con su esposa y con su hijo de tres años, y se enfureció cuando los agentes le informaron que la familia sería separada.

El gobierno del presidente Donald Trump ha sido ampliamente criticado por separar a las familias de inmigrantes que llegan al país de forma ilegal.

En este contexto, decenas de personas se manifestaron ayer a las afueras del centro de detención en Otay Mesa, en San Diego, para exigir que se detengan la separación de familias inmigrantes y se les de un trato digno.

“¡No están solos!”, gritaron los manifestantes, cerca de un centenar, por medio de altavoces ante la mirada del personal de seguridad del centro de detención, a la vez que lanzaban consignas contra la política de Tolerancia Cero adoptada por el gobierno de Donald Trump. Según cifras oficiales, al menos mil niños han sido separados de sus padres desde mediados de mayo.

Los manifestantes leyeron una carta firmada por 37 inmigrantes centroamericanos y en la que denuncian “discriminación, condiciones precarias y falta de atención médica” en el centro en Otay Mesa.

 

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