04 / julio / 2022 | 16:01 hrs.

Abren la puerta para anular elección de Marko Cortés

Raúl Rodríguez Cortés

Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió la puerta el miércoles pasado a la posibilidad de que sea anulada la elección de Marko Cortés como presidente nacional del PAN.

La máxima autoridad jurisdiccional en la materia determinó que cualquier militante blanquiazul puede impugnar sus procesos internos y no solo quienes tienen la condición de candidatos a ocupar sus órganos de dirección, como habían resuelto las comisiones Electoral y de Justicia del principal partido opositor al gobierno de AMLO.

El que impugnó y obtuvo una sentencia favorable a su causa –no obstante que el proyecto de resolución del magistrado Indalfer Infante daba la razón a los órganos de justicia interna panistas– fue Gerardo Priego Tapia, quien no logró las firmas requeridas para registrarse como candidato a la presidencia nacional del PAN, lo que dejó a Marko Cortés como el aspirante único que obtuvo su reelección en octubre pasado.

Priego impugnó ante las comisiones Electoral y de Justicia panistas, que rechazaron sus alegatos por no tener el “interés jurídico” para hacerlo, al no ser un candidato formalmente registrado.

Tras ese revés, Priego recurrió al TEPJF con el argumento de que era inaceptable que ninguno de los 270 mil militantes del PAN pudiera impugnar procesos internos. Su Sala Superior acabó por reconocerle ese derecho y las impugnaciones que interpuso ante los órganos de justicia partidista interna, las llevará ahora al tribunal electoral.

¿Cuáles son las impugnaciones con las que podría quedar anulada la elección de Marko Cortés?

El nombramiento de la Comisión Electoral a modo, el uso desmedido a su favor de los spots de radio y T.V. del partido, la promoción de su candidatura en la revista La Nación (órgano oficial del blanquiazul), la realización anticipada de actos de campaña y de recolección de firmas y lo que llama la “desfiguración” del padrón de militantes.

Respecto a esto último, Priego denuncia que el padrón que se le entregó para promover su candidatura no incluía los datos necesarios para contactar en el país a toda la militancia, además de que contó a 150 de ellos con el mismo correo electrónico y a un centenar con el mismo número de celular.

A la impugnación agregará –según dijo– que el Consejo Nacional del PAN incurrió en una legalidad al darle el nombramiento como presidente del partido cuando aún había impugnaciones por resolver.

El caso es que Marko Cortés no vive sus mejores momentos, luego de quedar como un panista sin mística, derrotista, que ya tiró la toalla, luego de declarar que su partido solo tiene la posibilidad de ganar una de las seis gubernaturas que se elegirán el año próximo y que la presidencial de 2024 la ve difícil.

Instantáneas:

1. DECISIÓN HISTÓRICA. Un conflicto de límites territoriales de más de 50 años entre los estados de Oaxaca y Chiapas fue resuelto ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fallo del máximo tribunal del país, respecto a la controversia constitucional 121/2012, estableció los límites que deben regir entre ambas entidades federativas y al hacerlo, devolvió a Oaxaca un estimado de 160 mil hectáreas de selvas y bosques que Chiapas reclamaba para sí y por lo cual creó el municipio de Belisario Domínguez en un espacio geográfico que, tras la resolución de la Corte, no corresponde a Chiapas sino a Oaxaca. Para llegar a dicha conclusión, la SCJN se basó en una prueba pericial en geografía y cartografía, la cual permitió discernir y determinar los puntos limítrofes que rigieron desde 1549 a la Nueva España y a la Capitanía General de Guatemala, y que hoy integran la frontera entre Oaxaca y Chiapas. La Corte ordenó a los Congresos de ambos estados que en un plazo de 30 meses realicen las modificaciones pertinentes de sus Constituciones para reconocer en ellas los puntos limítrofes de la sentencia. Si bien la controversia constitucional de marras fue interpuesta en 2012 por el gobierno de Oaxaca, su actual gobernador Alejandro Murat la asumió como uno de los asuntos prioritarios de su gestión. Un triunfo histórico para Oaxaca y su mandatario.

2. AVIONES PRIVADOS. En medio de la polémica que se ha desatado por el uso de aviones privados por parte de funcionarios públicos, vale recuperar lo que nos hacen saber fuentes normalmente bien informadas. Resulta que hace algunos días se vio a un grupo de senadores de Morena abordando un avión privado con la matrícula XA-IZA para trasladarse a Culiacán y asistir a la toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Entre otros estaba el aspirante a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Según la bitácora de vuelo, ese día voló de Pachuca a Acapulco y de ahí a Sinaloa. Dicen los que saben que Menchaca tiene como operador financiero al empresario priista Miguel Ángel Tello Ludlow, quien se ocupa de contratar ese tipo de servicios para el morenista.

3. Y LO QUE VIENE. Llama la atención un anuncio espectacular ubicado en la carretera México-Toluca 5192, a la altura de Cuajimalpa. Promociona la portada de la revista Mundo Ejecutivo con la fotografía de Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados del PAN en el Estado de México y aspirante a la gubernatura de esa entidad. Pues resulta que le sobrepusieron un cartel con las mismas imágenes y diseño, pero diferentes textos. En él acusan a Vargas del Villar de “golpeador de mujeres”. Sus autores basan tal señalamiento en una denuncia presentada por el colectivo “Brujas del Mar” en la que lo acusan de haber golpeado en 2003 a una mujer de su familia.

4. ACLARACIÓN. Tanto el subsecretario de Relaciones para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga, como el director para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, me hacen saber que no estuvieron presentes en la boda de Santiago Nieto como equivocadamente señalé en la entrega pasada. Mi fuente me mal informó. Ofrezco una disculpa.

5. LEY RIDER. Legisladores insisten en reproducir aquí una “Ley Rider” mexicana sin tomar en cuenta la experiencia española y las afectaciones que allá ha causado, sobre todo a los repartidores de mercancías por aplicación. La “Ley Rider” española obligó a dichos trabajadores a contratarse con una sola empresa, lo que derivó en pérdida de empleos y hasta en quiebra de firmas. Entre los que insisten están legisladores de Morena y el PT como los senadores Gilberto Herrera Ruiz, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León, Cora Cecilia Pineda, Nancy de la Sierra, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero. De acuerdo con su argumento, los repartidores por plataforma no son trabajadores independientes, sino empleados de una empresa, por lo que no pueden contratarse con varias a la vez. Anularles esa posibilidad reduciría sus ingresos, de ahí que, desde instituciones como la secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, y el IMSS, de Zoé Robledo, estén defendiendo un esquema de contratación flexible.