Una llamada al 911 reportó el incendio de un vehículo en un camino rural de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Policías ministeriales, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y Protección Civil se trasladaron al lugar: una brecha del camino Mexcalzingo-Tlayelpa, una zona caliente del estado puesto que se halla en la región donde dos grupos criminales se disputan la siembra y el trasiego de enervantes.

En el lugar había, en realidad, dos camionetas de redilas incendiadas. Una de ellas, atravesada en el camino, había quedado totalmente calcinada. La otra fue encontrada en el fondo de una barranca de cien metros de profundidad.

Dentro de cada unidad había cinco cadáveres: diez muertos en total. La mitad habían quedado completamente irreconocibles. A cinco de los cuerpos los habían arrojado en la caja de una de las camionetas, precisamente la que fue desbarrancada, de manera que quedaron esparcidos en el trayecto hacia el fondo.

Rescatar aquellos cuerpos llevó un día entero.

Vecinos reportaron que poco antes del hallazgo se habían escuchado disparos, pero la Fiscalía General del Estado informó que los peritos no habían hallado casquillos percutidos en el lugar.

David Sánchez Luna, representante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, CRAC-PF (una organización vinculada al grupo criminal de Los Rojos) informó que en aquellas unidades viajaban diez músicos indígenas, del poblado de Alcozacán.

Los músicos volvían de tocar en una fiesta en Tlayelpa. De acuerdo con Sánchez, sicarios del grupo criminal Los Ardillos debieron interceptarlos cerca de Mexcalcingo. Lo que siguió continúa en la oscuridad.

Hace exactamente dos años, siete artesanos viajaron a Chilapa desde Veracruz para vender sillas de madera. Desaparecieron el 25 de enero de 2018. Fueron hallados cinco días más tarde en un paraje solitario. Estaban dentro de 15 bolsas de plástico negras.

Sus deudos tuvieron que identificar a las víctimas en el Semefo: para que les fuera posible hacerlo, les mostraron las cabezas cercenadas de sus familiares. De ese modo los reconocieron. Una semana antes habían aparecido en la zona dos cuerpos calcinados dentro de bolsas de plástico negro.

El activista José Díaz Navarro me dijo alguna vez que la pugna entre dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos, había convertido Chilapa en “una de las bocas del infierno”. En noviembre de 2017 otras ocho personas fueron encontradas, quemadas y desmembradas, a orillas del río Ajolotero.

Ese año hubo en Chilapa 200 ejecuciones. Casi todos los muertos aparecieron calcinados.

Este tipo de violencia infernal se desató en Chilapa tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el capo que controlaba el corredor México-Acapulco, y atravesó el sexenio entero de Enrique Peña Nieto sin que nada ni nadie lograra detenerla.

A principios de 2000, dos grupos criminales que formaban parte de la cadena los Beltrán Leyva (Los Ardillos y Los Rojos) entraron en pugna por el control de la siembra de amapola. Compraron políticos y autoridades, sobornaron policías y elementos federales de toda clase, financiaron y armaron a las policías comunitarias (Los Ardillos están vinculados con el Grupo de Paz y Justicia) y se infiltraron, además, en todo tipo de organizaciones sociales.

De ese choque viene la estela sangrienta de emboscadas, desapariciones, balaceras y éxodos masivos que se ha prolongado ya durante más de una década.

Chilapa se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del país. Ahí ha llegado a registrarse una de las tasas de violencia más altas de México:136 homicidios por cada cien mil habitantes. Sus pobladores viven sumergidos en el miedo. Presencian la muerte y la sangre día con día.

El asesinato de los músicos de Alcozacán dejó ocho viudas y 23 huérfanos. Ayer, en una noticia que dio la vuelta a México, 19 de esos niños, de entre ocho y catorce años de edad, fueron adheridos “oficialmente” a las filas de la CRAC-PF. Comenzaron a entrenarlos en el uso de armas de fuego para que se enfrenten al grupo de Los Ardillos —y continúen la brutal tradición de sangre que priva en sus pueblos.

Mientras la Guardia Nacional persigue migrantes a fin de complacer al presidente Trump, en Chilapa, como lo hicieron con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los pobladores reclaman a Andrés Manuel López Obrador el olvido en que se encuentran.

“Aquí hay balazos, no abrazos”, dicen.

Pasó el primer año del nuevo gobierno y nada ha cambiado. No para la violencia, y nadie los escucha.