Para nadie es un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo que durante las últimas tres décadas fue un avance para la sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena autonomía presupuestal y facultades propias para volverse contrapeso del gobierno y, en particular del presidencialismo autoritario que nos gobernó por más de 7 décadas, hoy en los tiempos de la 4T son vistas como un “inconveniente” para el estilo de gobernar del presidente que quiere controlarlo todo y que ve con recelo y desconfianza la autonomía de esas instituciones a las que no sólo se ha dedicado a descalificar y cuestionar desde la Presidencia, sino que poco a poco intenta controlar colocando en ellas a personajes cercanos e incondicionales de su proyecto político.
Así, instituciones cuya construcción, consolidación y fortalecimiento nos costaron miles de millones de pesos en impuestos a los mexicanos hoy están bajo asedio y acoso desde el Poder Ejecutivo que busca en algunos casos intervenir y controlar y en otros de plano desaparecer a los organismos autónomos encargados lo mismo de garantizar elecciones libres, limpias y equitativas, como el INE; de manejar los datos, cifras y estadísticas de la información económica y social del país de manera profesional y sin sesgos políticos, como el Inegi; o para defender los derechos humanos de los abusos de la autoridad, como la CNDH; para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como el Inai o incluso para manejar la política monetaria y financiera sin las tentaciones del capricho y la discrecionalidad presidencial, como el Banco de México, entre otras más.
Los escarceos presidenciales contra el INE, por ejemplo, son constantes. Justo hoy que el instituto electoral en México cumple 30 años de existencia, tres décadas transcurridas desde que nació el Instituto Federal Electoral, aún bajo la tutela del gobierno federal, luego el primer IFE ciudadano en 1996 y después transformado en el Instituto Nacional Electoral, López Obrador no se cansa de repetir en su narrativa que la democracia en el país comenzó con su triunfo electoral de 2018, cuando en realidad llevamos ya más de dos décadas de alternancia democrática y elecciones libres organizadas, ejecutadas y vigiladas por los ciudadanos.
Otros organismos autónomos también han sufrido el embate de la 4T. En el Inai, por ejemplo, tienen muy clara la animadversión del presidente no sólo por el instituto y los presupuestos que recibe, que se han recortado en más del 30% en lo que va de este gobierno, sino también por el tema de la transparencia que, a pesar de aparecer en el reciente mensaje de López Obrador, con motivo de sus dos años de gobierno, no es un valor al que este gobierno lo considere prioritario, tanto que sobre la mesa del despacho presidencial hay desde hace tiempo una propuesta para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para reducirlo a una subsecretaría o dirección de Transparencia a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
En el caso del Banco de México, una institución autónoma fundamental que ha sido artífice de la estabilidad económica, monetaria y de la solidez del sistema bancario y financiero del país en las últimas décadas, López Obrador ha sido respetuoso, a pesar de los desencuentros y arranques en los que no ha estado de acuerdo y ha cuestionado públicamente las decisiones de su Junta de Gobierno. Los dos nombramientos de integrantes del banco central que le han correspondido al presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, han demostrado ser dos profesionales serios sin sesgos políticos o ideológicos por lo que su actuación ha sido bien vista y han aportado a la solidez del organismo financiero. El último que propuso el presidente, con el nombramiento de la subgobernadora de Banxico, Galia Borja, aprobado ayer por el Senado, debería ser lo mismo, por tratarse de una funcionaria con una trayectoria importante en la Tesorería de la Federación que comenzó incluso antes de este gobierno.
Caso muy distinto es lo que hizo la 4T y el presidente con la CNDH, en donde la controvertida designación de Rosario Piedra Ibarra ha resultado un grave retroceso para la autonomía y, sobre todo para la eficiencia y la relevancia del organismo autónomo que debe velar por el respeto a los derechos humanos. Con todo y su origen y su trayectoria previa, Rosario no ha logrado quitarse la etiqueta de ser una seguidora fiel y leal de López Obrador, y ha perdido toda la independencia y autonomía que su cargo requería para convertirse en un contrapeso del Poder Ejecutivo y poder ser la responsable de vigilar la actuación del gobierno federal y de sus dependencias en materia de derechos humanos. La CNDH fue cooptada por un proyecto político e ideológico que hoy habla hasta de cambiarle el nombre y que la ha vuelto en los hechos un organismo más del gobierno y no de los ciudadanos.
