Las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir a su Banco del Bienestar en la institución financiera con mayor cobertura e infraestructura en el país tienen su base más sólida, o quizá su único soporte, en los modelos de subcontratación de personal conocidos en el sector empresarial como outsourcing.
Hablamos de que los esquemas de terciarización laboral que tanto ha denostado el senador Napoleón Gómez Urrutia -y que estuvo a punto de desaparecer desde el Senado el año pasado- se convertirán en la válvula de escape para materializar, por lo menos en cuanto a personal operativo, la idea de concretar una red de hasta 2 mil 700 sucursales bancarias.
El miércoles pasado, la institución que encabeza Rabindranath Salazar realizó la apertura de ofertas para la licitación LA-006HJO001-E1-2020, correspondiente a la “Contratación de los Servicios Técnicos y Administrativos de apoyo bajo el régimen de subcontratación (outsourcing)”.
Se recibieron 14 propuestas de trabajo para la contratación y la administración de una nómina de más de mil 200 trabajadores con una vigencia 12 meses, desde el próximo 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2021, con un presupuesto máximo de 463 millones de pesos.
Entre las empresas participantes están aquellas que cuentan con experiencia en la administración pública; por ejemplo, Corporativo de Promociones Doex, de Cristhiam Cruz; Dinamic Servicios Administrativos, de Enrique Jiménez; Esespa, de Israel Ramírez, y Visión y Estrategia de Negocios, de Ricardo Soto.
Aparecen también firmas como Centro de Negocios Historiadores de María Esther Magaña, Evoque Consulting Group de María Dolores Balderas, Free Administration de Irma Valdez, Greganthi de Armando Vidal, Mejora Continua de México de Antonio González, Quayle de José Manuel de la Cruz, Sacranom de Armando Castillo, Servicios Empresariales Teram de Felipe Ayala, Servicios Integrados Trujillo Romano de José Luis Peñaloza y Servicios RH&AK de Benjamín Galicia.
Se presume que será la firma Visión y Estrategia de Negocios la que este lunes 20 de enero resulte adjudicada con el servicio para el Banco del Bienestar, toda vez que ofertó un porcentaje de comisión por la administración de la nómina de 0.01% sobre los salarios, esto en un rango en el que sus competidores cotizaron porcentajes de comisión de hasta casi 8%.
De la información presentada en las propuestas se desprende también que los salarios para el nuevo personal del otrora Bansefi oscilarán entre 3 mil 696.58 pesos para un Asistente de Proyecto en zona no fronteriza, hasta los 76 mil 180.53 pesos para un Coordinador de Proyecto A.
Llaman la atención también posiciones especificadas como Ensobretador, Pagador y Oficializador, que alcanzan sueldos de 16 mil 743.33 pesos mensuales, o los denominados Enlaces de Campo, quienes en nómina se les destinaría al mes recursos por 32 mil 841.13 pesos.
La subcontratación de personal es un esquema ya recurrente en la operación del nuevo gobierno, pues se tienen registros en las plataformas de transparencia de alrededor de 50 contratos de dependencias públicas con empresas dedicadas a brindar servicios de outsourcing, lo anterior para una dispersión de más de 3 mil millones de pesos en salarios para colaboradores del gobierno federal en 2019.
De ahí que, más que considerar las propuestas del legislador y líder minero Gómez Urrutia, el llamado desde Palacio Nacional haya sido en los últimos días a procurar la contratación del que consideran “outsourcing bueno” y, sobre todo, a evitar todo lo que parezca una evasión fiscal.
CFE: otra de Manuel Bartlett
Si se creía que la CFE, de Manuel Bartlett, no podía tener más escándalos, se equivocó. El fin de semana hubo malestar en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador al enterarse de lo que sucedió en la licitación CFE-0001-CASAT-0023-2019 para arrendar más de 10 mil vehículos.
Se trata del contrato más competido de este sector con un valor de 3 mil 500 millones de pesos. La primera situación extraña se presentó la semana pasada al descalificar a Casanova Vallejo de Carlos Echenique. Lo sacaron de la jugada al señalar que existían errores en los documentos de las partidas que presentó. Lo mismo le sucedió a WP Financiera, de Roberto Martínez.
Sin embargo, nadie del equipo de Manuel Bartlett se percató de que Arrendomóvil, de Juan Antonio Hernández, también se equivocó en los documentos que entregó a la CFE, al señalar en sus propuestas que no presentaba cotización económica en las partidas que ofertó.
Lejos de preocuparse por ese error, hoy Juan Antonio Hernández se prepara para destapar el champagne, ya que la buena suerte seguirá para el también dueño de Autofin, pues se espera que la CFE anuncie que ganó la mayor parte de las 42 partidas de la licitación.
Arrendomovil podría obtener más de 75% del concurso CFE-0001-CASAT-0023-2019 con precios que están por debajo de los demás competidores en la mayoría de las partidas, como si hubieran tenido la oportunidad de conocer todas las propuestas económicas.
Los participantes de la licitación acusan malas prácticas por lo que interpondrán quejas ante la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval. Se presume que la CFE busque beneficiar a un sólo proveedor, es el caso de Arrendomóvil y su dueño Juan Antonio Hernández, uno de los mejores amigos del senador Miguel Osorio Chong.
Telmex-Telnor, separación ‘light’
El viernes le conté aquí cómo las presiones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana apresuraron la aprobación de la separación funcional de Telmex en una sesión extraordinaria del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La modificación, anunciada el viernes, implica que la nueva empresa que Telmex debe crear -la mayorista- dependerá de los servicios laborales que provea Telmex, que será la minorista.
Esta medida considerada ‘light’ por expertos y competidores del sector, responde a las presiones de los telefonistas -y a la intervención de la Secretaría de Gobernación-, quienes amenazaron con hacer estallar huelgas en todo el país. Un total de 12 veces, para ser precisos; la última, para el 23 de enero.
El IFT pretende minimizar el hecho de que la mayor parte de los trabajadores que deberían prestar servicios bajo la figura de la nueva empresa mayorista ya no se migrarán de Telmex, sino que permanecerán como empleado de la telefónica. Es decir, que Telmex estaría prestando un tipo de servicios conocidos como insourcing.
El problema de esto es que al permanecer como empleados de Telmex, seguirán directamente vinculados a los resultados operativos y financieros de la compañía del magnate Carlos Slim.
Este hecho, por sí solo, desarticula la efectividad que podría haber tenido el plan de separación funcional originalmente planteado.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril que la separación funcional de Telmex/Telnor no afectaba los derechos de los trabajadores, pero la presión del sindicato fue tanta que terminó por doblar, como dijimos el viernes, al IFT y a la Segob.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
