07 / diciembre / 2021 | 06:30 hrs.

Denunciados ante el SAT los poderes Legislativo y Judicial de SLP

Incumplen con disposiciones fiscales al no contar con un RFC propio y facturar a través de Gobierno del Estado: Redes Quinto Poder

Foto: Archivo El Universal San Luis Potosí.
Cartera 16/07/2019 08:41 San Luis Potosí, SLP. Redacción Actualizada 08:41

Los poderes Legislativo y Judicial de San Luis Potosí junto con los de otras cuatro entidades, han sido denunciados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no contar con un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) propio y facturar a través de un tercero: el Poder Ejecutivo; situación que infringe las leyes hacendarias federales.

Fue la organización civil “Redes Quinto Poder”, a través de la investigación denominada “Desigualdad fiscal”, la que detectó esta irregularidad en los dos poderes locales antes señalados y también en las de sus homólogos de las entidades de Baja California, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

La investigación, disponible para consulta en la siguiente liga https://redesquintopoder.org/blog/desigualdad-fiscal/, abunda que al no contar con un RFC las instituciones públicas, no solo incumplen con el artículo 27 del Código Fiscal que las obliga a expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen o los ingresos que perciban y solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, también podrían manejar el erario sin que se pueda tener registro de la “ruta del dinero” público y omitir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El texto también indica que el procedimiento de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes no tarda más de 10 días hábiles ante una oficina del SAT y solo se requiere el llenado de una forma  especial para dependencias públicas y organismos descentralizados.

Al respecto, Juan Manuel Ramos, colaborador de Redes Quinto Poder, indicó que el fin de las denuncias emitidas en contra de las entidades gubernamentales tiene como objetivo mínimo que el SAT obligue que conforme a la ley, esos entes obtengan su RFC  “porque eso va a ser un parteaguas en la manera en que éstos van a transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía”.

Añadió que en la denuncia también se agregó al Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León por una cuestión circunstancial.

Indicó que durante la realización de la investigación, en los meses de marzo a junio, detectaron prácticas de “susto” por parte de los entes obligados a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la información la obtuvieron a través de solicitudes de información realizadas a los poderes públicos de las 32 entidades del país.

“Nos encontramos resistencia  en Guerrero, Aguascalientes, Querétaro”, además indicó que si bien los poderes Legislativo y Judicial de San Luis Potosí respondieron en el plazo (10 días) “hay entes en los que sí asusta el tratamiento que dan a las solicitudes y además por ignorancia o por dolo hicieron llamadas que no debían de haber hecho, por ejemplo a nosotros, hicieron preguntas que no deben de hacer como -¿para qué quieres la información?-. Esto que a cuatro años que se aprobó la ley general todavía lo sigan preguntando asusta y eso tiene que ver con la capacitación y sensibilización que deben dar los órganos garantes de cada personal a su personal”.

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