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Después que la semana pasada aprobaron la reforma constitucional “para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, que provocó manifestaciones de protesta de grupos feministas, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó hoy una iniciativa para condenar a “muerte civil”, a servidores públicos y docentes que incurran en hostigamiento o acoso sexual.
Actualmente el Código Penal establece al respecto que si el hostigador sexual fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporciona, se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación de uno a dos años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, adicional a una pena de uno a dos años de prisión y multa hasta de 40 cuotas para cualquiera que incurra en el citado delito.
La propuesta de modificación presentada por el PAN, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, señala que “si el hostigador fuera servidor público o docente, y utilizase los medios o circunstancias que el cargo o empleo le proporciona, además se le impondrá una pena de destitución e inhabilitación permanente para desempeñar, empleo, cargo o comisión público, o en la docencia, según el caso”.
La iniciativa de reforma al párrafo segundo del artículo 271 bis 1 del Código Penal del Estado de Nuevo León, fue presentada por el diputado blanquiazul, Juan Carlos Ruiz García, quien argumentó que las mujeres a lo largo de la historia han tenido que librar grandes luchas para hacer visibles los abusos y hacer efectivos sus derechos.
Entre ellos mencionó el derecho a ser visibles, a no ser cosificadas, a tener trabajos y condiciones laborales dignas, a estudiar, a ser dueñas de sí mismas, a tener un trato igualitario en cuanto a oportunidades y al ejercicio pleno de sus derechos.
Ruiz García añadió que uno de los grandes avances de las mujeres lo constituye el acceso a la educación y el empleo, pues cada vez son más las mujeres que ostentan niveles de maestría y doctorado y ascienden a cargos de decisión.
Sin embargo, asentó, el camino no ha sido sencillo, pues muchas mujeres han sido acosadas u hostigadas en las universidades y los lugares de trabajo.
Recordó que en el país y en la entidad, jóvenes de instituciones públicas y privadas han denunciado el hostigamiento de docentes, como ocurrió en el blog “acoso en la U” para el caso de Nuevo León.
El panista admitió que es difícil que las denuncias contra los acosadores prosperen y es común que las víctimas sean desacreditadas y se les pretenda responsabilidad del daño que sufrieron, pues se ponen por encima los intereses del atacante por ostentar poder económico, político o simplemente por el miedo de la persona afectada ante la relación de poder del hostigador sobre la víctima.
Esta situación, comentó Ruiz García, hace que no se cuente con estadísticas confiables de este delito que constituye un grave problema de discriminación. Expuso que el acoso influye sin duda en las oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Citó que el Foro Económico Mundial publicó en diciembre de 2018, que se necesitarían 202 años para que se logre la igualdad de género en el terreno empresarial, mucho mayor a los 170 calculado en 2016 para que hubiera igualdad en general.
El diputado panista rechazó que al promover esta iniciativa, su partido pretenda “ofrecer un dulce” a las mujeres en compensación por la reciente reforma que aprobaron sobre “el derecho a la vida”, que generó protestas de colectivos feministas.
Más bien, dijo, es un tema que va en concordancia con el Día Internacional de la Mujer, porque es a ellas a quienes más afecta esta situación, aunque no exclusivamente al sexo femenino. Finalmente confió que habrá apoyo de otras bancadas para aprobar la reforma, porque hay mucha sensibilidad sobre el problema, aunque hasta hoy no se han tomado medidas concretas y efectivas para frenarlo.
