A pesar de que en notas informativas la Fiscalía General del Estado (FGE), ha confirmado que tan solo en 2018 han sucedido más de una decena de homicidios dolosos en contra de agentes de corporaciones policíacas, ya sea estatales o municipales; cuando se hace la solicitud a través de la plataforma de acceso a la información pública, la dependencia da a conocer números parciales, incluso desconocimiento de los hechos.

Lo anterior se puede corroborar en la respuesta que otorgó la FGE el pasado 9 de octubre, luego de que un particular solicitó “información de policías municipales, estatales y ministeriales que hayan sido asesinados desde 2012 a la fecha, así como su estado civil, número de hijos y si existió alguna indemnización a los familiares y de que monto fue”.

El responsable de la Unidad de Información de la dependencia refiere que al no contar con los documentos específicos, se elaboraron los oficios correspondientes a la Subprocuraduría de Investigación, a la Subprocuraduría Regional de Justicia para la Huasteca Sur, a la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Pueblos Indígenas, para la Subprocuraduría Regional para la Zona Altiplano, la de la Zona Media, la de la Huasteca Norte, la de Procedimientos Jurisdiccionales y también a la Visitaduría General.

En sus respuestas es donde se evidencia la irregularidad, por ejemplo la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Pueblos Indígenas respondió que de 2012 a la fecha solo se presentó un caso de un policía asesinado, pero desconoce su estado civil, si tenía hijos, si recibió alguna indemnización y mucho menos el monto de la misma.

En el caso de la Subprocuraduría de la zona Altiplano, simplemente respondió con un oficio para responder que no se encontró ningún archivo o documento que contenga datos de la información solicitada, mismo caso de la Subprocuraduría de la Huasteca Norte y la Visitaduría General.

Por otro lado, la Subprocuraduría de la zona Media señala que fueron dos los policías muertos de 2012 a la fecha, se trató de dos policías municipales de Ciudad Fernández un varón de 41 años y una mujer de 42, con 3 y 4 hijos respectivamente, aseguran además que si fueron indemnizados pero en los dos casos se ignora el monto o la cantidad con la que se realizó la indemnización.

La Subprocuraduría de Investigación también presentó datos, pero solo señaló que fueron dos ministeriales uno en 2014 y otro en 2015, un policía estatal en 2016 y uno municipal en el mismo año, en todos los casos estaban casados y dejaron hijos, pero no presenta datos respecto de que haya habido algún tipo de indemnización.

Finalmente la Subprocuraduría de la Huasteca Sur, solo menciona un caso de junio este 2018, un policía varón de 54 años, con tres hijos, casado y cuya indemnización según se señala “aún está en trámite”. Al parecer ninguna de estas subprocuradurías y departamentos de la FGE tienen conocimiento de la decena de policías ejecutados solo en 2018, tan solo en la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí.

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