El año que comienza será decisivo para la consolidación del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su llamada “Cuarta Transformación”. Si el 2019, como primer año de esta administración, fue de aprendizaje y de “sentar bases” para intentar resolver “el desastre heredado”, este 2020 tendrá que ser diferente y demostrar, con resultados concretos y ya no con pretextos, la forma diferente de hacer las cosas, lo positivo que presumen de los nuevos programas y políticas de gobierno y la eficiencia que hasta ahora le ha faltado al aparato gubernamental en el ejercicio del gasto público.
Digamos que, para efectos políticos, en este segundo año del gobierno lopezobradorista y con los resultados que logre en los dos grandes pendientes con los que cerró el primer año: economía con incertidumbre y sin crecimiento, además de la grave crisis de inseguridad y violencia en casi todo el territorio nacional, se define en buena medida el escenario político-electoral para los comicios intermedios de 2021. Un gobierno que logre reactivar el crecimiento económico, apoyado en buena medida por un gasto público más suelto y eficiente, junto con una estrategia real y efectiva que disminuya la violencia, llegaría mucho mejor posicionado a la aduana de las urnas que representan las votaciones para la Cámara de Diputados y con posibilidades de ratificar su mayoría parlamentaria. Pero sin esos resultados concretos y medibles, la mayoría legislativa peligra para López Obrador.
Si hasta ahora el presidente y su movimiento tuvieron como escudo protector el discurso de “las culpas del pasado y el desastre heredado”, en 2020 se ve muy difícil que el argumento de justificar todo por la herencia negativa que recibieron alcance para satisfacer la exigencia de resultados al actual gobierno.
Más allá de la operación de sus programas de apoyo social con dinero en efectivo y del respaldo de su muy leal y combativa base social y política, López Obrador tendrá que mostrar resultados en infraestructura y obra pública, en inversión y crecimiento de la economía, en el funcionamiento adecuado de los programas sociales, educativos y de salud, y en el ejercicio más fluido, eficiente y transparente de los recursos públicos.
Porque aunque el reparto multimillonario de becas, pensiones y subsidios con dinero público tendrá sin duda un efecto político y electoral rumbo a las elecciones parlamentarias, al asegurar votos de sectores beneficiados y clientelares, lo que no puede acentuarse en el año que inicia es la imagen de un gobierno poco eficiente, que no genera suficiente certidumbre para las inversiones privadas, que no invierte suficiente en gasto de infraestructura y en obras públicas para los servicios públicos básicos que demanda la población y que no puede con el enorme reto de pacificar al país y garantizar la seguridad de los mexicanos.
También es real que, al menos en lo que respecta a la seguridad de la República, el presidente y el gobierno federal no son los únicos responsables, si bien son la parte más importante y hasta ahora más ineficiente en el control y combate de los delitos federales que más generan violencia como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Los gobernadores que hasta ahora han eludido su responsabilidad y se han desentendido de su obligación también legal de darle seguridad a los ciudadanos de sus estados, también tienen que hacer su parte y colaborar en la atención urgente y apremiante de los delitos del fuero común que siguen siendo los que más se cometen en México y más impactan a la percepción de inseguridad y miedo con la que vive la mayoría de los mexicanos.
Pero en espera de que las dos instancias de gobierno más pesadas y que más poder concentran, el gobierno federal y los estatales sean más eficientes y se coordinen entre sí, y de que ambos vayan al rescate también urgente del nivel de gobierno más importante, el municipal, que hoy está abandonado, sin recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la población y con muy pocas potestades tributarias, lo que hoy es un hecho es que en 2020 el presidente enfrentará la prueba de fuego del segundo año: o se consolida y avanza su proyecto de la 4T o la primera parte del sexenio se vuelve más errática y regresiva, con el riesgo de perder su mayoría legislativa el próximo año.
NOTAS INDISCRETAS…
Cómo andarán los escenarios y ejercicios de prospectiva con miras a los comicios intermedios de 2021, que algunos de los dirigentes de los nuevos partidos políticos que buscan registro ante el INE han sido llamados al Palacio Nacional para pedirles, desde ahora, que se comprometan a ir en alianza con Morena para las próximas elecciones en las que se renovará la Cámara de Diputados y más de 15 gubernaturas. La propuesta que les han hecho a varios líderes de organizaciones con posibilidades de convertirse en partido político es que si aceptan formar una coalición electoral con el partido gobernante, tendrán más posibilidades de sobrevivencia y de alcanzar posiciones en su primera elección. Lo más interesante es lo que, según comentan algunos de los dirigentes políticos que han acudido a reuniones en el Palacio, en la misma Presidencia les dicen que “necesitan tener garantizado su apoyo a una coalición morenista” porque los números que hoy tienen los analistas del gobierno les dicen que “Morena y López Obrador podrían no alcanzar solos los votos necesarios para refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados”. Es decir, que o suman fuerzas o el riesgo de perder la mayoría es más que real…Los dados vuelven recargados y abren este 2020 con una Escalera doble para todos los amables lectores. Que sea un gran año para todos.
