Bartlett y los radicales del gabinete

03/07/2019
11:13
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En el reciente análisis que hiciera Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado, sobre el papel que está jugando el gabinete en estos primeros siete meses de gobierno y que incluyó críticas a la “ausencia” y la “lentitud en el aprendizaje” de varios miembros del equipo presidencial que no caminan al mismo ritmo que López Obrador, al senador le faltó analizar la existencia de dos grandes bloques que hasta ahora se observan en el gabinete lopezobradorista: el de los “radicales” y el de los “moderados”, y cuyas diferencias, tensiones y jaloneos, también son causa de que a veces se observe a un equipo que, lejos de ayudar, le complica al presidente las decisiones y acciones de gobierno y la aplicación  de las políticas públicas.

Un buen ejemplo de la existencia de estos grupos en el gabinete presidencial y del efecto que tienen en los asuntos públicos, ocurre en este momento en el sector energético versus la política económica y la certidumbre a las inversiones. Las áreas energéticas, dominadas por el triunvirato radical de Manuel Bartlett, en la CFE; Rocío Nahle, en la Sener, y Octavio Romero, en Pemex, han entrado en abierto conflicto con las áreas económicas bajo el dominio de los moderados Carlos Uzúa, en Hacienda, y Alfonso Romo, en la Oficina de la Presidencia, y la relación con los empresarios, provocando choques y conflictos que hoy ya se reflejan incluso en amenazas de litigios internacionales por el desconocimiento de contratos e inversiones nacionales y extranjeras en el sector energético.

El más reciente caso, que refleja esa pugna interna en el gabinete presidencial y que amenaza con desatar ya no sólo un conflicto legal internacional sino también una tensión diplomática con un socio estratégico como Canadá, es la decisión del director de la CFE, Manuel Bartlett, de solicitar la revisión de los contratos de varias empresas constructoras de gasoductos a las que se les otorgaron contratos en el sexenio pasado, como Ienova, TC Energy  y Transcanada, de origen canadiense, y las mexicanas Carso Energy, de Carlos Slim, y  Fermaca.

Aunque es claro que Bartlett no actuó sólo ni por la libre y que fue el mismo López Obrador quien desde la campaña e incluso la semana pasada desde su conferencia matutina defendió la decisión de revisar cláusulas de esos contratos que consideró “leoninos”, mediante un arbitraje internacional, la acción tomada por la CFE, que ahora culpa a las cuatro empresas de haber sido ellas las que primero pidieron el arbitraje internacional,  desató un conflicto con el empresariado nacional y extranjero, al considerarse que, igual que ocurrió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con el tema de los gasoductos, se pretendía desconocer contratos firmados  por el gobierno mexicano y, violentar el Estado de derecho y la certidumbre jurídica de las inversiones millonarias, al pedir una revisión en tribunales internacionales de contratos que en su momento fueron aceptados y avalados por el gobierno de México y por las mismas instancias internacionales.

El conflicto que desató la decisión de Bartlett escaló tanto, que ayer “de emergencia”, el presidente López Obrador tuvo que recibir en Palacio Nacional a los líderes  del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios, Carlos Salazar y Antonio del Valle Percochena, que acudieron con la representación del empresariado nacional y extranjero a exigir que el Jefe del Ejecutivo interviniera para instalar una “mesa de conciliación” que evite los altos costos que pagarían no sólo las empresas constructoras de gasoductos, sino el mismo gobierno y el país con un mensaje tan negativo de incertidumbre y falta de seriedad de las autoridades mexicanas ante compromisos y contratos de inversión.

Y aunque López Obrador entró al quite y aceptó instalar la instancia de “conciliación”, está claro que decisiones como las de CFE, al  igual que otras que ha tomado en su momento la Sener de Nahle en temas como la cuestionada construcción de la refinería de  Dos Bocas, o la cancelación de los contratos de asociación privada en el Pemex que dirige Octavio Romero, sí son de la línea más radical del gabinete, el ala dura que insiste en restaurar un modelo energético totalmente estatizado y con empresas tan fuertes como fueron Pemex y la CFE en décadas pasadas. Pero también, por el juego que juega el presidente, que a veces les da cuerda a los radicales y a veces escucha, aunque menos a los moderados, no hay decisión que se tome sin su consentimiento. La pregunta es cuál de los dos AMLO terminará por definir el futuro de temas tan trascendentes como la política energética y la necesaria certidumbre en las inversiones en ese y otros sectores de la economía: ¿el presidente moderado o el presidente radical?

Al final parece cada vez más claro que todo ese juego de radicalismos y posiciones más moderadas en materia económica y energética, son parte de la estrategia de negociación de Andrés Manuel López Obrador, que un día manda a los radicales a anunciar medidas como la revisión de contratos y al otro acepta negociar para lograr doblegar a los ya asustados empresarios. ¿Hasta dónde dará ese modelo sin que termine por dinamitar completamente la confianza y la certidumbre de los empresarios e inversionistas para que se concreten las indispensables inversiones nacionales y extranjeras sin las cuales la economía mexicana, ya de por sí a la baja, simplemente no podrá crecer ni repuntar en los meses y años venideros?

NOTAS INDISCRETAS…Detrás de la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, que tanto debate causó en el Senado, y que ahora la oposición en bloque amenaza con controvertir su constitucionalidad ante la Corte, estuvo la mano indiscutible del presidente López Obrador y la operación política de  la secretaria de  la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La Ley de Austeridad no sólo quedó en los términos precisos que deseaba el presidente, incluidos temas como el veto de 10 años a servidores públicos que no pueden trabajar en la iniciativa privada después de dejar el gobierno o la discrecionalidad del presidente para determinar a dónde se aplicarán los recursos económicos producto del ahorro, entre otros temas, sino que fue prácticamente dictada desde la Función Pública a la bancada de Morena, en el encuentro que la secretaria Irma Eréndira tuvo la mañana del lunes con senadores de su partido para explicarles cómo debía funcionar la “austeridad republicana”. Aunque la oposición se quejó de que fueron excluidos de esa reunión, que sólo fue para los senadores de Morena, la secretaria Sandoval negó ayer, en plática en EL UNIVERSAL, que ella haya acudido a “dar línea” a la bancada oficial: “Claro que no dimos línea a nadie. Yo sólo acudí a explicarles a los senadores cómo funcionaba ya la austeridad republicana, desde el inicio de este gobierno, y los beneficios y ahorros que se han logrado en estos siete meses con la nueva  política de gasto austero, eliminación de gastos superfluos y dispendios”,  dijo Irma Eréndira. Lo cierto es que con esta nueva Ley, la Secretaría de la Función Pública no sólo sale fortalecida y recobra su relevancia en el gabinete, sino que incluso se le elimina la amenaza de desaparecerla, que pesaba en un transitorio desde el sexenio pasado. “Ahora sí, la Función Pública será la encargada de la fiscalización del gobierno y del combate a la corrupción a la impunidad. Ya no hay dudas de que sólo la Secretaría de Hacienda tendrá esa labor, sino que la mayor responsabilidad ahora recae en una renovada y fortalecida SPF”, dijo la secretaria Sandoval, que se veía también muy renovada y fortalecida con esta aprobación…Los dados mandan Serpiente. Caída libre.

 

Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México.

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