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Laura Velázquez no olvida la vez que tuvo que caminar entre los muertos para encontrar a su hermana. Hace un año y medio visitó el Servicio Médico Forense de Nezahualcóyotl sin ninguna expectativa, pero cuando le entregaron el cuerpo de Diana su vida no volvió a ser la misma; la joven había sido víctima de feminicidio cuatro días antes en Chimalhuacán, Estado de México, y nadie le notificó a sus familiares.
“Llegamos al Semefo para ver si ahí tenían a alguien con las características de mi hermana que había desaparecido. Cuando entré vi cuerpos tirados en el suelo por todas partes, sin refrigeración ni bolsas. Recuerdo que cuando me enseñaron a Diana yo ya no le encontré parecido, pero reconocí una de sus trenzas y supe que era ella”, explica Laura.
Diana salió de su casa el 2 de julio del 2017. Después de varias horas en las que no volvió, la preocupación entre sus familiares era inevitable. En ese momento todos desconocían que la estudiante había sido violada y asfixiada por uno, dos, tres o quizá cuatro hombres, pero eso aún no se sabe porque las autoridades mexiquenses no tienen pistas de quién pudo ser el responsable.
Laura asegura que “hasta el día de hoy los pocos indicios que hay en la carpeta de investigación están porque nosotros los hemos encontrado. Nunca hicieron una cadena de custodia para sacar pruebas de su ropa, simplemente la echaron al Semefo junto con su cuerpo”.
A casi dos años de lo sucedido, el responsable de la muerte de Diana sigue libre.
Pero este no es un caso aislado: información obtenida a través de transparencia indica que en total hay 244 órdenes de aprehensión contra presuntos feminicidasque aún no han sido ejecutadas, a pesar de que algunas se giraron desde hace más de cinco años.
El estado de Jalisco es donde más se ha presentado esta situación; en total se han dado a la fuga 42 personas señaladas por matar a una mujer de manera violenta. Sobre este tema, las autoridades judiciales tapatías informan que ha sido imposible realizar las detenciones “por carecer de datos para la localización y captura de los imputados”.
A esa entidad le siguen Guanajuato con 41 casos; Sinaloa, con 29; la Ciudad de México, con 23; Tabasco, con 21; Hidalgo, con 21; Morelos, con 16; Puebla, con 14; Veracruz, con 9; Tamaulipas, con 8; Coahuila, con 7; Baja California, con 6; Durango, con 4, y Quintana Roo con 3.
Para este reportaje se enviaron solicitudes de información a los poderes judiciales estatales, pero sólo 17 entregaron el número de órdenes de aprehensión no cumplimentadas por feminicidio. Entre las demarcaciones que no facilitaron las cifras se encuentra el Estado de México, una de las zonas con más incidencias desde el 2011.
La cantidad de presuntos feminicidas en libertad podría ser mayor no sólo porque la mitad de los estados no otorgaron información, sino por casos como los de Diana donde no se ha emitido una orden de aprehensión debido a que las autoridades desconocen la identidad del agresor.
“No hay ningún detenido. Las autoridades de la Fiscalía de Feminicidios nos dicen que sí van a trabajar, pero sólo son palabras. No nos han negado la justicia, entre comillas, pero si nosotros vemos que no hay un avance ni ninguna línea de investigación nos damos cuenta de que solamente nos están tomando el pelo”, dice Lidia Florencio, madre la víctima.
También informa que desde un inicio las autoridades confundieron el cuerpo de Diana con el de un hombre y abrieron una carpeta de investigación por el “homicidio de un varón”. Fue hasta cuatro meses después cuando el asesinato de la joven fue reconocido como feminicidio.
“Nosotros hemos caminado ya bastante tiempo en busca de justicia y no hay nada para saber quién fue el responsable. La justicia está muy lejos de nuestro alcance para nosotros los de abajo. No nos hacen caso, no voltean a ver la muerte de nuestras hijas porque no sólo es Diana”, comenta Lidia.
La madre relata que la misma familia ha salido a la calle para buscar evidencias del crimen: “Mi hija Laura compró una memoria, fue a pedir unos oficios al ministerio público y fue a que las empresas correspondientes le entregaran grabaciones donde posiblemente se podía ver lo que ocurrió. Lamentablemente ya había pasado un mes y muchos videos ya no estaban guardados”.
Y a pesar de todo eso, Lidia Florencio supera las adversidades en nombre de Diana: “A las autoridades no les importó la muerte de mi niña. ¿Y creen que me voy a quedar callada? Pues no, yo voy a luchar hasta que se haga justicia”.
Huyen desde el 2012
Para Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, investigadora de la UNAM, la cantidad de presuntos feminicidas en libertad se debe en parte a la indolencia de las autoridades.
