Ambos, el primero como presidente, eran integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en el momento en que se realizó la polémica operación.

Y aunque éste no aprobó la compra de las plantas chatarra, su culpabilidad, en tal caso, apuntaría a no objetar el procedimiento seguido en cuyo marco la empresa productiva del Estado debió endeudarse en principio con 475 millones de dólares.

En torno de la ruinosa y absurda adquisición, Pemex ha registrado pérdidas por 14 mil millones de pesos.

La operación se realizó vía PMI Comercio Internacional, una filial de Pemex con sede en Europa que opera de manera independiente. Fue, pues, el Consejo de Administración de ésta, del que formaba parte el director general de la exparaestatal, Emilio Lozoya, quien avaló la adquisición.

La propia firma autorizó una partida de 285 millones de dólares adicionales para rehabilitar las plantas, con la novedad de que el monto resultó 142% mayor a lo previsto.

La operación fue sancionada por el abogado Vicente Corta del despacho White & Case, en el que había participado como socia Teresa Fernández, quien se incorporaría a Pemex como consejera independiente, además de participar en el Comité de Auditoría de la petrolera.

En la agonía del sexenio pasado el propio despacho fue contratado para elaborar los libros blancos de Pemex en materia de adquisiciones, lo que de acuerdo con la ley debe realizarse a nivel interno.
Lo curioso del caso, además, es que a su salida de la petrolera, quien fuera director jurídico, Jorge Kim, fue sumado como socio del despacho.

El avalúo de las cuatro plantas de Agronitrogenados lo realizó el Indaabin, calculando un precio de 300 millones de dólares, que finalmente se pactó en 275.

Sin embargo, al final del día la petrolera se comprometió a asumir deudas por 200 millones adicionales.

La Auditoría Superior de la Federación, meses después, calificaría de ruinosa la operación, al no haberse realizado en condiciones de precio y calidad adecuados.

La producción actual de las plantas, tras la millonada que se inyectó para rehabilitarlas, era hasta el año pasado inferior en 5% a la que tenían hace 18 años, cuando se cerraron al cancelarle Pemex el abasto de materias primas por un cúmulo de facturas atrasadas.
Como lee usted, la operación se ocultó con bombas de humo.
 
Balance general
A sólo unos días de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, elogiara la disciplina fiscal con que se mueve el nuevo gobierno, y horas más tarde de que Petróleos Mexicanos anunciara ganancias de 28 mil 288 millones de pesos durante abril, la calificadora Fitch Ratings degradó la calidad crediticia del país, colocando el nuevo escalón con perspectiva negativa.

A su vez, en acto simultáneo, su colega Moody’s, aunque mantiene la calificación, la colocó también en perspectiva negativa.

Si le sumamos el amago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a nuestras exportaciones, lo que dejaría sin sentido el acuerdo mercantil con ese país y Canadá, tendríamos la tormenta perfecta.

La paradoja del caso es que horas antes Fitch había advertido del grave peligro de cancelar el T-MEC.
 
Juez y parte
Mientras la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados revisa los contratos otorgados en los tres sexenios anteriores en el ramo de limpieza, que en su mayoría beneficiaron a 10 empresas de Marco Antonio Reyes Saldívar, en el marco del nuevo gobierno se le sigue colocando la alfombra.

Abierta una licitación en el tenor por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el aval para la participación lo debe otorgar el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (Conocer)… que fuera impulsado justo por una de las empresas de éste y por la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, también ligada a Reyes Saldívar.

De hecho, éste la controla desde hace una década.

Lo insólito del asunto es que el subsecretario de Transportes de la SCT, Carlos Morán Moguel, está recibiendo presiones del director de la terminal aérea, Miguel Peláez Lara, para otorgarle el contrato al personaje.
 
Nada que ver
Lanzado desde el interior de la Concamin un supuesto obús contra su expresidente, Ernesto Rubio del Cueto, hete aquí que éste tenía la pólvora mojada. La cita que tendrá este lunes con el exsecretario de Salud, Jorge Alcocer, nada tiene que ver con un documento que detalla las graves carencias que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta se relaciona con la participación del abogado en el patronato del Instituto Nacional del Genoma Humano.

Ahora que, el documento al que se alude está avalado por la Academia Nacional de Medicina. Ni oportunismo ni chatarra.
 
CRE dividida
Al margen de no tener ya la unanimidad de los integrantes del Pleno a su favor por posiciones distintas, el problema de Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, es que aún está bajo investigación por supuesto conflicto de interés en que habría incurrido.

El expediente lo desahoga la Secretaría de la Función Pública.
 
Predio de discordia
Ante las protestas de tres mil trabajadores de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México ante la orden de traslado a un edificio ubicado en Arcos de Belén #23, al que consideran inseguro, se está pidiendo un dictamen de la Comisión para la Reconstrucción.

El estado del inmueble ha sido avalado positivamente por diversas instancias tanto públicas como privadas.

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