A poco más de dos años del inicio oficial de la carrera por 2024, Andrés Manuel López Obrador decidió tomar en sus manos la estrategia para debilitar y, de ser posible, pulverizar a la oposición política que parecía dar señales de vida en los comicios del año pasado, pero que hoy hace agua ante una visible rendición de sus principales figuras.

Los nombramientos que el gobierno de López Obrador oficializó ayer para los exgobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa , respectivamente, son apenas un ejemplo de las cartas que AMLO se va a jugar para allanar el camino a Morena y, de paso, pintar de guinda la mayor parte de estados del país.

Como lo dejó entrever el exsecretario de Turismo del último gobierno priísta, Enrique de la Madrid , las postulaciones de Pavlovich al Consulado de Barcelona y de Aysa al de República Dominicana, se interpretan como premios a los gobernantes de oposición que rindieron sus respectivas plazas, y que permitieron y apoyaron incluso los triunfos de Morena en los respectivos procesos electorales.

Esta misma impresión dejaron las declaraciones que el Presidente emitió en su conferencia matutina, asegurando que “no hay” o muy seguramente no habrá denuncias contra esos exgobernadores, y que además le consta que en los procesos electorales de sus respectivos estados “actuaron con imparcialidad”.

La misma expresión sobre una actuación ‘imparcial’ utiliza el Presidente cuando se refiere a Enrique Peña Nieto , y ahora este último vive tranquilamente entre España y México, con una fortuna que sus excolaboradores, como Emilio Lozoya , alguna vez calcularon en unos 600 millones de dólares, a pesar de los múltiples señalamientos que pesan sobre él por presuntos actos de corrupción.

Será muy difícil que, al igual que en el caso de Peña Nieto, se vuelva a escuchar, por ejemplo, sobre operaciones financieras de Manlio Fabio Beltrones en Andorra, sobre todo cuando su muy cercana Claudia Pavlovich se mostró tan ‘imparcial’ en los comicios que arrojaron como ganador a uno de los secretarios con peor evaluación del gabinete, Alfonso Durazo , exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

También se ve complicado que, a pesar de la resistencia que Alejandro ‘Alito’ Moreno ha mostrado públicamente a que sus correligionarios acepten un cargo en un gobierno de Morena, éste sea objeto de una persecución. La realidad es que la decisión de invitar a Carlos Miguel Aysa no se pudo haber tomado sin antes consultar a un líder tricolor que promueve abiertamente escuchar las propuestas legislativas de Morena.

En este escenario de premios y castigos, López Obrador habría planchado también para este 2022 la victoria en los procesos electorales de Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, con la consecuente recompensa para Alejandro Murat , con un todavía latente nombramiento en la CFE; para Carlos Joaquín González , el virtual próximo secretario de Turismo, y para Omar Fayad , quien con su defensa a la soberanía energética clama por una definición de su futuro puesto.

La prueba de fuego vendrá en 2023, cuando se revele si la larga tradición del Grupo Atlacomulco cederá ante la forma de hacer política de López Obrador, y cuando una emblemática tercera generación de gobernadores “ Alfredo Del Mazo ” decida si está dispuesta a entregar su estado para procurar un premio y evitar el castigo.

El escenario ideal del Presidente es que Morena llegue a la elección de 2024 con 24 gubernaturas, es decir, siete adicionales a las 17 que ya tiene. Si prácticamente tiene en la bolsa Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango en 2022, ya sólo le faltaría quedarse con el Estado de México y Coahuila. O bien complementarse con San Luis Potosí, que gobierna el Verde, pero que se siente como Morena.

Riesgos en colaboración UIF-FGR

El fiscal Alejandro Gertz Manero finalmente lo consiguió, y con la ausencia de su némesis, Santiago Nieto , firmó con la Unidad de Inteligencia Financiera un nuevo convenio de colaboración que sustituye al que prevalecía desde 2013. Por más que suene positivo el trabajo conjunto entre autoridades, el acuerdo –cuyos detalles aún se desconocen– representa un muy grave riesgo, pues la propuesta que la FGR deslizó a la Secretaría de Hacienda era tener acceso pleno y directo a la información financiera de los particulares.

IPN: renovación de contrato

La renovación del contrato para ofrecer el servicio de limpieza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) está próxima a suceder. Son 142 inmuebles del centro de estudios los que están incluidos en la licitación que, según denuncias de los interesados, huele mal.

Una querella enviada al Órgano Interno de Control del IPN acusa a Silvia Atayde Yáñez , jefa del Departamento de Servicios Institucionales, quien prácticamente copió las características de los concursos LA-051GYN005-E105-2019, LA-012000991-E520-2020 y LA-009KDN001-E37-2021. Estos mismos contratos se desarrollaron en el ISSSTE Ciudad de México, la Secretaría de Salud y el AICM, respectivamente.

Otra particularidad del proceso es que en todos se eligió como proveedores a grupos empresariales en los que participa la compañía Aseo Privado Institucional, ligada al empresario José Juan Reyes Domínguez , quien ha sido señalado por operar a través de diversas compañías que simulan competencia, y también por no inscribir a todos sus trabajadores en el IMSS. Entre los denunciados por el supuesto abuso de facultades y falta de imparcialidad está José Hipólito Rosas Molina , director de Servicios Generales.