“La cantidad de órdenes de aprehensión giradas no cumplimentadas es enorme y desde luego se agrava en los delitos relacionados con violencia machista porque no les interesan. Si no les importa resolver los grandes fraudes, menos les interesa resolver el tema de una mujer que además ya calificaron como prostituta o drogadicta”, señala la doctora en Derecho.
Según los datos recopilados para esta publicación, desde el 2011 han sido libradas 661 órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. De esa cantidad han sido cumplimentadas 417 y 244 no han sido ejecutadas.
Además, hay presuntos feminicidas en libertad desde el 2012. Tal es el caso de la Ciudad de México, Durango, Morelos, Sinaloa y Tabasco, entidades que desde ese año no han detenido a personas señaladas por asesinar a una mujer de forma violenta.
Las procuradurías y fiscalías estatales son las responsables de ejecutar las órdenes de aprehensión libradas por un tribunal, pero especialistas en el tema han documentado cómo los recursos materiales y humanos con los que cuentan esas dependencias son insuficientes para cumplir sus labores.
Isabel Erreguerena, coordinadora de políticas públicas de la asociación Equis Justicia para las Mujeres, califica esto como una falta de fortaleza institucional:
“Muchas veces pensamos que la falta de investigación tiene que ver con los estereotipos de género: con la misoginia o el machismo, sin embargo en Equis Justicia hemos documentado que hay ministerios públicos trabajando con sólo seis computadoras y poco personal. Es decir, muchas veces no es sólo un estereotipo de género, sino un sistema bastante ineficaz que sigue replicando problemas estructurales de recursos y de cómo actuar”.
De los 17 estados que otorgaron la información, sólo tres declararon haber cumplimentado todas sus órdenes de aprehensión por este ilícito. Se trata de Yucatán (8), Aguascalientes (1) y Baja California Sur (1), aunque estas dos últimas entidades han sido señaladas por no aplicar la tipificación de feminicidio cuando ocurre la muerte violenta de una mujer.
Asimismo, 2017 es el año en el que más órdenes sin cumplimentar se han emitido.
Sobre este tema, Alicia Pérez Duarte reflexiona los riesgos de no cumplimentar las órdenes de aprehensión: “La consecuencia más grave es que sigan cometiendo los mismos delitos. Los agresores de mujeres y responsables de la violencia machista no lo hacen una vez, son depredadores. Los acosadores, los violadores, los golpeadores o los feminicidas son depredadores”.
La experta también añade que “como sociedad, como país, pero sobre todo las instancias de justicia, no le hemos dado la importancia que tiene el proceso completo de justicia. Mientras más casos impunes haya, más se fortalece la cultura patriarcal, misógina y machista”.
Meses para capturar un feminicida
Una semana antes de ser víctima de feminicidio, Serymar Soto organizó una sesión fotográfica con su prometido, Jorge, sin imaginar que él mismo la asesinaría.
El 28 de enero del 2017, en Torreón, Coahuila, Jorge la embistió con su automóvil. Por el golpe Serymar salió volando alrededor de cien metros en un terreno baldío y el impacto le provocó una fractura severa de cráneo, además de deshacerle las costillas, las clavículas y la pelvis.
Desde ese día, Jorge se dio a la fuga y estuvo libre durante seis meses. Al final, la detención fue posible gracias a un mensaje que recibió la hermana de la víctima a través de una página de Facebook.
“Si no hubiera sido por esa denuncia ciudadana seguro seguiríamos buscándolo. La persona que se sensibilizó me mandó la ubicación exacta de donde trabajaba el ex prometido de Serymar y el lugar donde vivía. Las fiscalías tienen tan pocos elementos y tan ineficientes que insuficientes para abarcar todos los casos”, dice Sandra Soto.
Ella también reclama que durante todo el tiempo posterior al crimen, las autoridades nunca tuvieron una idea del paradero del agresor de Serymar.
“A nosotros nos pedían casi casi resolver el caso. Sólo nos decían que lo estaban buscando y siempre le preguntaban a mi hermana si sabía de algunos amigos con los que pudiera estar Jorge, o si sabía los lugares que frecuentaba o si tenía el número de sus conocidos. ¿Cómo lo íbamos a saber?”.
El asesinato de la coahuilense sorprendió a propios y extraños porque su ex prometido fue quien cometió el crimen. Por haber matado a Serymar, Jorge recibió una sentencia de 46 años el 22 de noviembre pasado; de esa forma estará encerrado hasta el 2063.
La condena llegó después de que Sandra impulsó que la muerte de su hermana obtuviera justicia:
“Nada nos va devolver a Serymar, pero luchamos para que ninguna otra familia padezca este dolor. Mi hermana, de 21 años, era un pan de dios. No se merecía que le hicieran esto”.
