La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, aprobó en sesión de este viernes, limitar la asignación de escoltas a cargos específicos de la función pública, con lo que se impide que se otorgue este beneficio a particulares o a la protección de bienes inmuebles.

Esta propuesta reforma la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, y prohíbe el desvío de recursos humanos de seguridad pública para comisiones que luego podría derivar en que los elementos funjan como choferes, mensajeros, asistentes y servidumbre de las personas a quien se supone deben proteger.

Las únicas autoridades que podrían contar con esta asignación son: la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y titular de la Dirección General de la Policía Investigadora del Estado así como a aquellas personas que la autoridad electoral determine conforma a la Ley.

Las y los integrantes de la comisión coincidieron en que los recursos económicos y humanos destinados a la Seguridad Pública, deben estar encaminados a la protección de la ciudadanía en general en tareas de prevención del delito, a fin de mantener la tranquilidad y el orden público, protegiendo a las personas en sus bienes y derechos tan fundamentales como la vida y la integridad de las personas.

maria.medrano@clabsa.com.mx

dllo

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