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Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesitaba más pretextos para mantener su exigencia de financiamiento al muro por USD $5,700 millones, la nueva caravana migrante que avanza desde Honduras fortalecerá su causa de políticas más duras en la frontera con México.
Mientras Estados Unidos se encuentra en su cuarta semana de cierre parcial del gobierno—el más largo en la historia—, Trump ha insistido en el proyecto del muro fronterizo con una avalancha de mentiras y datos imprecisos, que están cobrando un fuerte saldo en su popularidad.
Una encuesta de la Universidad Quinnipiac difundida el lunes reveló que 63% de los votantes coincide con la propuesta de la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes para reabrir parte de la administración federal que no involucre la seguridad limítrofe, por 30% que se opone.
El sondeo encontró asimismo que 63% rechaza utilizar el cierre para forzar el financiamiento del muro, por 32% que lo apoya, al tiempo que 56% culpa a Trump y los republicanos por el estancamiento.
Por su lado, el índice de aprobación del mandatario en la Encuesta Diaria de Seguimiento Rasmussen cayó a su nivel más bajo en casi un año, con 54.3% que lo desaprueba y 40.6% que lo aprueba.
Sin embargo, el mismo día Trump redobló su estrategia, al enfatizar que “no hay sustituto” para una barrera física en la frontera suroeste y acusar a los demócratas de politiquería, por negarse a negociar un asunto que Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara baja, ha llamado costoso, ineficaz y “una inmoralidad entre países”.
De hecho, el barón de los bienes raíces afirmó la semana pasada que “hay otra gran caravana formándose en Honduras y hasta ahora estamos tratando de romperla y es más grande que cualquiera que hayamos visto, y un dron o un sensor no van a detenerla, pero ¿saben qué va a pararla en seco? Un lindo y poderoso muro”.
En su obsesión, Trump ha llegado al grado de declarar que los traficantes de drogas en la frontera “tienen vehículos increíbles. Tienen vehículos más fuertes, grandes y rápidos que los de nuestra policía y la Patrulla Fronteriza”.
Una simple revisión de datos efectuada por la Radio Pública Nacional (National Public Radio), no obstante, estableció que la mayoría de los enervantes importados de México son contrabandeados a través de los puntos legales de entrada, según la Administración Antidrogas (Drug Enforcement Administration).
Solo una pequeña fracción ingresa mediante las áreas de la frontera que serían cubiertas por un muro.
En el mismo tenor, los cruces ilegales del límite en el año fiscal 2017-2018 resultaron menores que en 2016 o 2014 y mucho más bajos que en su momento más elevado cerca del año 2000.
La cifra de personas que atravesaron sin autorización la frontera también es empequeñecida por la de quienes permanecen en Estados Unidos tras la expiración de sus visas.
Amenaza para la economía
Más allá de los niveles de popularidad, el cierre del gobierno—que afecta a 800,000 trabajadores y contratistas federales—representa una amenaza para la economía de Estados Unidos.
Los expertos han advertido que por cada semana de cierre disminuye de 0.05 a 0.1 puntos porcentuales el crecimiento de ese trimestre, lo que significa que la situación actual ha recortado de 0.1 a 0.2 puntos el primer trimestre del año.
Con esta información, economistas de JPMorgan también redujeron sus proyecciones para el PIB trimestral de 2.25% a 2%.
Dependiendo de los materiales que se usarían, el costo real del muro oscilaría entre USD $21,000 millones y USD $70,000 millones.
Unos 1,120 kilómetros de la muralla y rejas ya fueron construidos desde 2006, durante la administración Bush.
Los pocos sectores que se beneficiarían son las compañías privadas y públicas de construcción interesadas en el proyecto, como Caddell Construction, Fisher Sand & Gravel/DBA Fisher Industries, Cerrudo Services, Sundt, Fluor y KBR.
No es de sorprender que algunas de esas firmas sean donantes de las campañas de Trump y los republicanos, tal como la industria de las prisiones privadas, que dieron más de USD $1.6 millones a los candidatos en las elecciones intermedias de noviembre, reportó el Consejo Estadounidense de Inmigración.
En 2016, el Departamento de Justicia terminó su trabajo con las prisiones con fines lucrativos, al señalar su oscura trayectoria de abusos y preocupantes expedientes de seguridad de los internos.
Sin embargo, Trump revirtió la orden; la oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) pagó el año pasado más de USD $800 millones en dinero de los contribuyentes a 19 centros privados de detención, que albergan a unos 18,000 migrantes y solicitantes de asilo, o 41% de las 44,000 personas retenidas en total por la ICE.
Vale la pena mencionar que el “Centro Residencial Familiar del Sur de Texas” en Dilley, Texas, es el mayor centro de detención de migrantes en Estados Unidos, con capacidad para 2,400 personas y que es operado por CoreCivic, empresa previamente denominada Corrections Corporation of America (CCA).
Dilley y el “Centro Residencial del Condado Karnes”, también con 2,400 camas—operado por GEO Group, otro donante del gobernador Greg Abbott—podrían convertirse en los mayores proveedores de atención para menores en Texas, luego del fallo de una corte de apelaciones del estado.
De acuerdo con el veredicto, informaron medios locales, los centros, que han sido acusados de permitir abusos sexuales y la muerte de niños bajo su custodia, recibirán el mismo tipo de licencias que las guarderías de Texas, lo que potencialmente les daría la facultad de detener a menores indefinidamente, como Trump ha amenazado.
Editado por Sofía Danis
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