En medio del accidentado e improvisado arranque del Insabi y del choque que el nuevo esquema de salud provocó entre el gobierno federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su adhesión a dicho instituto, esta semana el presidente López Obrador tiene agendada una comida con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el modelo de salud pública de la 4T.

Aunque dicha comida se daría en el marco de la reunión que tendrá la Conago con el gabinete de seguridad, para evaluar el tema de los índices delictivos en los estados, es muy probable que el tema de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar y las inconformidades, denuncias y dificultades que se han registrado en las primeras dos semanas de funcionamiento se toque en el encuentro entre el presidente y los gobernadores, pues más allá de los estados que se han rebelado abiertamente contra el Insabi, también entre los que ya lo firmaron hay quejas y dudas sobre los mecanismos de entrega de los recursos para los antiguos programas de enfermedades, hospitales y medicinas que cubría el extinto Seguro Popular.

El viernes pasado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador encaró la rebelión de los ocho estados que se niegan a firmar el nuevo convenio de federalización y les dijo que “es voluntario, no obligatorio” y que, aunque la mayoría de las entidades lo está aceptando, a los gobernadores que decidan no adherirse al Insabi, “lo que aplica es que el estado da el servicio y se dan los recursos que por ley les corresponde”.

Hasta ahora, además de cinco gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Diego Sinhué, de Guanajuato; se han sumado a la rebelión contra el Insabi el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente ha dicho que no firmará porque a su estado no le conviene; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, que ha expresado dudas sobre los mecanismos de reparto de recursos y el Congreso local ha pedido revisarlo, caso similar al de Coahuila, donde también el Poder Legislativo local ha pedido mayor información al gobierno federal para saber si se adhieren o no al Insabi.

Por lo pronto, en apoyo total al presidente salió ayer su pupila consentida, Claudia Sheinbaum, quien no sólo respaldó al nuevo instituto de salud y defendió la visión del presidente, sino que cuestionó a los gobernadores que se oponen a él y dijo no comprender sus razones: “Yo no entiendo por qué hay gobernadores que no quieren firmar y que prefieren el Seguro Popular; es una concepción completamente distinta. El seguro popular asumía que la salud era una mercancía y que había que asegurar a la población para pagar por sus servicios”, fustigó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Veremos en qué termina este nuevo diferendo entre el Ejecutivo federal y los Ejecutivos de los estados que se suma a otros choques que ya ha habido entre el centro y las entidades federativas por temas de coordinación fiscal o de la estrategia de seguridad.

Por lo pronto en el encuentro de esta semana podría saberse si el posicionamiento en contra del Insabi de los gobernadores, mayoritariamente panistas, aunque no son los únicos, es sólo un tema político o si, como argumentan también varios exsecretarios de Salud federal, varios de ellos con reconocidas y acreditadas trayectorias en el ámbito de la salud pública a nivel nacional e internacional, las intenciones del nuevo modelo de salud para la población no asegurada nació con muy buenas intenciones —ampliación de coberturas y enfermedades, eliminación de cobros y requisitos y  gratuidad total— pero con deficiencias severas en su diseño financiero que lo convertirán en un problema para las finanzas públicas, además de su apresurado e improvisado arranque que no contó con un manual de procedimientos, con directivos incapaces y desinformados y sin una transición ordenada y necesaria para no causar las afectaciones, molestias e imperdonables retrasos en la atención y en los tratamientos a la población atendida.

NOTAS INDISCRETAS…

A Javier López Casarín le llamamos aquí “El asesor externo del canciller” el 22 de julio de 2019 (http://eluni.mx/ogz4scj1rx) y documentamos cómo este joven y carismático empresario, que se dice “experto en innovación” tenía no sólo un enorme poder e influencia en la cancillería mexicana, sino que viajaba por el mundo con un pasaporte diplomático oficial y hacía gestiones, negociaciones y hasta organizaba eventos, todo a nombre del canciller Marcelo Ebrard y con un poder amplio otorgado por él sin tener un cargo público que lo sustentara. Y este fin de semana la revista Proceso lo llama “Poder fáctico en la cancillería”. Pero en ambos casos la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué alguien que no tiene oficialmente un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores se maneja como el operador personal del titular de esa dependencia y tiene tanta influencia y manejo en la política exterior, sobre todo en la relación con los Estados Unidos? Oficialmente la SRE no ha respondido a esa pregunta ni ha explicado cuál es el papel que desempeña López Casarín y por qué se le expidió un Pasaporte diplomático, según la ley reservado para embajadores, cónsules o funcionarios de ciertos niveles de la secretaría. Extraoficialmente en la misma cancillería se comenta que Javier Joaquín es amigo y asesor personal del secretario, que es su operador en “asuntos financieros particulares” y que su desempeño no interfiere con las labores oficiales de la dependencia responsable de la política exterior, aunque de todos es sabido que el “asesor externo” o “poder fáctico” lo mismo da órdenes al personal de la SRE, que cabildea temas oficiales en Washington u organiza foros y eventos oficiales de la cancillería.
Está bien que Marcelo Ebrard acapare un gran poder en el gabinete, que se desdobla incluso a otras secretarías de Estado, pero que ese poder lo comparta con un amigo o asesor que no tiene cargo ni mandato público, eso ya es otra cosa… Vaya mensaje el que le mandó ayer a la maestra Elba Esther el actual líder del SNTE, Alvaro Cepeda: “No ha pagado sus cuotas desde hace años ni el los últimos 10 meses y no es miembro activo, por lo tanto no se tienen condiciones para participar en este momento”. Al profesor le preguntaron sobre el interés manifiesto de Gordillo por contender en una elección por la dirigencia del sindicato magisterial y, sin darle vuelta, Cepeda dijo que quien no paga sus cuotas no puede participar en ningún proceso, pero además negó que haya intención o condiciones para adelantar una elección interna en el SNTE en estos momentos. O sea que, desde la dirigencia magisterial le gritaron, a la maestra con cariño: “¡Ya siéntese señora!”…Los dados abren con Escalera. La semana promete.