Durante su comparecencia, Federico Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado, admitió que en general las corporaciones están “infectadas” y no hay confianza en los exámenes de control realizados a elementos de seguridad y procuración de justicia.

Evidenció que en ocasiones no se distingue entre la labor que realiza la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

Garza Herrera no respondió a todos los cuestionamientos, algunos de los que se escaparon fueron los relacionados con el rezago que mantiene el antiguo sistema de justicia.

Al respecto, el diputado Eugenio Guadalupe Govea Arcos evidenció que por parte de ministerios públicos habría mecanismos para falsear las denuncias por delitos presentados, y expuso el ejemplo de una camioneta robada con violencia, en la que quien tomaba la denuncia sugirió que no se presentara así sino que se hablara de robo simple, ante lo que el Fiscal solicitó conocer el caso en concreto para actuar.

En un recuento, los datos que dio a conocer refieren que en lo que va de 2018 se han presentado 46 mil 20 denuncias, casi el doble de las 23 mil 538 que se interpusieron en 2016; de las de 2018, 27 mil 824 han derivado en carpetas de investigación, cifra similar a las que se generaron en 2016 y que se elevan a 21 mil 576 carpetas de investigación.

De éstas, el 28 por ciento va a archivo temporal, en el 16 por ciento se determinó el no ejercicio de la acción penal, un 25 por ciento se ha resuelto a través de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, solo el 5 por ciento se han judicializado y el resto (15 por ciento) están en trámite.

El Fiscal justificó las “fallas” del nuevo sistema de justicia penal al referir que “de la noche a la mañana” se dio el cambio, sin embargo, no mencionó que para el proceso de socialización hubo ocho años de transición.

Cuestionado sobre el tema, señaló que de personas desaparecidas hay mil 913 carpetas de investigación abiertas de hombres, mujeres y niños, hay también dos alertas Amber vigentes, que es el caso de Zoé Zuleica y de Saúl Iván Recobo Tovar, menor de nueve años desaparecido el pasado mes de noviembre.

Sobre feminicidios señaló que en lo que va del año de los 52 casos de homicidio de mujeres, 28 han sido catalogados como feminicidio y de esta cifra, nueve se encuentran en judicializacióin, e incluso hay personas aprehendidas.

Respecto a la confianza en la labor del ejercicio policial, apuntó que hay 108 casos de personal al que se le sigue el procedimiento para separase del cargo, y que en enero presentará su examen de control y de confianza, aunque reconoció que no hay seguridad de la ciudadanía en este mecanismo.

A mitad de la comparecencia, María de Jesús Almendáriz Prieto, víctima de acoso y abuso sexual por parte de un funcionario, se manifestó y entre consignas exigió conocer por qué no se había actuado en las denuncias que había presentado, en respuesta Garza Herrera le señaló que los proceso de sus denuncias están en manos del Poder Judicial y como víctima, si no está conforme con el proceso puede exigir a su abogado victimal que trabaje en eso.

Se le cuestionó además sobre casos como el de la “Ecuación Corrupta” y si había denuncias en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, sobre estos temas, indicó que por la secrecía de las investigaciones no se pueden revelar detalles.

Respecto a casos como el homicidio del fotoperiodista Daniel Esqueda Castro y la desaparición de la niña Zoé Zuleica y “los cuatro de Toranzo”, refirió que las investigaciones avanzan, sin embargo, a los legisladores que en su mayoría no hicieron uso de su derecho de réplica, salvo algunas excepciones, les faltó preguntar sobre el presunto feminicidio de Karla Pontigo.

Al concluir la comparecencia, de los 17 legisladores que estuvieron al inicio, solo quedaron siete.

maria.medrano@clabsa.com.mx

apl

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