Andrés Manuel López Obrador declaró el fin de semana la abolición del neoliberalismo, una política de desarrollo que ha regido los últimos 36 años y que, a su parecer, es antipopular y entreguista –porque “la dictan los mercados y organismos internacionales”–. Lo que sea que el Presidente entienda por neoliberal –o neoporfirista–, lo va a encontrar mañana y el viernes, junto con su gabinete económico-financiero, en la 82 convención bancaria.

A su ánimo sobrecalentado del domingo, el Presidente le echó hielos este martes, cuando se refirió a los bancos en su conferencia matutina. Ahí reiteró el compromiso de no modificar leyes fiscales y mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de estas instituciones. Consideró que se pueden reducir las comisiones bancarias a partir de aumentar la competencia en el sector.

En los últimos días, AMLO se ha reunido con presidentes globales de bancos, como Ana Botín, de Santander, y Michael Corbat, de CitiBanamex, para impulsar su propuesta de reducir la comisión por el cobro de envío de remesas.

Sin embargo, a pesar de lo dicho por el Presidente, en esta próxima edición de la convención bancaria sí se presentará un nuevo acuerdo entre el sector financiero, Hacienda, Banco de México y la Condusef para regular las comisiones, tal cual lo propuso en noviembre pasado el senador Ricardo Monreal, de Morena.

Algunas de las acciones regulatorias a las que tendrán que adherirse los bancos son la creación de un documento de revelación de comisiones –previo a la contratación–, un informe específico anual del cobro de comisiones e intereses, la creación de un catálogo de comisiones por tipo de producto, el reconocimiento en ley de las cuentas para recibir apoyos económicos derivados de programas sociales gubernamentales, la creación de una cuenta intermedia, medidas de promoción de movilidad, medidas para facilitar la cancelación de productos y la creación de plataformas de ofrecimiento y contratación de productos crediticios. Dichas modificaciones implican reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como la Ley de Instituciones de Crédito.

Según lo discutido en las reuniones, dichas medidas tienen el objetivo de incrementar la transparencia de las operaciones y servicios que ofertan los bancos, así como facilitar la movilidad de los clientes entre instituciones financieras e incrementar la competencia.

La regulación, pues, será uno de los principales ejes de control del nuevo gobierno en el sector financiero. Este trabajo le tocará al flamante presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, un ingeniero del Tec de Monterrey, crítico de las concentraciones de los bancos globales, quien se presentará públicamente en una convención bancaria. Palma ha estado muy sigiloso tras haber asumido el cargo, pero tendrá que lidiar (o colaborar) con Hacienda en las investigaciones tipo follow the money que le encomendaron al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

La reunión anual de banqueros también será el escenario para la reaparición del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tras la escaramuza que tuvo con la secretaria de Energía en torno a la nueva refinería de Dos Bocas. Herrera le declaró al Financial Times, luego de una reunión con inversionistas y representantes del Fondo Monetario Internacional en Londres, que no aprobarían los recursos por dicho proyecto, lo que enfureció a Rocío Nahle.

Herrera y el propio Carlos Urzúa, con quien se dice ha tenido más de un desacuerdo, tendrá que cerrar filas con el discurso del Presidente, el cual seguramente versará en torno a la estabilidad y crecimiento económico, la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, la política de no endeudamiento y el compromiso de mantener el superávit primario. Pero los banqueros no quieren escuchar eso. Quieren saber si el nuevo plan de capitalización de Pemex es contundente o si habrá que esperar una nueva rebaja a la calificación crediticia de la empresa y otra perspectiva negativa de los bonos gubernamentales.

Los banqueros querrán saber si habrá, de nueva cuenta, señales encontradas entre los integrantes del gabinete; si alguna vez alguien le podrá decir NO al Presidente; si los proyectos insignia como el nuevo sistema aeroportuario –que incluye la ampliación de Santa Lucía– y el Corredor Transístmico tienen pies y cabeza o posibilidad de ser viables, o como ya anticipó el Imco con el Tren Maya, costarán 10 veces más que lo presupuestado.

La estabilidad económica –que se sigue sosteniendo sobre las bases de la política neoliberal– y las promesas de no volver a golpear el avispero con iniciativas como la de Monreal, están bien, pero no dejan tranquilos a ningún inversionista.

Posdata. En la pasada convención bancaria, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador criticó que “70 por ciento de las obras que se construyeron en el sexenio pasado, no se licitaron” ... tal cual está sucediendo con los proyectos de la llamada Cuarta Transformación.

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