El grupo parlamentario del PRI en el Senado, señaló que no basta con garantizar que la Guardia Nacional quede en manos de un mando civil, si su estructura es dominantemente militar.

Además de que sus funciones alcanzan tareas que originalmente son de naturaleza civil y descentralizadas en el ámbito del federalismo, tutelados adicionalmente por el orden de la convencionalidad internacional a la que está obligado nuestro país.

La bancada encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que desde el PRI, no hay una intención de oponerse sistemáticamente a todas las propuestas gubernamentales; pero que solo brindará apoyo en aquellas acciones que beneficien a la sociedad.

“Sostendremos una posición irreductible ante ocurrencias e improvisaciones. El PRI en el Senado sostiene que para poder acompañar esta iniciativa se debe contemplar el respeto al pacto federal, un amplio programa de prevención social, así como garantizar la protección y respeto a los derechos humanos, la transparencia de la actuación y funcionamiento de las corporaciones militares, la rendición de cuentas periódica y oportuna en un sistema de evaluación y control permanente de la proyectada Guardia Nacional, entre otros criterios que los priístas en la Cámara Alta comparten con la mayoría la sociedad”, expresaron en un comunicado.

Los senadores del PRI afirmaron que la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, que propone el gobierno federal a través del partido Morena, parte de un análisis sesgado, parcial y contradictorio de los factores socioeconómicos que a juicio de sus autores están detrás del incremento de “la violencia, inseguridad e impunidad”.

Dijeron que de no modificarse la iniciativa, militarizar, centralizar y legalizar el dominio castrense de la seguridad pública, se contraviene el artículo 21 constitucional, al proponer otorgar facultades de investigación a un órgano híbrido como la Guardia Nacional, en el que quedarán mezcladas las policías Militar, Naval, Federal y, en su momento, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“La mejor manera de pugnar por la erradicación de estos males, es tomar en cuenta las lecciones de la experiencia en el uso de los mecanismos de persecución y castigo y, por supuesto, la actuación de las fuerzas armadas, pero también la necesidad de lograrlo mediante la aplicación y vigencia del Estado de Derecho y la preservación de los principios constitucionales que definen a nuestro régimen democrático”, externaron.

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