Si en política lo que parece es –como dicen los que aseguran saber todo sobre estas artes–, la eventual reforma a la Corte que plantea AMLO oculta el objetivo último de tomar su control, lo que sería ominoso porque rompería el equilibrio de Poderes que ordena la Constitución y anularía al único contrapeso que queda frente a un fortalecido Ejecutivo y un Legislativo en que el partido en el gobierno tiene mayoría.

Es tan simple como inobjetable el argumento de quienes piensan así. Agregar, como se propone, cinco nuevos ministros para integrar una sala especializada en corrupción, rompe el equilibrio interno del Poder Judicial. El pleno de la Corte lo conforman actualmente once ministros electos escalonadamente para períodos de 15 años. Queda el que propuso Vicente Fox, cinco de Felipe Calderón, tres de Enrique Peña Nieto y dos de AMLO. Solamente un ministro más concluye su período en este gobierno y será sustituido con alguno de los tres aspirantes que proponga el actual presidente. De manera que, si sumamos a estos tres últimos los cinco nuevos que se integrarían al pleno, estamos hablando de ocho ministros (de un total de dieciséis) que habrían sido propuestos por López Obrador. Solo le faltaría uno para tener mayoría.

Pero la propuesta de reformar al Poder Judicial incluye también la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), instancia creada por la reforma judicial zedillista de 1994 para nombrar, capacitar, administrar y sancionar a magistrados y jueces federales, a fin de garantizar su autonomía. El CJF ha crecido exponencialmente en sus 25 años de vida, acaso por la creciente litigiosidad del país, no porque necesariamente sea mas conflictivo sino porque la gente recurre más a los juzgadores para dirimir sus diferencias.

En medio de ese enorme crecimiento se ha conocido el desorden administrativo en el que la Judicatura incurrió sobre todo en la administración pasada. EL UNIVERSAL dio cuenta el pasado 2 de abril que diversas anomalías en la gestión del ministro Luis María Aguilar, a la sazón presidente de la Corte y del CJF, provocaron un daño patrimonial de cinco mil 428.29 millones de pesos.

El informe “Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF” detalla anomalías como el arrendamiento de cinco inmuebles que no se usan, el estado crítico de otros 153 que son de su propiedad, la construcción de oficinas en Zapopan, Jalisco, junto a una central de distribución de gas LP, falta de comprobación de recursos aportados a la Sedena, 35 contratos no considerados en el presupuesto 2019 y 19 órganos jurisdiccionales no instalados, entre muchas otras que comprometen su operación en este año.

Fuentes consultadas por esta columna aseguran que el auditor superior de la Federación, David Colmenares ha iniciado una auditoría sobre este quebranto en el que tendrían responsabilidad el ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, el consejero de la Judicatura, Jorge Antonio Cruz Ruiz, expresidente de su Comisión de Administración y Miguel Francisco González Canudas, exsecretario ejecutivo de Administración.

De manera que la búsqueda de solventar esos desórdenes administrativos bien podría el pretexto de AMLO para justificar la decisión política de tomar el control de la Corte. ¿No habrá una solución intermedia?
 
Instantáneas:
1. JALEO PRIISTA. Sin corrección ni ortodoxia política, el CEN del PRI notificó telefónicamente el lunes por la noche a sus sectores y organizaciones que se posponía la reunión de Consejo Político prevista para este miércoles con el objetivo de discutir y aprobar las reglas para su contienda interna. La actual dirigencia argumentó que posponía para favorecer las negociaciones entre los aspirantes a sucederla y evitar escisiones. Del lado del aspirante José Narro se dijo que se pospuso porque el INE no ha resuelto aun los términos de su participación. Y del lado de otro de los aspirantes, Alejandro Moreno Cárdenas, porque la nomenclatura da largas ya que no quiere soltar al partido que ha controlado por tres décadas. La militancia teme nuevas imposiciones y argumenta tener a favor a sus bases en los 20 estados donde el PRI ha perdido la gubernatura.

2. ¿Y EL INE? El Instituto Nacional Electoral ya planteó a la dirigencia priista que la interna se realice el 8 de septiembre próximo para evitar que se empalme con los seis procesos locales que tiene que organizar y realizar este año. La ruta ya la conoce pues organizó un proceso similar en 2014 con el PRD. Falta, es cierto, el tema de la depuración del padrón y resolver unas diez mil quejas contra el PRI por alteraciones en el mismo.

3. PARTIDO DIGITAL. Un grupo de ciudadanos organizados en el llamado Partido Digital solicitaron al INE autorización para que abriera en su portal oficial la aplicación para la libre afiliación a nuevos partidos. La autoridad electoral lo rechazó el pasado 21 de marzo en abierta contradicción con la promoción de los derechos digitales que hace en el discurso pero que niega en los hechos. El Partido Digital interpuso ante el TEPJF un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

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