Por todo, es muy relevante estar atentos a lo que ocurrirá con la propuesta de Graciela Márquez como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Inegi. Es un hecho que Márquez será aprobada por la mayoría de Morena en el Senado y que se integrará al organismo autónomo que es fundamental para el manejo de la información, los datos y las estadísticas oficiales que sirven para la toma de decisiones y para conocer la realidad del país en materia económica, social y poblacional, sin ningún tipo de sesgo o control político del gobierno. Así lo han demostrado los expertos y profesionales que integran el Inegi a través de los años y con gobiernos de distinto signo político, lo mismo del PRI que del PAN.
Ahora López Obrador ha sido claro en que su interés es que su exsecretaria de Economía se integre al Inegi para que el próximo año esté en posibilidades de competir por la presidencia del organismo. “Ya es tiempo de que tengamos a alguien de nosotros en el Inegi”, dijo públicamente el presidente en su conferencia mañanera cuando presentó a la doctora Márquez, quien por cierto es esposa del integrante del Banxico, Gerardo Esquivel. Si Graciela Márquez va a actuar como lo ha hecho su esposo, con independencia, profesionalismo y sin apasionamientos ideológicos en el Inegi, bienvenida una mujer con experiencia y conocimientos académicos suficientes para fortalecer las labores del organismo autónomo, pero si la aún secretaria del gabinete lopezobradorista va con el encargo de ser presidenta del instituto para someterlo y alinearlo a los objetivos de la 4T, entonces el tema resulta más que preocupante, motivo de alerta.
La fotografía que se publicó en los diarios el pasado 1 de diciembre, al terminar el mensaje de López Obrador con motivo de su segundo año de gobierno, donde el mandatario va atravesando el patio central del Palacio Nacional mientras pasa por donde están tres integrantes de su gabinete entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria Márquez agachando la cabeza como muestra de sumisión ante el paso presidencial, no parece un buen augurio, pero confiemos en el profesionalismo y la objetividad de la doctora que pronto llegará al Inegi.
NOTAS INDISCRETAS…
Una encuesta recién publicada por GEA-ISA confirma por qué la alianza opositora entre el PAN, el PRI y el PRD preocupa tanto en Morena y en Palacio Nacional. Según los resultados de este sondeo, Morena lidera las intenciones de voto para los comicios federales del próximo año, en donde se renovará la Cámara de Diputados, con un 30%, muy por encima del resto de los partidos. Sin embargo, cuando se pregunta por quién votarían los encuestados con la alianza PAN-PRI-PRD ya como opción, el panorama cambia y Morena aparece con 24% de intención del voto contra 22% de la coalición opositora. Ese casi empate es lo que tiene a los morenistas y a López Obrador tan preocupados y ocupados diseñando estrategias, campañas negras y discursos para descalificar la unión de los opositores que amenaza la mayoría morenista en San Lázaro… Por cierto, la misma encuesta de GEA-ISA confirma que, aún en medio de la pandemia de Covid y con todo y la crisis económica que golpea fuertemente a los mexicanos, el presidente López Obrador subió en sus niveles de aprobación y llegó a 57%, 12 puntos más del 45% que tenía en septiembre pasado. También bajó su nivel desaprobación que pasó de 47% en septiembre a 39% en esta última encuesta, es decir 8 puntos menos de desaprobación. Sin duda los números son muy buenos para el presidente y confirman que, con todo y pandemia y problemas, la aprobación popular de López Obrador sigue alta, eso sí no tan alta como el 70% ficticio que presumió en su reciente informe de dos años… El empresario tamaulipeco Bernardo Pasquel abre un ciclo en la 4T. El martes, junto con Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Pasquel le presentó al presidente López Obrador el regreso del equipo de béisbol El Águila de Veracruz, proyecto que es acompañado y socio por el beisbolista de Ligas Mayores Adrián González, además de los empresarios veracruzanos Alfredo Chedraui, la familia Fernández Chedraui y la familia Ruiz. “Bernardo Pasquel, este joven trae en la sangre el beisbol, desde sus familiares”, dijo el presidente, quien también recibió a los dueños del nuevo equipo Los Mariachis, de Guadalajara, Rafael Tajada y Carlos Valenzuela. En fin, que en este sexenio el beisbol es prioridad y los empresarios que invierten en el deporte favorito del presidente no sólo son bien vistos sino recibidos en el despacho presidencial… Los dados mandan Capicúa. Se repite el tiro.
